MANIFESTACIÓN EN MADRID. El 10 de noviembre miles de personas desfilaron
contra la violación de los derechos humanos en el Sáhara. Entre ellas, la estudiante
Sultana Jaya (en la foto), que perdió un ojo por las torturas de la policía marroquí./Óscar Chaves

Rabab Ameidan tiene un año más
que su hermano y su misma determinación.
Procedente de El Aaiún
ocupado, para poder difundir la situación
de su pueblo estudia inglés
en la Universidad de Marrakech,
donde no le permiten vestir su melfa,
evidenciar su origen. Nos acerca
la realidad que mejor conoce, la del
activismo político y la educación,
que en su tierra aparece como un
derecho vulnerado para los saharauis.
“Si vas a la escuela, nunca sabes
si vas a volver o no. Menores de
15 o 16 años son llevados a la cárcel.
Los niños solían quedarse en
comisaría 48 horas, y ahora pueden
pasar hasta cinco días, sin comida,
durmiendo en el suelo, sin que sus
familias puedan visitarlos”, indica.

En el Sahara Occidental no hay
universidades, así que aquellos saharauis
que desean continuar sus
estudios deben ir a Marruecos. Los
que consiguen una plaza universitaria
deberán enfrentarse diariamente
a discriminaciones y a un férreo
control policial: “Al salir de tu
casa, la policía, de civil, siempre está
detrás de ti. Quieren saber cuándo
harás la manifestación y quiénes
son los coordinadores”, sostiene.
Pese a ello, se organizan muchas
protestas pacíficas dentro de
los campus, especialmente cuando
la violencia aumenta en el Sahara.
“Estamos tratando de cambiar la
falsa convicción que tienen en
nuestra contra, especialmente estudiantes
y profesores. Que comprendan
que no estamos en contra de
Marruecos, sino de su Gobierno.
Tratamos de mostrarles nuestras
maneras pacíficas para conseguir
nuestro derecho a la autodeterminación,
pero siempre llega la policía
a golpearnos brutalmente, hasta
llegar a matarnos, como el caso
del estudiante Hamdi Lembarki, o
el de mi amiga Sultana Jaya, que
perdió su ojo a causa de las torturas,
o el de mi otra amiga Sumenia,
a la que le abrieron la tripa con un
cuchillo”. Rabah sabe muy bien de
lo que habla: “Nosotras fuimos llevadas
a la comisaría de la plaza de
Jemaa El Fna, en Marrakech, una
plaza donde hay mucho turismo,
pero en el subsuelo hay calabozos
donde se tortura”.

Las universitarias saharauis están
muy preocupadas: “¿Cómo podemos
manifestarnos y sobrevivir?
Por esta razón me pidieron que
fuera a Europa en busca de protección
internacional. La policía no
solo quiere arrestarnos y golpearnos,
sino dejarnos incapacitadas, y
nadie ejerce presión sobre Marruecos
para parar esto”, señala. El
9 de noviembre, cuando Rabah se
encontraba en Noruega tras pasar
por Madrid y Lisboa, la policía marroquí
destrozó la casa de su familia
en El Aaiún y detuvo a todos
sus miembros, incluida su hermana
de 14 años.

Trabajo clandestino

Crear asociaciones es ilegal, lo que
dificulta el desarrollo de las organizaciones:
“Nos reunimos clandestinamente
y trabajamos en secreto.
Ahora escribimos informes
sobre lo que ocurre y contactamos
con organizaciones de derechos
humanos internacionales. Pero,
¿cómo establecer una organización?
Es imposible. Ni los marroquíes
pueden denunciar lo que pasa
en Marruecos”, asegura, antes
de dibujar un horizonte estremecedor:
“Creo que nosotros no vamos
a vivir mucho más tiempo, quizás
muramos en la guerra, o en las cárceles
marroquíes, pero tal vez los
niños de ahora podrán vivir en paz
y libertad. La situación es muy mala.
Mucha gente, y yo soy una de
ellas, estamos pensando en el regreso
a la guerra, porque ya no lo
podemos soportar más”.

Querella por genocidio

La Asociación de Familiares
de Presos y Desaparecidos
Saharauis
está de enhorabuena.
A finales de octubre, la
Audiencia Nacional
hizo público un auto
por el que el juez Garzón
se declara competente
para investigar a
13 altos cargos marroquíes
por delitos de
genocidio y torturas
en relación con la desaparición
de cientos
de saharauis. Esta
resolución es la respuesta
a una querella
presentada el 14 de
septiembre de 2006
por la citada asociación
contra 31 militares
marroquíes a los
que acusa, entre otras
cosas, de la desaparición
de 542 saharauis
desde 1971. Entre los
imputados por Garzón
destaca la presencia
de Dris Basri, ex
ministro del Interior ya
fallecido y hombre
fuerte del reinado de
Hassan II, así como la
del general mayor de
Gendarmería, Housni
Benslimane, que fue
premiado en 2005 con
la Gran Cruz de la Orden
de Isabel la Católica
a propuesta del
Ministerio de Asuntos
Exteriores español.