El 6 de septiembre murió apuñalado un joven
senegalés en el barrio de las 200 Viviendas de
Roquetas del Mar (Almería). Durante dos noches,
vecinos del barrio se amotinaron exigiendo
justicia y respeto. Según las asociaciones de
inmigrantes, la degradación y el abandono institucional
de la zona son las causas del conflicto.
Denuncian la criminalización mediática.
- PROTESTAS INCENDIARIAS. La muerte de un joven senegalés en las calles de Roquetas de Mar originó el conflicto.
“Ousmane Kote salía de telefonear a su mujer”, relata Spitou Mendy a
DIAGONAL, “cuando vio a un paisano
y amigo suyo discutiendo con
un marroquí y un español”. Según
Spitou, que vivió el estallido de Roquetas,
Ousmane fue a decirle que
no valía la pena discutir porque eso
siempre traía problemas, y se lo llevó
para su casa. Sin embargo, el español
esperó en el portal, y cuando
Ousmane bajó de nuevo a la calle,
le asestó una puñalada. Quienes
acudieron llamaron a una ambulancia.
Cuando ésta llegó, hora y
media más tarde, Ousmane había
fallecido. Y Spitou se indigna: “el
centro de salud de Roquetas está a
unos 300 metros del lugar, el cuartel
de la Guardia Civil a unos 450 y
la policía local a unos 500 metros,
¿y no pudieron llegar a tiempo para
salvarle la vida? La gente no entendía
el por qué y ahí empezaron los
problemas”. Los vecinos subsaharianos
indignados quemaron la casa
del supuesto asesino, (quien, al
cierre de esta edición, estaba en paradero
desconocido), montaron barricadas
y se enfrentaron a pedradas
con la Guardia Civil, hiriendo a
un agente. La calma no volvió hasta
la madrugada.
“Al día siguiente”, sigue relatando
Spitou, militante del Sindicato
de Obreros del Campo (SOC) del
poniente almeriense, “muchos inmigrantes
se concentraron en las
calles del barrio, indignados por los
hechos y por la cobertura mediática
que relacionaba el crimen con
un ajuste de cuentas por drogas.
Ousmane era conocido, era muy
pacífico, religioso, no fumaba ni bebía.
Encima, insultan su memoria”.
Diferentes asociaciones de inmigrantes
(de Senegal, Mauritania,
Gana, Guinea Bisau y Guinea Conakry)
y el SOC-SAT de Almería,
emitieron un comunicado exigiendo
justicia y responsabilidades
a las administraciones, e intentaron
apaciguar los ánimos. No lo lograron:
esa misma noche, el 7 de septiembre
hubo nuevos disturbios.
“Hay gente que pensaba que había
que matar también para demostrar
que aquí hay personas, que no somos
animales, que no se nos puede
tratar así. Que tenían que matar
también a un gitano, porque desde
el primer momento dijeron que era
un gitano. Después se supo que el
autor del crimen es un payo”, afirma
Spitou. Diez personas fueron
detenidas durante los disturbios. El
8 de septiembre, unos 600 vecinos
se concentraron ante el Ayuntamiento
para exigir justicia, mientras
una delegación de las asociaciones
y del sindicato se entrevistaron
con el alcalde, Gabriel Amat,
del PP, para exigir mejoras en el barrio
y la libertad de los arrestados.
La subdelegación de Gobierno liberó
a siete de ellos. Los restantes
quedaron detenidos en relación a
la investigación del caso.
Según el sindicalista, las 200 Viviendas
era un barrio inicialmente
destinado a 200 familias. Ahora son
miles y miles los vecinos. Conviven
más de 100 nacionalidades distintas,
la mayoría subsaharianas y muchísimos
de sus vecinos son indocumentados.
“Son peones agrícolas,
temporeros que los empresarios
quieren solamente por su fuerza
de trabajo y fuera de ahí no
tienen ninguna consideración humana.
Se entiende que lleguemos a
esto, se veía venir: ahí circula droga,
hay delincuencia y la administración
no existe”, remacha Spitou.
La federación Andalucía Acoge, en
un comunicado, solicitaba a los medios
una cobertura que no hablase
de conflicto racista, “ya que sus orígenes
están en las condiciones de
vida del vecindario”. La organización
había avisado a las autoridades
de que una situación así podía
producirse en cualquier momento,
si se mantenían las condiciones indignas
de alojamiento, trabajo y desatención
en los barrios más pobres.
“Se trata de un episodio más
intenso que ha estado precedido de
pequeños conatos de conflicto en
los últimos años, ocasionados por
la situación límite de pobreza de
distintos barrios de la costa”.
“Caña al inmigrante”
“En las 200 Viviendas habitan
mayoritariamente sin papeles:
creo que desde las administraciones
presionarán para
que se vayan. Y luego intentarán
reorganizar la zona, porque
ya no se pueden permitir
que esto exista dentro de un
centro urbano que atrae a
muchos extranjeros como turistas.
Ahora bien, mejorar las
condiciones de trabajo y de
vida de las personas, esto es
otro tema. Con el discurso político
que se destaca ahora
hay que aplicar una política
migratoria dura. Van a aprovechar
este tema para dar caña
a los inmigrantes en la zona,
no para mejorar los salarios”
afirma Spitou. Y reclama “que
la prensa y las administraciones
dejen de criminalizar, de
echar la culpa al inmigrante”.
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