A los niños que están siendovíctimas de malos tratosen algunos centros detutela, a buen seguro queles tendrá sin cuidado que quien lessomete a violencia lo haga desdeinstancias públicas o privadas.Pero a quienes estamos convencidosde que el cuidado de los niñosnos compete a todos, nos alarmade un modo especial el que laresponsabilidad de esta violenciaseñale precisamente a quienes ennombre del Estado están llamadosa impedirla. Sin ellos no habría sidoposible ir consolidando año trasaño tanta carga de impunidad. ¿Endónde andaba la Fiscalía y la judicaturadel Estado para que tengaque venir la oficina del Defensordel Pueblo a recordarles sus obligaciones?¿Acaso no existe en cadaComunidad Autónoma una entidadadministrativa a quien competeel cuidado de estos niños? Ellaes quien los recibe o incluso se losapropia por la fuerza, quien los distribuyepor centros públicos o privados,quien debiera vigilar la gestiónque le encomienda a esos centrose incluso quien los subvencionaen casi su totalidad con inexplicabledesmesura.

Lo que más me sorprende en esta desdichada historia es lo desagradecidas que pueden llegar a ser las empresas que montan estos centros, sean públicas o privadas, precisamente con los niños que las abastecen: el cuidado de estos niños, en donde podrían estarles maltratando, aporta de media 3.800 euros chico/mes, y si se trata de un centro público, en torno a 9.000 euros. Los ciudadanos quedamos estupefactos al oír esas cifras, ¿qué no podría hacer cualquier familia o cualquier colectivo a pie de calle con sus niños, si mensualmente les tocara esa lotería? El problema está en el diseño político. El que la Administración trate de justificar lo que paga sólo puede ser un gesto más de complicidad e impunidad.

En el Foro Económico Mundial de Davos (1999) se propuso un Pacto Mundial entre los líderes empresariales y las máximas representaciones políticas, “con principios y valores compartidos, para darle cara humana al mercado global”. En nuestro país, en efecto, lo público y lo privado llevan demasiado tiempo compartiendo cosas. La proliferación de negocios-descomunales-sinafán-de-lucro y sin control efectivo es una prueba, la cara demasiado humana del mercado global.
Estos días mucha gente se pregunta quién puede estar detrás de estos negocios embrutecedores, quién patrocina esta industria punitiva contra simples niños, qué mentalidad enfermiza les anima.

Pero a mí me parece que la pregunta imprescindible no es quién puede estar detrás, sino quién debería estar delante y no le dejan. Lo más común a cualquier delito
es su voluntad de pasar desapercibido. Mientras en la actual coyuntura política estos niños no cuenten, por ley, con alguien de su propia gente interesada y comprometida en fiscalizar lo que hacen con sus hijos, los chavales jamás podrán librarse del maltrato que están padeciendo.