Movilización en apoyo a una dirigente mapuche

En medio de las investigaciones sobre
los ingresos que el dictador
Pinochet habría obtenido cobrando
comisiones por compras y ventas de
armas que se realizaron en nombre
de las Fuerzas Armadas, un centenar
de personas se concentró el pasado
19 de enero ante la Embajada
de Chile en Madrid por otro asunto.
“Libertad para Juana Calfunao” y
“Por los derechos del pueblo mapuche”,
se podía leer en las pancartas.
La protesta respondía al llamamiento
de la campaña ¿Quién Debe a

01/04/06 · 22:06
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En medio de las investigaciones sobre
los ingresos que el dictador
Pinochet habría obtenido cobrando
comisiones por compras y ventas de
armas que se realizaron en nombre
de las Fuerzas Armadas, un centenar
de personas se concentró el pasado
19 de enero ante la Embajada
de Chile en Madrid por otro asunto.
“Libertad para Juana Calfunao” y
“Por los derechos del pueblo mapuche”,
se podía leer en las pancartas.
La protesta respondía al llamamiento
de la campaña ¿Quién Debe a
Quién?, conformada por más de 50
grupos que denuncian la detención
y el maltrato de Calfunao. La líder
política de una pequeña comunidad
mapuche en el sur de Chile -que participó
recientemente en Madrid en
el Tribunal Internacional de Opinión
para juzgar la Deuda Externa- fue
encarcelada a principios de enero
cuando se negó verbalmente a la expropiación
de un terreno. A los ocho
días de su encarcelamiento, Calfunao
inició una huelga de hambre para
denunciar las violaciones de derechos
humanos cometidas por las autoridades
contra su comunidad.

En varias ocasiones durante los
últimos dos meses, fuerzas especiales
“arremetieron contra los mapuches
usando bombas lacrimógenas
y disparando balas”, subraya Arnaldo
Pérez Guerra en el periódico mapuche
Azkintuwe. “Allanaron las viviendas
sin que existiera una orden
judicial, causaron destrozos y confiscaron
enseres”. Tras la primera
captura de Calfunao en diciembre la
juez de turno señaló que “el procedimiento
de la detención se había realizado
de forma ilegal e irracional” y
ordenó iniciar una investigación por
las heridas que presentaba.

Denuncia internacional

Amnistía Internacional (AI), la FIDH
y la Organización Mundial contra la
Tortura denunciaron el caso. Según
AI, “la detención puede estar vinculada
al uso de su legítimo derecho
de protesta pacífica”.
“Si hubiera caído detenida durante
la dictadura habría sido considerada
preso político, ahora me consideran
una delincuente común”, dijo
Calfunao. En este sentido, Reynaldo
Mariqueo, de la ONG inglesa Enlace
Mapuche Internacional, alertó
de que “con la excepción de un
solo caso, todos los presos políticos
mapuches son considerados
delincuentes comunes”.

Las denuncias han sido negadas
por las autoridades chilenas: “Aquí
las persecuciones se terminaron en
1990”, dijo el ministro del Interior
chileno. Sin embargo, Mariqueo recuerda:
“En la década de los ‘90, con
el objeto de controlar al movimiento
mapuche, el Gobierno chileno comenzó
aplicar primero la Ley de
Seguridad Interior y más tarde la
Ley Antiterrorista, ambas legislaciones
introducidas durante la dictadura
para aplastar al movimiento democrático
y antidictatorial”.

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