Viviana Adonaylo

Las declaraciones, este verano, de diferentes
responsables de Comunidades Autónomas y del
Gobierno central a favor de acelerar las repatriaciones
de menores extranjeros no acompañados,
han vuelto a encender las alarmas de
las organizaciones de defensa de los derechos
humanos. Acusan a las administraciones de buscar
deshacerse de ellos en vez de protegerlos.

Desde 2002, numerosos organismos
internacionales -ONU, Unicef, Consejo
de Europa, diversas ONG-
además de entidades del Estado
español -Defensor del Pueblo,
asociaciones solidarias, etc.-, vienen
criticando regularmente a las
diferentes administraciones españolas
por no respetar los derechos
de los menores extranjeros no
acompañados bajo su tutela. Las críticas
se centran sobre todo en las llamadas
repatriaciones para la reagrupación
familiar, un eufemismo para
las expulsiones de menores, según
denuncia SOS Racismo. Pese a ello,
cada vez son más las Comunidades -la protección del menor es una competencia
autonómica- que apuestan
por ellas. Recientemente, la
Junta de Andalucía ha anunciado
que 988 menores marroquíes, hasta
ahora acogidos en el Sistema de
Protección Andaluz, serán devueltos
a su país de origen.

El Gobierno central está poniendo
todas las facilidades. El 13 de julio,
Consuelo Rumí, secretaria de Estado
para la Inmigración, anunció “tres
acuerdos de repatriación asistida para
menores no acompañados con
Rumanía, Senegal y Marruecos”.
Días antes, en el marco de la IX reunión
hispano-marroquí sobre inmigración,
en Toledo, ambos gobiernos
se habían comprometido a una mayor
cooperación en materia de menores.
Tal y como el Gobierno español
quería, se avanzaba en la aplicación
del protocolo firmado con el régimen
alauita en diciembre. Esto permitía
a Rumí anunciar que los
expedientes de los menores extranjeros
no acompañados (MENA) en
Andalucía serían estudiados con rapidez
por los consulados marroquíes,
como parte de las instrucciones
dadas por dicho Gobierno para
agilizar los tramites de repatriación.

Sin embargo, según datos oficiales,
en la comunidad andaluza -que
alberga la mayor cantidad de MENA
del Estado, 762 en 2006- la llegada
de menores extranjeros se ha reducido
durante los seis primeros meses
del año en un 12% respecto a 2006.
Los MENA empezaron a ser considerados
como un problema de las
políticas migratorias del Gobierno
en 1999, aunque hasta diciembre de
2003 no se firmaba en Madrid el memorandum
de entendimiento hispano-
marroquí (de ese país proceden
la mayoría de estos menores) para
la repatriación asistida. En 2004 ambos
gobiernos acordaron la repatriación
de 563 menores, pero sólo 81
fueron devueltos a Marruecos. A primeros
de 2005, se produjeron además
expulsiones indiscriminadas en
la frontera de Ceuta y Melilla. Las
denuncias de malos tratos, torturas
e incluso violaciones, sobre todo por
parte de la policía marroquí, llegaron
hasta la ONU. La respuesta de
las administraciones españolas implicadas
fue, según un abogado conocedor
de esta problemática, la
elaboración de una metodología
común -mayor coordinación entre
las administraciones implicadas-,
pero sobre todo la búsqueda de un
interlocutor válido para hacerse
cargo de los menores que no fuese
la policía marroquí.

Como ni las familias ni las instituciones
de menores alauitas podían
hacerse cargo -este tema no responde
a las prioridades de las políticas
públicas de protección de Marruecos-,
las administraciones optaron
por exportar los centros de acogida
españoles. Así, desde 2005 se están
construyendo cuatro centros y cuatro
pisos de acogida financiados en
buena parte con fondos europeos o
con fondos para el desarrollo y la cooperación,
y promovidos por el
Gobierno central, la Comunidad de
Madrid y la Generalitat de Cataluña
(ver recuadro). Canarias planea
abrir su centro y Andalucía está en
negociaciones para abrir otro más.
El 5 de septiembre, el grupo del PP
en la Juntas Generales de Bizkaia
presentó una propuesta para la
puesta en marcha de un centro de
acogida para menores de 14 años en
Marruecos donde devolver a los que
quedaran bajo la responsabilidad de
las instituciones vizcaínas.

Pero la “externalización” de los
centros de acogida no va a resolver
el problema de los MENA. Para Mercedes
Jiménez, que ha estudiado la
situación de estos menores, “la creación
de estos centros será una forma
de confirmar a los menores en su
imaginario de que ‘tienes que emigrar
para existir, para que tengas en
tu propio país derechos que nunca
tuviste antes’ y por lo tanto, una forma
de propiciar la propia migración
de otros menores”. En un informe
de 2006, la UNICEF desaconsejaba
la creación de centros de reagrupamiento
de MENA repatriados, ya
que fomentarían las repatriaciones
sin “garantizar por ello la salvaguarda
de los intereses del menor”.
Esto, si no se duda directamente
de la viabilidad de estos proyectos,
donde la contraparte marroquí, en
la mayor parte de los casos, la
Entraide Nationale, no cuenta con
medios para garantizar un adecuado
funcionamiento de los centros.
Por su parte, el SEFEPH marroquí,
máxima entidad en política de protección,
se desentiende de estos centros.
Además, sigue vigente la ley de noviembre de 2003 sobre la migración
irregular, que castiga con multas
y/o prisión a quien abandone el
territorio marroquí ilegalmente, y
que se aplica a los menores reagrupados.

“La reagrupación provoca la
criminalización de estos menores,
tratados como criminales”, se afirma
desde el colectivo al-Jaima.
Por otro lado, las asociaciones defensoras
de los derechos del menor,
basándose en los testimonios de los
expulsados que vuelven a cruzar la
frontera, insisten en que no se han
resuelto los fallos en los procesos de
expulsión de los MENA que incumplen
flagrantemente la legislación
vigente. Incumplimiento que, a principios
de año, el Consejo General de
Abogacía de España confirmaba al
denunciar la falta de garantías en la
repatriaciones.