CAMBIOS IRREVERSIBLES. Las mujeres han irrumpido con fuerza en la vida pública.

“El proceso bolivariano ha dignificado
a las venezolanas sin importar
el nivel socioeconómico o la raza. Su
gran riqueza es la invitación a participar”,
sostiene Migdaler Adzuera,
coordinadora de la Red de Usuarias
de Banmujer (Banco de la Mujer). En
1999 el recién creado Instituto de la
Mujer (Inamujer) puso en marcha
los Puntos de Encuentro de la Mujer,
la primera organización popular en
constituirse, junto con los Círculos
Bolivarianos. Hoy son casi 22.000,
conformados por un mínimo de cinco
mujeres y con gran implantación.
Las mujeres constituyen el 51%
de la población venezolana, que suma
casi 27 millones de personas; integran
en un 70% los consejos comunales,
organizaciones de articulación
y participación comunitaria
centrales en el proyecto bolivariano.

Hay una mujer al frente de cuatro
de los cinco poderes del Estado
(electoral, judicial, ciudadano y legislativo).

En las elecciones estatales
y municipales del pasado noviembre
se instituyó por primera vez
la paridad con alternabilidad, obligando
a los partidos a asignar a cada
sexo el 50% de candidaturas a
concejalías y representantes indígenas
al consejo legislativo estatal,
al cabildo del Distrito Metropolitano
y del Alto Apure. Aunque la paridad
no fue obligatoria en listas a
alcaldías y gobernaciones, hubo un
73% de representación femenina.

Perspectiva de género

Hace diez años que Venezuela ensaya
una revolución que integre la
perspectiva de clase y de género. La
Constitución de 1999, redactada con
lenguaje no sexista, incorpora el
mandato de garantizar la igualdad y
de adoptar medidas en favor de los
grupos discriminados y vulnerables.

También reconoce, en su artículo 88,
“el derecho de las amas de casa a la
Seguridad Social”. Actualmente la
Comisión de Familia, Mujer y Juventud
de la Asamblea Nacional (AN), el
parlamento venezolano, prepara una
ley que prevé dar pensiones equivalentes
al salario mínimo (800 bolívares
fuertes/300 euros) y ayudas económicas
temporales a más de
800.000 mujeres dedicadas al trabajo
doméstico y de cuidados. Para ello se
destinaría el 2% del presupuesto nacional.
En 2005, el presidente Hugo
Chávez instó a elaborar presupuestos
con perspectiva de género. Aunque
el presupuesto de 2009 es el primero
en incorporar esta perspectiva.

Según Masaya Llavaneras, colaboradora
del Ministerio del Poder Popular
para la Planificación y el Desarrollo
(MPPD), experta en este ámbito,
el MPPD obliga a todos los ministerios
a tener proyectos de género y ha
puesto en marcha el Sistema Nueva
Etapa sobre eficacia de políticas públicas,
que “desagrega por sexo la información
sobre sus beneficiarios,
así como sobre el personal de la Administración”
que las aplica.

Pero este proceso tiene luces y
sombras. Llavaneras se pregunta si
los fondos que el Estado destina a los
consejos comunales “van [realmente]
a las necesidades de las mujeres”.

El Ministerio de Asuntos de la Mujer,
creado en 2007 para coordinar las
políticas y organismos de igualdad,
no tiene cartera. La Subcomisión de
Asuntos de la Mujer de la AN, que
proyecta una Ley de Igualdad y Equidad
de Género que abarcará un amplio
abanico de derechos (desde económicos,
políticos, sociales y reproductivos,
a la representación digna
en medios de comunicación y para
mujeres privadas de libertad) no tiene
carácter permanente. Demandas
esenciales del feminismo como el derecho
al control del propio cuerpo no
lideran la agenda política: en 2004 el
Movimiento Amplio de Mujeres propuso
a la AN despenalizar el aborto,
que sólo es legal cuando peligra la vida
de la mujer. No prosperó. Tampoco
prosperó su demanda de despenalizar
el adulterio femenino, castigado
hasta con cárcel y más penado
que el masculino (que sólo se sanciona
si es público y notorio). La médica
y feminista Asia Villegas defendió la
despenalización de la interrupción
voluntaria del embarazo ante la
Comisión de Mujer, porque “ello disminuiría
la mortalidad materna, que
ronda las 60 muertes por 100.000 nacidos
vivos y cuya segunda causa es
el aborto séptico [infecciones causadas
por aborto inseguro]”. Tiene claro
que éste es “un tema de justicia
social transversalizado por clase: con
dinero se resuelve. Una pobre de barrio
tiene que recurrir a métodos invasivos
e inseguros”. Por eso critica
“la doble moral del gremio: los médicos
del sector público rechazan los
abortos, pero todo el mundo sabe
que los hacen ellos trabajando en el
privado a media jornada, con tecnología
de última generación. La discriminación
es para las pobres que no
pueden ir a la sanidad privada”.