El Comité de Naciones Unidas para
la Eliminación de la Discriminación
contra las Mujeres (CEDAW) ha expresado
su “especial preocupación”
por los casos de esterilización no informada
e involuntaria de mujeres
roms en la República checa. El
CEDAW urge al Gobierno checo a
cambiar la legislación sobre consentimiento
informado en la esterilización,
formar continua y obligatoriamente
a los profesionales sociosanitarios
sobre los derechos de los pacientes
y compensar a las afectadas.

En agosto el CEDAW emitió sus
Comentarios de Conclusión respecto
a la conformidad de la República
Checa con el derecho internacional
en materia de prohibición de la discriminación
contra mujeres. Tras reconocer
diversos aspectos de la labor
del Gobierno checo, se mostró
especialmente preocupado por los
contenidos del informe que el
Defensor del Pueblo realizó en diciembre
de 2005 y la inacción del
Ejecutivo al respecto. Además de pedir
medidas de compensación para
las afectadas, que se les brinde reparación
y que se impida futuros casos,
el CEDAW llama al Gobierno
checo a informar sobre esta situación
en su próximo informe periódico,
incluyendo una evaluación detallada
de las medidas adoptadas y de
los resultados.

Uso de engaños y coacciones

El Defensor del Pueblo realizó su
investigación a partir de 80 denuncias
de mujeres romaníes que fueron
esterilizadas sin su consentimiento
en hospitales checos. Según
el Informe 2006 de Amnistía
Internacional, en la mayor parte de
casos no pudieron dar su consentimiento
informado “porque no entendían
el procedimiento, por falta
de tiempo (a veces se realizaba a
los pocos minutos de que ellas hubieran
accedido a ello o cuando el
parto ya había comenzado) o porque
el personal hospitalario les dio
información engañosa acerca de la
naturaleza y consecuencias del
procedimiento de esterilización”.
Algunas de las denuncias presentadas
por el Grupo de Mujeres Damnificadas
por la Esterilización han
prosperado: en noviembre de 2005,
un tribunal del distrito de Ostrava
decidió apoyar la demanda de
Helena Terencikova, esterilizada
en 2001 en un hospital cuando paría
a su segundo hijo por cesárea,
al considerar que el centro logró su
autorización en pleno parto y cuando
no era consciente de sus actos,
lo que vulnera las normas de consentimiento
informado.

El informe del Secretario General
de la ONU sobre la Violencia
contra la Mujer presentado recientemente
incluye las denuncias de
esterilizaciones forzadas y compulsivas
de mujeres y niñas romaníes
en Europa y de mujeres indígenas
en los EE UU y Canadá en el capítulo
de violencia de género tolerada
por el Estado.

En 2003, dos organismos de defensa
de los derechos humanos de
Eslovaquia ya habían denunciado
en un informe esterilizaciones forzadas
y otros ataques a la libertad
reproductiva de las romaníes.