TRAS LA DENUNCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
El lucrativo negocio de los centros de menores

Desde la aprobación de la ley del menor en el año 2000, diversas empresas y entidades
han copado las adjudicaciones de centros de tutela, tratamiento y reforma de menores,
al tiempo que la Administración se ha desentendido de su supervisión.

19/02/09 · 0:00

En abril de 2008, el BOE hacía pública
la adjudicación del contrato
de seguridad de dos centros de acogida
(destinados principalmente a
menores extranjeros no acompañados)
a la empresa Levantina de
Seguridad. Esto supone que más
de 300.000 euros irán a parar a la
empresa de José Luis Roberto, el
conocido líder del partido de ultraderecha
España 2000. Es otro ejemplo
de lo que denuncian las asociaciones
de defensa de los derechos
de los niños, a saber, que empresas
privadas han encontrado en la gestión
de centros de menores (sean
de acogida, de protección o de reforma),
“un gran pastel a repartir”.

Así se expresa José Luis Calvo, de
la Asociación Pro Derechos del
Niño y la Niña (Prodeni), que considera
que el sistema de protección
se ha convertido en una industria,
que “recoge la herencia de orfanatos
y hospicios de antaño, regentados
por la caridad de entidades
religiosas o municipales y diputaciones,
donde cada cual hacía de
su capa un sayo”. Se ha convertido
pues, en un negocio híbrido en el
que se mezclan proclamas de índole
caritativa con la lógica del mercado.

Algo que no era el objetivo
de la Ley Reguladora de la Responsabilidad
Penal de los Menores
(Ley Orgánica 5/2000), según el
testimonio del fiscal Félix Pantoja,
uno de sus redactores: “La idea
inicial no era permitir que se privatizaran
los reformatorios. Incluimos
una disposición para que
algunas asociaciones de barrio colaboraran
en medidas como los trabajos
en beneficio de la comunidad o
la libertad vigilada, pero no imaginamos
que se iba a utilizar para
delegar la ejecución de la privación
de libertad”.

Como indica el informe del Defensor
del Pueblo Centros de menores
con trastornos de conducta y
en situación de dificultad social, en
el momento de elaboración del mismo
“41 entidades privadas gestionaban
55 de los 58 centros [terapéuticos]
existentes”. Otro dato
que prueba la dinámica de privatización
es que, según el mismo informe,
aproximadamente el 80% de
estos centros se han puesto en marcha
en los últimos diez años. El grupo
para Menores de la Asociación
para el Seguimiento y Apoyo a Personas
Presas en Aragón (Asapa) se
lamenta, en un documento reciente,
de que en la atención a menores
“no parece que exista una voluntad
política de tener un sistema de protección
y apoyo a las niñas y niños
dentro de la Comunidad más allá
de los mínimos legales exigidos”.
Así, junto a la omisión por parte de
los Gobiernos autonómicos, responsables
a partir de la Ley 5/2000
de la gestión de la protección de
menores, se produce una “caza” de
las adjudicaciones de centros de
protección y de reforma. Como señala
José Luis Calvo: “Hay entidades
que, en principio defienden la
igualdad y han abierto centros de
menores y reforma. Otras se dedican
a cuidar a personas con discapacidad
o a la cooperación internacional
y ahora gestionan centros de
menores. Las administraciones autonómicas,
por haberse visto desbordadas,
han aceptado cualquier
solicitud sin tener en cuenta requisitos
mínimos imprescindibles, ni
la profesionalidad y especialización
del personal. Todo ello ha derivado
en una mala calidad del servicio
que ha sido detectada por el
Defensor del Pueblo”.

Sin ánimo de lucro

Calvo explica que estas fundaciones
y ONG funcionan a modo de
subcontratas, y denuncia la complicidad
de las administraciones: “Por
poner un ejemplo, la Junta de Andalucía
informó al Defensor del Pueblo
de la existencia de un servicio
de inspección a cada centro una vez
al año, pero se calla, claro, que dicha
inspección suele advertirse con
15 días de antelación con el propósito
de facilitar a la respectiva ONG
o fundación que todo esté en orden.
Y en esas inspecciones no se requiere
diálogo o conversación alguna
con los niños y niñas, es decir, no se
les pregunta”.

Para Asapa, la lógica empresarial
en este campo es equiparable
a la privatización de la educación
o de la sanidad. A la falta de control
por parte de los gobiernos autonómicos
se unen conceptos del
mundo de la empresa “como el de
mercancía, contrata, cliente, productividad,
rentabilidad, etc.”. Según
Calvo, estas asociaciones funcionan
por medio de órganos de
gobierno desproporcionados “con
numerosos cargos directivos (presidente,
vicepresidente, directores
generales,...). Y de ahí salen los
sueldos de sus directivos, sus coches
oficiales, sus comidas, sus encuentros,
etc.”.

Según el informe del Defensor
del Pueblo, como media, las administraciones
abonan 3.810,30 euros
al mes por la atención a los menores.
Uniendo a este montante las
aportaciones de distintas empresas
a través de sus “obras sociales”,
que funcionan como patrocinadoras,
y las donaciones de suelo público
por parte de las comunidades,
estas organizaciones acumulan
pronto un importante patrimonio.
Calvo señala que, además, algunas
de ellas –es el caso de Grupo Norte–
pertenecen a grupos empresariales
que cuentan con servicios de
seguridad o catering “que lógicamente
se llevan la adjudicación de
dichos servicios”.

Negro futuro

La mayoría de los cuidadores, denuncia
Prodeni, son elegidos por su
fortaleza física o “por su mal carácter”,
para contener a los adolescentes.

El informe del Defensor del
Pueblo también ha puesto el acento
sobre las malas condiciones laborales
al asegurar que una de las
características del personal educativo
es su alto índice de rotación:
“Además consideran que sus sueldos
no se corresponden en absoluto
con el trabajo realizado, y son
excesivamente bajos (800 euros de
media), y por último se lamentan
del hándicap que supone para ellos
la práctica inexistencia de una formación
continua”. Asapa denuncia
la realización de turnos ilegales en
los centros de Aragón de hasta 52
horas seguidas.

Los menores, por su parte, quedan
prácticamente abocados a una
espiral que transita por el fracaso
escolar y que, como señala el informe
de la asociación aragonesa, refuerza
“las vías de paso” del centro
de protección al reformatorio y de
ahí a la prisión. A este respecto, su
informe subraya la semejanza (“es,
literalmente, una réplica a escala”)
entre el centro de reforma de Juslibol
y la cárcel de Zuera.

En las circunstancias actuales,
concluye el portavoz de Prodeni, el
“sistema de protección es un factor
importante de riesgo para buena
parte de sus niños tutelados. Es un
riesgo en sí mismo”.

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