EN LA AUDIENCIA NACIONAL. Los integrantes de Gestoras Pro-Amnistía acusados por Baltasar Garzón entran a la primera sesión de la vista oral / Olmo Calvo

“Esto es Gestoras, no Gescartera”,
bromea el policía apostado en la
puerta de la sala del edificio de la
Audiencia Nacional en la madrileña
Casa de Campo, cuando le preguntan
si hay espacio para entrar a
la audiencia pública. Son las 9.30
del lunes 21 de abril y faltan pocos
minutos para el inicio del juicio
oral contra 27 miembros de Gestoras
Pro-Amnistía (ahora Askatasuna)
acusados en 2001 de pertenencia
a banda armada por el juez
Baltasar Garzón. Dos integrantes
de la Asociación Dignidad y Justicia,
con camisetas con la bandera
española, se preguntan por qué
una de las abogadas defensoras no
está imputada. Otra se ríe y les contesta:
“Por fea”.

La presidenta del tribunal, Teresa
Palacios, abre la sesión: “Gestoras
y Askatasuna están integradas
en ETA y ejercen la función de
control, enlace, asegurar la disciplina
de la organización, coordinar
las luchas, complementar el frente
armado y editar publicaciones elaboradas
por los miembros de
ETA”. El primero en declarar, Juan
Mari Olano, responsable nacional
de Gestoras, responde en euskera
y se niega a contestar las preguntas
del fiscal, Carlos Bautista, y de
la acusación popular de la AVT.
Sólo responde a su defensa y explica
que trabaja “denunciando la represión,
las torturas a detenidos y
defendiendo los derechos humanos”
de los y las presas y de los deportados
de la izquierda abertzale.
Según Olano, “Gestoras trabaja
por la resolución del conflicto, y la
amnistía tiene una significación especial
para ello, ya que supera sus
consecuencias”. Y aclara que se ha
reunido con organizaciones de toda
índole para “difundir los efectos
de la política penitenciaria”. Por
ello sostiene que la instrucción de
este proceso se inició “por motivos
políticos y con objetivos políticos”,
por lo que no espera “ninguna justicia”.
“Este tribunal me va a condenar
pero no me juzgará. Renuncio
a mi defensa jurídica”. El resto
de acusados hace lo propio.

Otro responsable de Gestoras,
Julen Zelarain, explica la denuncia
de la situación de los presos y
subraya que “en cualquier conflicto
éstos tienen su propia entidad
política, lo que subraya las medidas
de excepción contra ellos. El
ex presidente González afirmó que
‘los presos políticos son cuestión
de Estado”. Sostiene también que
la Audiencia tiene un “protagonismo
especial en la negación de sus
derechos, creando juzgados de vigilancia
central penitenciaria que
han aportado doctrinas como la
Parot para encarcelarlos de por vida”.
Julen Larrinaga, responsable
de Vizcaya, que estuvo preso durante
cuatro años, explica que Gestoras
reivindica “la restitución de
las libertades públicas” y que denuncia
los excesos de los poderes
políticos con “información, interpelación
y movilización”. Por su
parte, Iker Zubia, responsable del
organismo en Álava, recuerda que
se incorporó a Gestoras “cuando
un detenido murió por torturas”. El
delito, dice, “no es denunciar la tortura
sino practicarla”.

Ese mismo día, en un comunicado,
Askatasuna anunciaba que declina
defenderse “en términos de
juicio clásico”, pues considera que
la Audiencia no tiene “ninguna legitimidad
para ello”. “Con este juicio”,
explica Olano a DIAGONAL,
“quieren dejar indefensos a presos,
torturados y huidos de la tortura.
Somos testigos molestos y quieren
silenciarnos y ganar terreno para
la impunidad. Pero el movimiento
pro amnistía es más que nosotros.
Mientras haya represión la denunciará,
apuntando a una salida democrática
del conflicto”.