Tras cinco años de vía crucis, el caso 
4F revive para dar la razón a los familiares 
y amigos que, desde el primer momento, 
han defendido la inocencia
de los nueve jóvenes detenidos, 
procesados y condenados a penas 
de prisión como consecuencia 
de las graves heridas sufridas por un
agente de la Guardia Urbana de 
Barcelona en febrero de 2006 tras el 
desalojo de una fiesta nocturna.

Detenidos en las inmediaciones del 
lugar, los jóvenes fueron condenados 
en un juicio donde no concurrieron 
pruebas materiales ni documentales 
que los implicaran. Sólo el testimonio 
de seis agentes de la Guardia 
Urbana, adscritos al grupo especial 
UNOC (antidisturbios), operó como
prueba de cargo. En la vista oral, hasta 
cuatro peritos mostraron las contradicciones 
de una débil versión policial.

A pesar de las lagunas, los jóvenes 
fueron condenados en un proceso 
donde el Ayuntamiento de 
Barcelona ejerció la acusación. 
Dos de aquellos agentes, claves en 
el proceso 4F, han sido ahora condenados 
por un caso de torturas graves infligidas 
al ciudadano de Trinidad y 
Tobago Yuri Jardine. Los hechos se 
remontan al 6 de septiembre de 2006 
en la discoteca Bikini de Barcelona, 
cuando los agentes –fuera de servicio– 
acosaron sexualmente a una 
amiga de Jardine, que les reprochó 
su actitud. Los agentes le agredieron, 
le golpearon y le detuvieron.

Trasladado a la comisaría de Zona 
Franca, fue golpeado nuevamente, 
amenazado con una pistola y sufrió 
quemaduras en la espalda. En una 
sentencia inusualmente severa, la 
Sección Quinta de la Audiencia 
Provincial de Barcelona condena a 
los agentes Bakari Samyang y Víctor
Bayona a dos años y tres meses de 
cárcel y ocho de inhabilitación por 
un delito de torturas graves, así como 
a indemnizar a la víctima con 
15.000 euros. La sentencia, por defectos 
de forma y a pesar de considerar
los hechos probados, no los condena 
por denuncia falsa, falsificación 
documental y simulación de delito.

Se da la circunstancia de que las 
torturas sufridas por dos de los jóvenes condenados por el caso 4F fueron infringidas, siete 
meses antes, por los mismos agentes 
ahora condenados, en la misma comisaría 
y con similar modus operandi. 
Las defensas de Rodrigo Lanza y Alejandro, 
así como los grupos de apoyo, 
estudian ahora cómo puede incidir 
la sentencia en una hipotética revisión 
o reapertura de un caso que
ya ha comportado el encarcelamiento
de tres jóvenes y la muerte de 
Patricia Heras, quien se suicidó en 
abril pasado para no regresar a la 
cárcel de Wad-Ras tras la concesión 
de un permiso.

 

 

Concentración de recuerdo a Patri Heras (la condenada por el caso 4F que se suicidó) y en apoyo al resto de personas encausadas. Madrid, mayo de 2011. Imagen: Fotogracción