limitación de derechos fundamentales a través de la llamada ‘burorepresión’
Multas más efectivas que porrazos

El autor analiza la estrategia de represión suave de las fuerzas de seguridad del Estado y Delegación de Gobierno para tratar de reprimir las protestas ciudadanas.

, Coautor de ‘Burorrepresión. Sanción administrativa y control social’
19/07/13 · 7:08
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En los últimos meses, las fuerzas del orden han desplegado en momentos concretos una represión tan violenta como ostentosa con el propósito de atemorizar a los movimientos sociales. Sin embargo, la brutalidad policial ha puesto en entredicho al Gobierno en más de una ocasión. Así, para alejar los excesos oficiales del escrutinio público, Interior suele combinar –en un modelo mixto de contención de la protesta– el uso de las porras con otras estrategias coercitivas más sutiles y silenciosas.

Por ejemplo, las autoridades se escudan en ordenanzas municipales sobre medio ambiente, limpieza, ruidos y seguridad vial para perseguir y despolitizar la reconquista desobediente de las plazas. Esta “municipalización del orden público” procura, por un lado, equiparar las actividades de las asambleas con comportamientos molestos, ruidosos, sucios y contaminantes y, por otro, disciplinar y privatizar el uso del espacio con el fin de menoscabar las prácticas populares de apoyo mutuo.

Los agentes policiales también utilizan la Ley de Seguridad Ciudadana para realizar identificaciones masivas que vulneran los derechos fundamentales. De este modo, sus superiores pretenden forzar a los movimientos a negociar su presencia en la calle. Eso sí, bajo los términos definidos por la policía. Ésta usa identificaciones arbitrarias para domesticar la protesta desobediente y sustituirla por repertorios institucionalizados con una orientación ideológica menos peligrosa para el statu quo.

Tras la identificación llega la sanción económica que individualiza y esconde la represión en el silencioso terreno de lo privado. Además de su afán recaudatorio, las multas intentan restar recursos a los movimientos y desvíar energías de sus objetivos. En fin, parece que el Gobierno ha comprendido que, en la precarizada coyuntura actual, una multa disuade más que un porrazo.

Sin embargo, los actores colectivos no sufren pacientemente la coerción administrativa del Estado. Tratan de resistir, adaptarse y contraatacar esta “represión suave” mediante campañas como la organizada por la Plataforma por la Desobediencia Civil bajo el lema “Di No a las identificaciones”, con la que se pretende dar una “respuesta colectiva” a la lógica individualizadora de la burorrepresión. Por su parte, diversas asambleas de barrio han organizado cajas de resistencia que no sólo sufragan multas sino que también, como ocurre en Lavapiés, se usan para apoyar proyectos transformadores (cooperativas, huertos urbanos, comedores sociales, etc.) que construyen el tejido social del cambio político.
La Universidad Popular de Carabanchel ha realizado talleres y guías para desobedecer y plantar cara a las multas. Tras la suspensión del festival autogestionado Festi-K, se ha constituido en este barrio una asamblea de colectivos afectados por la represión burocrática ejercida por organismos como la Oficina de Actos en la Vía Pública, creada tras los sucesos del Madrid Arena. El aumento de la seguridad para evitar tragedias de ese tipo es utilizada por las autoridades como pretexto para acosar a los centros sociales autogestionados.

Otras reglamentaciones aparentemente apolíticas sobre prevención de incendios, manipulación de alimentos o consumo de bebidas alcohólicas también son esgrimidas por la oficialidad para obstaculizar experiencias de contrapoder urbano, como es el caso del Solar liberado de Lavapiés. Reciente­mente, la Asamblea Popular de este barrio ha iniciado una campaña de defensa de dicho espacio, en la que se incluyen reclamaciones contra el Plan de Seguridad, las redadas racistas y las multas a activistas.

La Asamblea de Arganzuela recurrió al micromecenazgo para pagar las multas de varios de sus miembros. La buena acogida de tal iniciativa dio lugar a una plataforma online con tres objetivos básicos. Uno, que nadie quedase “desamparado y atomizado” a causa de las sanciones económicas. Dos, denunciar públicamente esta “represión suave”. Tres, lanzar una ofensiva jurídica para sentar jurisprudencia en determinados casos. En este punto contaron con la ayuda de Legal Sol, que ha jugado un papel muy importante en la articulación de la burorresistencia legal.

En esta línea ya se han conseguido algunas victorias, como la reciente condena a la Delegación de Gobierno de Madrid por vulnerar derechos básicos al realizar identificaciones indiscriminadas durante una concentración. Como apunta Manuel Maroto en Burorrepresión. Sanción administrativa y control social, estos casos contribuyen a expandir el horizonte de los derechos fundamentales, asentando jurídicamente lo logrado por la presión desobediente en la calle. Bienvenidos sean.

Imputado por identificar antes del 25S

Tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid han reabierto el proceso contra un agente de la Policía Nacional que ordenó el 16 de septiembre la disolución de una asamblea preparatoria de la convocatoria Rodea el Congreso. El tribunal madrileño reabre el caso y el agente se enfrenta a la posible inhabilitación especial para empleo o cargo público de cuatro a ocho años por vulnerar el derecho a la reunión ya que, según la Audiencia, “no están suficientemente esclarecidos los motivos de las identificaciones realizadas”.

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