La Ley Integral contra la Violencia de
Género, primera de la legislatura, ha
permitido que más de 90.000 mujeres
hayan obtenido órdenes de protección.
Pero para Amnistía Internacional
imponer la denuncia u orden
de protección como requisito para
acogerse a la ley discrimina a las inmigrantes
irregulares, que además
tampoco acceden a las ayudas económicas.
El colectivo Las Otras Feministas
también critica esta obligatoriedad
y propone apostar por reforzar
la prevención.

Respecto a la Ley de Igualdad, Altamira
Gonzalo, presidenta de la asociación
Mujeres Juristas Themis, valora
“el compromiso de las Administraciones
al introducir la transversalidad
del principio de igualdad en todas
sus políticas”, con medidas como
“excedencias para cuidar de familiares
dependientes o descendientes,
conservando el puesto de trabajo”.

Directrices no vinculantes

Gonzalo aplaude “la representación
equilibrada de mujeres y hombres en
los consejos de administración de las
empresas con participación estatal”.
Lo que no pasa en las privadas, ya
que, como en otras áreas, “el principio
de representación equilibrada en
puestos directivos no es vinculante,
sino una recomendación”. En cuanto
al permiso de paternidad, en Themis
están “insatisfechas por su corta duración,
aunque está previsto que se
amplíe”, tal y como pide la Plataforma
por un Permiso de Paternidad
Intransferible. A juicio de la experta
en cuidados Amaia Pérez, “la ley
responde a una noción de igualdad
centrada en el mercado laboral y la
política formal y basada en una
perspectiva liberal”.

En cuanto a la Ley de Dependencia,
Pérez cree que “enfatiza la atención
a la dependencia con el trabajo
mal pagado de las mujeres frente a la
promoción de la autonomía. Además,
la creación del cuarto pilar del Estado
de bienestar que comporta la ley se
basa en un sistema privatizado”. Según
Raquel Platero, investigadora en
políticas de igualdad y género, “los
partidos han adaptado las demandas
del movimiento feminista y por
la diversidad sexual a sus propios
marcos interpretativos”.

La brecha entre posturas prorregulación
de la prostitución y abolicionistas
en el movimiento feminista se
visibilizó en el Parlamento, cuya Comisión
Mixta de los Derechos de la
Mujer rechazó regular la prostitución.
Colectivos de prostitutas y Las
Otras Feministas criticaron la medida.
En cuanto a la Ley del Aborto, el
PSOE ha incumplido su promesa
electoral de reformarla. Themis está
asesorando gratuitamente a las mujeres
citadas judicialmente por haber
abortado y considera que “una
ley de plazos acabaría con la inseguridad
jurídica”.

Respecto a la Ley de Matrimonio
Homosexual, otra de las grandes reformas
legislativas, el Front d’Alliberament
Gai de Catalunya la valora como
un resultado de la lucha de gays y
lesbianas, pero alerta de que “el matrimonio
consagra un modelo conservador
de relaciones” y apuesta por
su abolición como “concreción radical
de los derechos individuales”. En
ello coincide el Grup de Lesbianes
Feministes de Barcelona, que aboga
porque “los derechos no dependan
de tener pareja”. Respecto a Ley de
Identidad de Género, que permite
cambiar de género en el DNI sin operarse,
su entrada en vigor incorporó
una enmienda a la Ley de Reproducción
Asistida que logró el reconocimiento
como madres de las lesbianas
casadas que tengan descendencia por
inseminación artificial. Sin embargo,
diferentes grupos censuran que la ley
imponga para el cambio un certificado
de disforia de género y hormonarse
durante dos años. Por su parte, la
Plataforma por los Derechos Sanitarios
Trans critica que no se garantice
la sanidad de proximidad.