EUROPA FORTALEZA // LA UE UNIFICA SUS SISTEMAS
Mediterráneo: vigilancia en un mar amurallado

15 millones de personas. planeta: se estima en 15 millones las personas que lo han
atravesado para dejar sus tierras de origen en busca de mejores
condiciones de vida. Es también un escenario en el que
se visualizan palpablemente las diferencias económicas que
dividen el Norte del Sur. Hoy, esa desigualdad conlleva que
las diferencias entre las rentas medias de unos y otros hayan
alcanzado una proporción de 15 a 1, según datos del Banco
Mundial para 2004, un 50% más que hace 10 años.

06/04/06 · 0:46
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“Durante los próximos quince años,
los países del Magreb deberán afrontar,
como consecuencia de su evolución
demográfica, unos desafíos socioeconómicos
que pueden llegar a
suponer una amenaza grave para su
estabilidad y, por extensión, para la
de sus vecinos europeos”. Ésta es
una de las conclusiones del informe
Vulnerabilidades socioeconómicas
en el Magreb, publicado en marzo
del año pasado por el Real Instituto
Elcano, un prestigioso instituto español
de análisis internacional.
En el norte del Mediterráneo se
concentra la mayor riqueza mientras
en el sur la destrucción de sociedades
tradicionales se acelera y
aumenta la movilidad de sus poblaciones.
El 75% de las inversiones
son realizadas en el norte, y
sólo el 8% en el Magreb.
Ante eso la respuesta europea es
categórica. En la cumbre europea
desarrollada en Bruselas los pasados
15 y 16 de diciembre, se aprobaron
medidas que pretenden “reducir
los flujos clandestinos de movimientos
de personas, la pérdida de vidas
humanas y facilitar el retorno de inmigrantes
irregulares”. En la práctica,
los mandatarios acordaron destinar
un primer paquete de 400 millones
de euros para una mayor vigilancia
con patrullas costeras de las
orillas mediterráneas. Pero, sobre
todo, para ampliar a todas las costas
europeas el sofisticado Sistema de
Vigilancia Exterior (SIVE), ya instalado
en el Estrecho y en la mayor
parte de la costa andaluza y desarrollado
con tecnología española.
También está prevista la creación
de equipos de intervención rápida
para momentos de crisis, y proporcionar
ayudas y asistencia técnica
tanto a los países de origen como a
los de tránsito para la repatriación
de inmigrantes. De la mano va también
otro paquete de casi 400 millones
para “estimular el crecimiento
económico” de los países afectados
en base a la liberalización de sus
mercados. Una tercera partida ha sido
destinada a la integración de los
inmigrantes en los países de la UE.
En esta línea, el pasado enero, los
gobiernos español, italiano y francés
firmaron un acuerdo para ampliar el
modelo de seguridad exterior vigente
en la UE, lo que han venido a llamar
‘Schengen del mar’, con patrullas
de vigilancia conjunta. Ya en
septiembre del año pasado, estos
países comenzaron a realizar vuelos
conjuntos para la repatriación de inmigrantes
irregulares.

Este desarrollo de lo que se ha venido
a definir como la ‘Europa Fortaleza’,
está generando una escala
en las violaciones de derechos humanos
en todo el sur de Europa, situación
denunciada ya por múltiples
organizaciones sociales.
La Europa Fortaleza
En Italia, donde según su titular de
Interior, Guiseppe Pisanu, “el reforzamiento
de la seguridad en la
frontera española tras los sucesos
de la valla ha incrementado la inmigración
irregular en Italia por la
ruta libia”, las denuncias sobre el
uso excesivo de la fuerza, malos
tratos y racismo por parte de funcionarios
se multiplican. Amnistía
Internacional (AI) y ACNUR en
múltiples ocasiones y en diferentes
informes han denunciado las condiciones
de vida y las muertes de
detenidos en los Centros de Estancia
Temporal (CPT) italianos.
En el foro Mare Aperto, en julio
de 2005, 13 gobernadores regionales
expresaron su condena a los CPT.
Recientemente, un reportaje del periodista
Francesco Gatti ha dado a
conocer para el gran público los abusos
y violencias que se ejercen en el
centro de la isla de Lampedusa. Aun
así, tanto Berlusconi como su alternativa
en las elecciones de abril,
Romano Prodi, que encabeza la lista
de centro-izquierda La Unione, coinciden
en que los CPT no pueden ser
desmantelados. Según informes de
una decena de ONG, miles de inmigrantes
siguen llegando en embarcaciones
a las costas del sur, y cientos
de ellos mueren en el intento.
Según estas organizaciones, buques
militares italianos han hecho regresar
a embarcaciones detectadas, negando
así a los posibles solicitantes
de asilo el acceso a los procedimientos
de solicitud. La legislación italiana
considera un delito de “tráfico de
personas” la ayuda a estas embarcaciones.
Así, numerosos pescadores
del sur han sido procesados por ayudar
a inmigrantes a la deriva.
En 2004, Italia aprobó la llamada
Ley Bossi-Fini, cuyo texto recogía la
propuestas de la Liga Norte, partido
que basa su programa en la guerra
contra la inmigración. A través de
esta ley, Italia estableció un sistema
por el cual el permiso de soggiorno
(estancia) es concedido durante dos
años a quien tiene un trabajo. El inmigrante
que lo pierde se convierte
en irregular y debe regresar a su
país. Al solicitante del soggiorno se
le toman las huellas dactilares. No
tener dicho permiso conlleva la expulsión
del país, pudiendo ser retenido
en los CPT durante 60 días. El
inmigrante que entre en Italia tras
haber sido expulsado comete un delito
que puede ser penado hasta con
cuatro años de prisión.

