ENTREVISTA // PATUCA FERNÁNDEZ, ABOGADA DE "MENORES INFRACTORES"
Menores: Hacia el modelo penitenciario

“La ley renuncia a satisfacer las necesidades de los menores”

01/04/06 · 21:54
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CONCIERTO CONTRA LAS CÁRCELES DE NIÑOS
Organizado por Madres contra la Droga para denunciar
la Ley Penal del Menor, al que acudieron más
de 7.000 personas para ver a 14 grupos de hip-hop. / Madres contra la droga

DIAGONAL : El 20 de enero 2006,
el Consejo de ministros aprobaba el
anteproyecto de reforma de la Ley
Penal del Menor. ¿En qué consiste
el nuevo texto?

PATUCA FERNÁNDEZ.: Fundamentalmente,
la reforma de esta ley
busca el endurecimiento de las medidas
impuestas a los menores,
adornándolas con supuestas medidas
educativas. Se alarga la duración
de la pena, de los períodos de
reformatorio, de internamiento en
régimen cerrado o semiabierto o
abierto, y se amplía el número y tipo
de delitos por los cuales se puede
imponer la pena de reformatorio en
régimen cerrado.

Antes, el internamiento en régimen
cerrado se limitaba exclusivamente
a delitos en los que había mediado
la violencia o intimidación
contra las personas o se había puesto
en peligro la salud o la vida.
Ahora, menores que hayan sido
condenados por un delito en el que
no medie esa violencia -delitos menos
graves, como pueden ser atentados
a la propiedad (robos, hurtos),
los más comunes- pero cuya sentencia
condenatoria recoja que han
actuado perteneciendo a una banda,
podrán ser internados en régimen
cerrado. Y como no está especificado
cuál es el concepto de banda
(no es necesario que ésta esté organizada),
se puede determinar que
es cualquier joven que actúa en conjunto
al cometer un delito.
Los chavales de 14 y 15 años, por
psicología evolutiva, por rol social,
se mueven en lo que denominamos
el grupo de pares. Así el 80% de los
chavales que pasan por un juzgado
de menores pueden pertenecer a
una banda o grupo de amigos.

No se están poniendo en marcha
ni ejecutando mecanismos alternativos
a la criminalización. Vamos
hacia un modelo absolutamente penitenciario,
modelo que ha fracasado
con los adultos pero se aplica a
los menores. Si observamos la progresión,
en los últimos 20 años, sobre
el número de prisiones como sobre
su ocupación y el crecimiento
de la población reclusa, como en los
diseños de las prisiones (prisiones
modulares asépticas frente al antiguo
modelo carcelario de Carabanchel,
más humano), es el mismo camino
que están siguiendo las prisiones
para menores: grandes centros
con 500, 120 chavales, y grandes
módulos de encarcelamiento.
Pero lo más grave de la ley del
menor es que renuncia por completo
a satisfacer las necesidades de los
menores.

D.: ¿Y no habrá cambios en el
Parlamento?

P.F.: En el Parlamento, y en general,
hay un consenso electoral, que
no social, sobre la necesidad de endurecer
la ley. Ciertamente, el Consejo
Fiscal ha pedido que se incluya
a menores de entre 12 y 14 años en
las medidas penales, pero también
en algunos casos se opone al endurecimiento
de las penas. Una parte
importante del Consejo del Poder
Judicial se ha opuesto a la reforma.
Jueces para la Democracia, el Defensor
del Menor en la Comunidad
de Madrid, también, como gran parte
de las organizaciones que trabajamos
con infancia infractora.
Una parte de la sociedad que no
conoce la realidad de la infancia infractora
promueve una ley, y la parte
que sí trabaja, desde el punto de
vista de los operadores jurídicos o
sociales, se opone. Tenemos el reto
de hacer valer esta opinión cualificada,
y luego de tratar de frenar la
bajada la edad penal a los 12 años,
de conseguir que se elimine la posibilidad
de privatizar las cárceles de
menores, y de evitar el endurecimiento
de las penas. Pero creo que
será francamente difícil, nadie quiere
ponerle el cascabel al gato.

D.: ¿Y la sensación social de impunidad?

P.F.: Yo creo que la sensación de
impunidad es una sensación de los
adultos. Lo que hay son pocos casos,
pero que generan gran alarma
social, y ésta es siempre un efecto
ficticio, creado. El mismo Gobierno,
en el anteproyecto, dice que no han
aumentado los delitos cometidos
por los menores de edad, ni los delitos
violentos. Si analizamos las estadísticas
en su conjunto, veremos
que no se ha incrementado el número
de menores detenidos de 2000
a 2005. En cambio, en 2000 había
45 plazas de centros de reforma en
Madrid, y vamos a acabar 2006 con
850 plazas. El 60% de las plazas de
reforma son de régimen cerrado.

D : ¿Qué genera esta necesidad de
reforma tan rápida?

P.F.: Desde el año 2000 en que la
Ley se aprueba (entra en vigor en
2001), hasta 2004 cuando se aprueba
el reglamento que la desarrolla,
ya sufre tres reformas para endurecerla.
Y el reglamento viene, y así
es reconocido por todos los estamentos
jurídicos, a endurecer la
ley. La ley original decía que a los
cinco años de su aprobación debería
realizarse un estudio acerca de
las circunstancias de su aplicación,
y mejorarla. Es a través de esta previsión
de la ley original que el
Gobierno cuelga esta nueva reforma,
pero lo hacen traicionando absolutamente
la ley: no se ha realizado
ningún estudio socio-jurídico
sobre la manera en que se vienen
aplicando las medidas. Es un compromiso
electoral del Gobierno: se
comprometía no a mejorar dicha
ley, sólo endurecerla.

«La renuncia social a solucionar los problemas»
ley?
P.F.: Es la renuncia de la
sociedad a solucionar sus
propios problemas y conflictos,
una parte de la sociedad,
la que tiene peso político -la clases media,
media-alta-, sufre las consecuencias
de una inseguridad
que piensa generada
por otros, por los 'delincuentes'.
Es también el problema
de una sociedad
que ha optado por criminalizar
la infancia pobre y por
la vía penal para abordar
los problemas. Un informe
ha concluido que la justicia
es más dura con los menores
de familia pobre.
Y no hay ningún propósito
de dignificación de la vida
de los chavales, que es lo
necesario, el mejor camino
para promover cualquier
política de seguridad ciudadana
acertada. La seguridad
ciudadana no es la
seguridad de algunos ciudadanos,
sino la de todos,
y hay chavales en los
barrios que ahora mismo
no están seguros, porque
no tienen sus necesidades
básicas cubiertas. Hay
barrios en nuestras ciudades
donde es indigno vivir.
Pero de esto, nadie se responsabiliza.

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