“Te dan una resolución administrativa que dice que si no tienes recursos puedes dirigirte al Consejo General de la Abogacía. Decirle a una familia eso y nada es lo mismo”. Francisco Cárdenas siente que los Servicios Sociales le han robado a su hija. Lo mismo le ocurre a Monike y Ferdinand. Y a Anabel y Jesús. Son las familias de niños y niñas retirados, por diversos motivos, por los Servicios Sociales y enviados a centros o familias de acogimiento.

Expedientes que atestiguan una realidad trágica nombrada por los propios afectados como el ‘robo de niños’ del siglo XXI. Pero en estas historias no se trata de pérfidas monjas con ánimo de lucro sino de un sistema construido sobre los informes de personal técnico con una fuerte responsabilidad y cadenas de trámites kafkianos que condenan a padres e hijos a una dura realidad.

Se calcula que en el Estado español hay en torno a 40.000 menores en situación de desamparo, de los cuales un 75% tiene más de siete años. Muchos pasan buena parte de su infancia en centros, debido a la tendencia a la institucionalización que caracteriza al sistema de protección del Estado español, hecho vinculado por no pocas voces autorizadas con el lucrativo negocio de los centros de menores. Otra parte pasa a familias de acogimiento y, en un menor porcentaje, son adoptados. Aunque hay más niños que padres y los centros de menores están llenos, las listas de espera de adopciones nacionales oscilan entre cinco y nueve años.

El sistema de protección en general, “y la adopción en particular”, fueron analizados en 2009 y 2010 por una comisión especial del Senado, que, tras contar con expertos del ámbito, incluidas organizaciones como Prodein o Amnistía Internacional, emitió 31 recomendaciones que sugerían modificar el sistema de protección para mejorar y garantizar el bienestar de niños, niñas y familias, y promover la agilidad, eficacia y coordinación de todos los procedimientos.

Señalaban entonces, en noviembre de 2011, “la ausencia de indicadores comunes que permitan evaluar de modo riguroso las diferentes medidas de protección” y “la falta de datos que permitan tener una radiografía del sistema para poder evaluarlo”. Su trabajo debería reflejarse en la futura reforma de la Ley del Menor, que quedó paralizada con el cambio de legislatura, pero que da más poder al personal técnico. Sin embargo, en dicha comisión no tuvieron voz los casos en los que la administración retira, equivocándose, a los menores de sus familias.

Ahora unas 500 familias sumidas en una pesadilla jurídica y administrativa, agrupadas en la asociación Aprodeme, se proponen visibilizar sus casos mediante una demanda que apunta al corazón del sistema de protección del menor.

“Es mi hija”

El calvario de Francisco Cárdenas empezó en 2009, el día que, citado por los servicios sociales catalanes, acudió con la que ya hacía tres años era su hija adoptiva y se tuvo que marchar sin ella.Habían pasado tres años, antes de tener consigo a Gemma –nombre ficticio– entre informes de idoneidad, trámites y esperas, hasta que en 2006 le entregaban a la niña, de seis meses.

Pero Francisco y su entonces esposa, Carolina Lapuente, terminaron definitivamente su relación en 2009. De hecho, Francisco mantenía una relación estable con otra persona, Anabel, que a su vez tenía dos hijas. Un hecho que la Administración consideró, unido a un episodio nervioso protagonizado por Carolina Lapuente, un “indicador de riesgo”, según rezaba la notificación del Instituto Catalán de acogida, que sólo podría ser recurrida por vía judicial. La aseveración resultaría imposible de impugnar.

El poder de las decisiones de los técnicos es una de las cuestiones que denuncia Aprodeme El poder de las decisiones de los técnicos es una de las cuestiones que denuncia Aprodeme, que solicita que las declaraciones de desamparo sean devueltas al ámbito judicial, donde ya estaban antes de la aprobación de la Ley de Protección del Menor de 1989. Proponen, dada la proliferación de casos, la creación de juzgados especiales como ya ocurre con la violencia de género. “Pobre de ti como en alguna entrevista les cuentes a los técnicos algo que suene inconveniente”, refiere Cárdenas, “porque eso empieza a correr de informe en informe y se va reproduciendo”.

“Debe ser el juez, en base a un procedimiento contradictorio, el que decida retirar al menor de su familia, aunque sea de forma provisional”, mantiene. Aunque la niña ya llevaba tres años con sus padres adoptivos, todavía no constaba en el registro como hija suya, algo que Cárdenas no consideró relevante hasta que fue demasiado tarde. La diligencia y celeridad en los trámites es otra de las peticiones de la asociación.

Desde aquel aciago día, Cárdenas ha estado a total disposición de los Servicios Sociales a fin de que investigaran su entorno, trabajo, familia, colegio, amigos y todo lo que estimasen oportuno. Comparecencias, búsqueda de representante legal, visitas al Sindic de Greuges [defensor del pueblo catalán] –que reseñó su caso en el informe anual 2010–, a grupos políticos... Todo fue en vano.

En junio de 2009 llegó el juicio, en el que no consiguió recuperar a su hija. Hoy el caso está en el Constitucional porque Cárdenas cree que no se ha respetado su derecho a una defensa. Él mismo ha relatado su periplo en el libro Es mi hija, que espera que Gemma pueda leer algún día.

Este caso parece ser, a juzgar por el dossier manejado por Aprodeme, uno de tantos. En la recogida de datos para presentar la demanda aparecen muchos más, y en no pocos casos se trata de familias que pierden a sus hijos por ser pobres, como el de Anabel Molina y Jesús Chacón, que al quedarse sin trabajo ni prestación perdieron a sus hijos, declarados en desamparo.

Cuando la Administración retira los niños, en la mayoría de los casos pasan a centros de menores cuyo coste, con una media de 3.800 euros por mes, sufraga la propia Administración. Muchas familias se preguntan por qué esos fondos no se destinan a aliviar la situación que les ha quitado a sus hijos. En 2011, la Defensora del Pueblo reseñó su preocupación “en cuanto a la prevención de las situaciones de riesgo y desamparo de los menores”, recomendación que cobra actualidad en un momento en el que 2.267.000 niños viven por debajo del umbral de la pobreza.