Por otro lado, AI ha hecho público
en un informe el incumplimiento por
parte del Estado griego de las normas
internacionales relativas al proceso
de solicitud de asilo, la detención
de inmigrantes y la protección
contra la discriminación y los malos
tratos. AI también denuncia múltiples
violaciones de derechos humanos como
consecuencia de las condiciones
de reclusión de los inmigrantes irregulares.
Esta ONG recoge otros abusos
como malos tratos por parte de la
policía fuera de los centros de detención,
y denuncia la falta de un acceso
adecuado a la justicia para los inmigrantes
que han sufrido estos abusos.
Según Olga Demetriou, investigadora
de AI, “millares de personas
de Albania, Afganistán, Iraq,
Pakistán y otros países se dirigen a
Grecia para buscar refugio. A algunos
los matan a tiros en la frontera;
a otros los acusan de ‘entrada ilegal’
apenas la cruzan y los detienen sin darles la oportunidad de solicitar
protección como refugiados. Las
condiciones de reclusión en ciertas
zonas del país no se ajustan a las
normas internacionales”.
En el otro extremo del Mediterráneo,
el informe presentado por
el Carim, consorcio euromediterráneo
especializado en inmigración y
financiado por la Comisión Europea,
revela que entre 8.000 y 10.000
personas murieron o desaparecieron
entre 1989 y el 2002 en su intento
de entrar en territorio español
desde Marruecos. Durante el pasado
año, al menos 368 personas han
perdido la vida en las rutas que tienen
como destino las costas andaluzas
o canarias. La Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía
estima que esta cifra podría elevarse
fácilmente a 700 personas, la cifra
de muertes más alta de los últimos
años. Otras organizaciones
como Human Rights Watch o la
Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR) han denunciado
la debilidad y deficiencias en el
sistema de protección de los solicitantes
de asilo, inmigrantes y menores
del Estado español.

Los sucesos de la valla de este verano,
cuando ambas policías de
fronteras dispararon a matar en
Ceuta y Melilla, han mostrado hasta
dónde están dispuestas las autoridades
a llegar en la aplicación de la Ley
de Extranjería. Esto no impide que,
pese al último proceso de regularización,
se estima en más de un millón
los inmigrantes carentes de documentación
legal en el territorio.

EL SIVE
_ El Sistema Integral de Vigilancia
Exterior (SIVE) es un operativo
tecnológico y militar-policial para
el 'blindaje' del litoral.
El Estado español le dedicó en
2003 más de 29 millones de
euros. En 2004 se superó los 32
millones de euros. El monto total
de las inversiones, de 2002 a
2004, fue de 103 millones de
euros, y de 2004 a 2008 están
previstas inversiones de 130 millones
de euros. A todas estas cantidades
hay que sumar los gastos
corrientes de mantenimiento y de
personal correspondiente.
En 2006, el SIVE pretende cubrir
toda la costa andaluza y Canarias
occidental, para lo que utilizará
globos aerostáticos y aviones
no tripulados. La Guardia
Civil proyecta ampliarlo a Murcia,
Comunidad Valenciana y resto
del Mediterráneo español.

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