DERECHOS / LA IGLESIA LOGRA LA DEROGACIÓN DE UNA LEY DE MÁS DE 100 AÑOS
Nicaragua ilegaliza el aborto

El pasado 26 de octubre la Asamblea Nacional
nicaragüense declaraba ilegal el aborto terapéutico
en una decisión claramente marcada por las cercanas
elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

09/11/06 · 0:19
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POPULISMO. El peso político de la Iglesia católica en América Central acaba de
quedar claro con su intervención en el debate electoral y legal nicaragüense./ Heike Gleser

Ni las organizaciones de mujeres,
ni las médicas, ni las de derechos
humanos fueron escuchadas por
una cámara que, según muchos
analistas, ha sido víctima de una
Iglesia que utilizó el contexto electoral
para derogar una ley que llevaba
en vigor más de 100 años.

Todo comenzó el 10 de agosto
cuando Edmundo Jarquín, candidato
a la presidencia por la Alianza
Movimiento de Renovación Sandinista
(MRS) tras la muerte de Herty
Lewites el 16 de julio, declaraba ante
una pregunta de la prensa durante
la celebración de las fiestas de
Santo Domingo de Guzmán que estaba
a favor del aborto terapéutico.
El día de antes, la Conferencia Episcopal
había anunciado una marcha
en contra del aborto terapéutico:
“Solamente las personas que no
amen la vida deben sentirse excluidas”,
explicaba monseñor Miguel
Mántica, vicario episcopal de Pastoral.
Tras las declaraciones de Jarquín,
el secretario de la Conferencia
Episcopal de Nicaragua y obispo
de Juigalpa, monseñor Sócrates
René Sándigo Jirón, llamaba a Jarquín
“abortista” y “asesino partidario
de la cultura de la muerte”. A pesar
de que las cúpulas del MRS trataron
de pasar página, sabedoras
de que era un tema que podía restarle
muchos votos, los intereses
electoralistas lo convertirían en un
tema central durante toda la campaña.
La propia Asamblea Nacional
decidió en un principio dejar para
después de las elecciones la reforma
del Código Penal, pero la batalla
electoral y mediática precipitó
un debate que llevaría a una decisión
que supone “un retroceso a la
edad medieval de los derechos femeninos”,
según Juana Jiménez,
del Movimiento Autónomo de
Mujeres (MAM) y coordinadora de
la campaña por la despenalización
del aborto terapéutico.

La estrategia electoral del Frente
Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) basada en la “reconciliación
y la unidad nacional” le ha
llevado a acercarse no sólo a miembros
de la Contra sino también a la
Iglesia Católica y a su histórico enemigo,
el cardenal Obando. Estas
nuevas relaciones llevaron a declarar
a Rosario Murillo, jefa de campaña
y esposa de Daniel Ortega,
candidato a la presidencia por el
FSLN: “Nos unimos al clamor de la
Iglesia, recogemos el clamor de las
mayorías nicaragüenses que están
contra el aborto. ¡No al aborto, sí a
la vida!”. Declaraciones que causaron
cierta sorpresa a buena parte
de los diputados y diputadas del
FSLN. La inicial cautela por parte
de la Alianza Liberal Nicaragüense
(ALN) y el Partido Liberal Constitucionalista
(PLC) cambió rápidamente
cuando se comenzó a percibir
el caudal de votantes que había
en juego. Eduardo Montealegre,
candidato por la ALN y el más adinerado
de los presidenciales, ponía
su propia experiencia como ejemplo.
Su hija y su esposa pudieron
superar los problemas que surgieron
durante el embarazo gracias
a la atención médica. Sus diversos
viajes a clínicas privadas de
los EE UU hicieron que actualmente
ella pueda disfrutar de una
vida sana y plena. En Nicaragua,
de sus 5,4 millones de habitantes,
más del 75% vive en la pobreza.

El 6 de octubre se celebraba en
Managua una manifestación “en
favor de la vida” sobre la que días
antes declaraba la Conferencia
Episcopal Nicaragüense (CEN)
que no debía ser “politizada” frente
a las intenciones de partidos como
el FSLN de desfilar con su propia
carroza. Más de 290.000 firmas
eran entregadas en la Asamblea
Nacional que recibía a miembros
de la CEN y de las iglesias evangélicas
al finalizar la manifestación.

Diferente suerte corrían las organizaciones
como el MAM o la
Red de Mujeres contra la Violencia,
a los que, a pesar de participar
en una vigilia a las puertas
de la Asamblea Nacional el día antes
de la votación que daría carta
verde a la penalización del aborto
terapéutico, no se les permitía siquiera
ingresar al edificio.

Georgina Muñoz, enlace de la
Coordinadora Civil, institución que
engloba a más de 300 organizaciones,
declaraba: “Hay casos donde
se tienen que salvar vidas y ahí tiene
que prevalecer el criterio científico
de los médicos. Además, con
esto se está violentando el derecho
humano universal a decidir, así como
las resoluciones de las cumbres
internacionales sobre la no discriminación
contra la mujer”. Por su
parte, la activista Juana Jiménez
afirmaba: “Cambiaron 200.000 posibles
votos [en referencia a las firmas
presentadas en la Asamblea]
por la vida de más de tres millones
de mujeres nicaragüenses”. El Código
Penal permitía la interrupción
asistida del embarazo cuando la
madre corría riesgos de salud, o sufría
daños psicológicos por haber
quedado embarazada al ser violada,
certificados por al menos tres
médicos. De acuerdo con el MAM,
cada año se practican entre 800 y
mil abortos terapéuticos.

Finalmente, 52 de los 91 diputados
(nueve se abstuvieron, el resto
no acudió a la sesión) votaban a favor
de la derogación del artículo
165 del Código Penal de 1883, y
aprobaban penas de entre cuatro y
ocho años de prisión para quienes
realicen abortos terapéuticos, bastante
menores de las de 20 y 30 que
había solicitado el actual presidente,
el conservador Enrique Bolaños.

El «caso de
Rosita»

Los ataques de la derecha y la Iglesia
contra una legislación centenaria
se acrecentaron con el caso de
Rosita, una niña nicaragüense de
nueve años cuya familia emigró a
principios de los años '90 a Costa
Rica. Tras ser violada en una finca
cafetalera cercana a la ciudad costarricense
de Turrialba, a finales de
2003, quedó embarazada. En
Nicaragua, diferentes organizaciones
y la alta jerarquía católica se
manifestaron en contra de que la
niña abortara, mientras la Red de
Mujeres contra la Violencia y otras
organizaciones cobijaron a Rosita y
a sus padres para que pudiera
abortar, como finalmente ocurrió,
de acuerdo con la legislación.

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