ALAMEDA DE HÉRCULES. El 17 de octubre unas mil personas se concentraron contra la represión policial en La Alameda, uno de los barrios más hostigados.

Cuando a principios de septiembre
Virginia recibió una multa del Ayuntamiento
de Sevilla casi no se lo podía
creer. El Consistorio le obligaba a
pagar 100 euros por “charlar en el lugar
reseñado en el silencio de la noche”.
El “lugar reseñado” era la Alameda
de Hércules y la “noche”, la
madrugada del pasado 19 de julio.
“Eran las dos y media de la mañana”,
relata a DIAGONAL la afectada, “estábamos
cuatro personas en mitad
de la plaza, lejos de las viviendas. Entonces
vimos cómo la Policía Local
echaba a la gente, pero nosotras decidimos
quedarnos porque no estábamos
haciendo nada. Nos dijeron
que nos fuésemos, por la ‘ley antibotellón’,
pero nadie estaba bebiendo,
así que les dijimos que no lo entendíamos.
Entonces nos pidieron la documentación”,
indica Virginia. Una
semana más tarde, otros cinco jóvenes
fueron penalizados por “hablar
en voz alta”. En ambos casos los
agentes aplicaron la Ley 7/2006 de
Andalucía, que en su artículo 3a) prohíbe
la “permanencia y concentración
de personas que se encuentren
consumiendo bebidas o realizando
otras actividades que pongan en peligro
la pacífica convivencia ciudadana”.

Estas “otras actividades” van
desde los actos vandálicos hasta
charlar en la calle, destaca el Grupo
17 de Marzo, una asociación andaluza
de juristas para la defensa de los
derechos humanos que, tras realizar
una comparativa de las leyes antibotellón,
concluye que la andaluza es la
más restrictiva de Europa.

La 7/2006 fue aprobada en el
Parlamento andaluz con los votos
de la mayoría del PSOE, y desde entonces,
se ejecuta, con mayor o menor
intensidad, en municipios de toda
la región. “En Sevilla se aplica a
rajatabla”, aunque sólo en algunas
zonas como la Alameda o el casco
histórico, aseguró a este periódico
Luis de los Santos, abogado y miembro
del Grupo 17 de Marzo. Cada
noche, pero especialmente los fines
de semana y durante el verano, patrullas
de la policía municipal vigilan
estos barrios y, a partir de las dos
de la mañana, cuando los establecimientos
hosteleros están obligados
a cerrar, vacían sus plazas y calles
de corrillos de personas. “En vez de
proponer un tipo de ocio alternativo
o medidas educativas, los gobernantes
han optado por la represión pura
y dura para conciliar el derecho al
descanso de los vecinos y el ocio.
Pero los conflictos sociales no se solucionan
con leyes represivas”, sostiene
el letrado, que resalta el hecho
de que en los últimos meses han aumentando
ostensiblemente las quejas
contra la policía local. Para el colectivo
de juristas, la ejecución arbitraria
de la ‘ley antibotellón’ genera
inseguridad jurídica en la ciudadanía
y el riesgo de que se vulneren derechos
básicos como el de reunión.

Por ello, además de solicitar la derogación
del polémico artículo 3a),
anima a los vecinos a denunciar posibles
conductas abusivas de la policía,
tal y como hizo un profesor de
Derecho Penal de la universidad,
que fue detenido por no llevar DNI
el 21 de enero de 2007, en el marco
de una concentración silenciosa
contra esa ley. Los policías nacionales,
tras retorcerle el brazo, lo condujeron
a comisaría, donde fue so-
metido a vejaciones para luego ser
puesto en libertad sin cargos a la
mañana siguiente.

Pero además de la norma antibotellón,
en Sevilla se está aplicando la
llamada Ordenanza Cívica, aprobada
hace unos meses a iniciativa del
PSOE e IU, en el Gobierno municipal.
Esta norma, suavizada en sus
aspectos iniciales más restrictivos
por la gran oposición que generó,
mantiene una medida que también
está generando polémica: la persecución
de los llamados gorrillas
(aparcacoches) que están siendo
hostigados por los agentes municipales.
Ante lo que consideran deterioro
de las libertades, numerosos
ciudadanos se han unido en la
“asamblea por el libre uso del espacio
público” La Calle es de Todxs. La
plataforma, muy activa desde hace
meses, organizó el pasado 17 de octubre
una concentración contra la
represión policial y por el uso responsable
de los espacios públicos en
la Alameda, a la que acudieron un
millar de personas. Además de oponerse
a la ley antibotellón, en estos
momentos lucha contra la proliferación
de cámaras de videovigilancia
en el casco histórico porque
consideran que atenta contra la intimidad
de los viandantes.