RESPONSABILIDADES. El Frente Polisario ha solicitado a la ONU que intervenga
para que se juzgue a los responsables de las desapariciones. / Ijana Cabarga

La Instancia Equidad y Reconciliación
(IER), organismo creado
por la Monarquía alauita para tratar
las violaciones de derechos humanos
en su pasado reciente, fue
la encargada de hacer público el
descubrimiento a través de su sitio
web. Los cuerpos fueron encontrados
en lugares próximos a los centros
ilegales de reclusión de Agdez,
Kalat Maguna y Takunit, en el sur
de Marruecos, y pertenecen a personas
que fueron detenidas en los
‘70, ‘80 y principios de los ‘90 por
el Gobierno de Hassán II. De ellos,
43 corresponden a ciudadanos saharauis.
Entre los cadáveres se hallan los
restos de los padres del actual ministro
de Asuntos Exteriores de la
RASD, Mohamed Salem Uld
Salek, que fueron arrestados junto
a dos de sus hijas en el marco de la
feroz represión contra la población
civil que siguió a la ocupación marroquí
de la antigua colonia española
en 1975. Como la familia
Salek, centenares de saharauis que
no pudieron huir a los campamentos
de refugiados argelinos fueron
detenidos, torturados y conducidos
a prisiones secretas, de donde
pocos saldrían con vida.

Pero los desaparecidos en Marruecos
no sólo tienen un origen
saharaui. Hassán II fue implacable
con toda manifestación de crítica
y oposición a su monarquía. Siete
de los cuerpos hallados pertenecen
a víctimas de la represión de
la rebelión armada protagonizada
por el ala radical de la Unión
Nacional de Fuerzas Populares en
marzo de 1973.

Para localizar los osarios e identificar
los cadáveres, la IER realizó
una investigación en la que han resultado
clave los testimonios de las
autoridades locales donde se localizaban
los centros de detención y
de antiguos funcionarios de los
cuerpos de seguridad del Estado.
Los familiares de los desaparecidos
saharauis, por su parte, se han
negado a recuperar los restos hasta
que no se realicen las preceptivas
pruebas de ADN.

El Polisario, que sospecha de la
existencia de otras cinco fosas comunes
en las que podrían estar enterrados
el resto de los más de 500
desaparecidos saharauis, ha solicitado
la intervención de la ONU para
que los responsables de estos
crímenes contra la humanidad sean
juzgados en tribunales internacionales.
Precisamente, el pasado
11 de octubre la IV Comisión de la
Asamblea General de este organismo
aprobó una resolución en la
que además de reiterar que el problema
del Sahara Occidental es un
“asunto de descolonización”, hace
un llamamiento a Marruecos para
que libere a los 150 prisioneros de
guerra saharauis así como a todos
los presos políticos y personas desaparecidas
desde 1975.

A pesar de que se trata de un hecho
sin precedentes en la historia
de Marruecos, las exhumaciones
apenas han tenido eco en los medios
de comunicación. Según fuentes
saharauis, Mohamed VI ha esperado
que toda la atención mediática
estuviese concentrada en otro
asunto, la crisis hispano-marroquí
con los inmigrantes subsaharianos,
para sacarlo a la luz.
Por otra parte, los 37 presos políticos
saharauis que el 29 de septiembre
pusieron fin a una huelga
de hambre de 51 días se recuperan
lentamente de las secuelas físicas
provocadas por el ayuno.
Aunque las cosas no han mejorado
en el interior de los penales y
cuatro de ellos han tenido que ser
intervenidos quirúrgicamente, los
presos han valorado muy positivamente
el alcance de la huelga. En
un comunicado hecho público hace
unas semanas, destacan “el amplio
movimiento de solidaridad”
que se generó con la protesta, “que
ha cubierto todas las comarcas
donde se encuentra el pueblo saharaui
y en el que han tomado parte
organizaciones y organismos internacionales
de peso, partidos políticos,
tribunas parlamentarias,
informadores y hombres de religión”.

Además, recuerdan que seguirán
luchando hasta conseguir
“el cese de toda forma de injusticia
y de abuso a partir de los encarcelamientos
arbitrarios, los juicios
inicuos, las torturas y las deportaciones”.