Miles de niños son engañados
y obligados a
cruzar las fronteras
de Centroamérica con
fines de comercio sexual y prostitución.
La falta de legislación e ineficacia
policial unidos al bajo control
migratorio en dichas fronteras
favorecen el auge de redes de tráfico
de niños y el negocio en el que
desemboca.
Miles de niños son engañados
y obligados a
cruzar las fronteras
de Centroamérica con
fines de comercio sexual y prostitución.
La falta de legislación e ineficacia
policial unidos al bajo control
migratorio en dichas fronteras
favorecen el auge de redes de tráfico
de niños y el negocio en el que
desemboca.
Las víctimas suelen ser siempre
las mismas: niños y niñas provenientes
de familias de escasos recursos
y bajo nivel educativo perteneciendo,
la mayoría de las veces, a familias
desestructuradas. En definitiva,
miembros de sociedades excluidas
de los sistemas de educación y
salud, cuya desesperación provoca
su intento por emigrar hacia los países
del norte. Éste es el caso de
Guatemala, donde cerca de 25.000
menores son deportados cada año
desde México en su intento por emigrar
a EE UU, siendo en el proceso
de repatriación víctimas de violaciones
y otros abusos. En el caso mexicano,
la policía calcula que más de
2.000 niños y niñas están siendo explotados
en más de 600 burdeles de
la capital. En algunos casos, los niños
son abandonados por los traficantes
y nunca llegan a su destino,
como recientemente ocurrió en Costa
Rica, donde cinco niños nicaragüenses
fueron encontrados en condiciones
deplorables. Costa Rica, a
pesar de su larga tradición democrática,
cuenta con 140.000 niños víctimas
de explotación sexual.
En otros casos, las bandas de traficantes
utilizan a los menores como
moneda de cambio y negociación
con fines de adopción; un promedio
de 42.000 dólares pagaban muchas
parejas de padres por niños que, entregados
ilícitamente, eran conseguidos
de forma irregular por una
supuesta agencia de adopciones en
Guatemala.
Y es que son muchos los problemas
que arrastran estos países y que
se reflejan en la falta de controles
fronterizos junto con la corrupción
de los funcionarios de migración que,
en muchos casos, actúan en conexión
con las bandas de traficantes.
Los mayores abusos los encontramos
en la frontera entre Guatemala y
México, donde se concentra un alto
número de traficantes y proxenetas.
Por otra parte, estas redes se aprovechan
de la falta de legislación. Según
el Informe Anual sobre Trata de
personas 2004 del Departamento de
Estado de EE UU, el Gobierno de Nicaragua
no cumple totalmente con
los requisitos mínimos para la eliminación
de la trata, y su legislación debe
ser modernizada para penalizar
la prostitución de menores de edad,
ya que la ley actual permite ejercer a
los menores de entre 14 y 17 años.
El concepto de trata, definida como
el traslado de una persona de un
lugar a otro a través de engaño, violencia,
extorsión con fines de comercio
sexual u otros, ha sido estudiado
y analizado como delito en diferentes
convenciones y tratados internacionales,
obligando a los estados a garantizar
los derechos de los menores
y cumplir con estas leyes. Aunque
son muchos los que siguen insistiendo
en la necesidad de tipificar algunos
delitos como el de producción y
distribución de pornografía y elevar
sanciones a los traficantes de niños.
La trata de menores, en ocasiones,
cuenta con la indiferencia y tolerancia
de los gobiernos y estados. Son
precisamente éstos los que obtienen
mayores ganancias en el proceso de
adopción de bebés; por ejemplo,
Guatemala, país con grandes desigualdades
sociales y económicas,
ocupa el cuarto lugar en la exportación
de bebés después de China,
Rusia y Corea del Sur.
Otra de las raíces del problema es
la creciente demanda de personas
menores de edad para sexo comercial.
El turismo sexual es uno de los
mayores negocios y la tercera mayor
industria ilegal del mundo sólo por
detrás del tráfico de drogas y armas.
La cifra alcanza dos millones de menores
en el mundo, en su mayoría
niñas, un negocio cuyo beneficio
mensual a escala mundial, según un
reciente estudio, es de mil millones
de euros. De España, por ejemplo,
35.000 ciudadanos viajan a Latinoamérica
para mantener relaciones
sexuales con menores de edad.
Es absolutamente necesario que
los países origen, puente y destino
sean conscientes de la importancia
de mantener políticas sociales, educativas
y de combate a la pobreza,
principal arma para hacer disminuir
la oferta de estos nuevos procesos
de esclavitud.
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