Con el Partido Popular se ha incrementado la presión sobre los colectivos a través de las identificaciones y sanciones en aras de las ordenanzas municipales.

“La represión violenta la usan de forma ejemplarizante, pero a veces se puede volver en contra del propio Estado, por lo que cada vez más están apostando por la burorrepresión”, afirma Óscar Martín García, miembro de la Asamblea de Lavapiés y uno de los autores del libro Burorrepresión: sanción administrativa y control social.
Según explica, la burorrepresión es una represión de baja intensidad, “más silenciosa, que atrae menos la atención de los medios de comunicación” y que en la práctica se traduce en identificaciones aleatorias por parte de la policía, y sanciones en general relacionadas con ordenanzas municipales, normas a priori “apolíticas”, como las que regulan la contaminación acústica o la limpieza en las calles y que en la práctica se utilizan como arma para entorpecer las actividades de los movimientos sociales.
“El caso de los Cinco de Sol –cinco jóvenes que tras saltar a los medios de comunicación el caso de la financiación ilegal del PP decidieron acampar en la plaza del Sol durante cerca de dos semanas– es un ejemplo. La Policía los acosaba con la excusa de que dificultaban el paso en el espacio público con sus enseres privados o por dificultar la limpieza de la plaza. Eso al final lo que está diciendo es que tus materiales de protesta son basura. Ahí se ve el objetivo profundamente ideológico que tiene en estas ocasiones el uso de estas ordenanzas municipales”, explica Óscar Martín.
Desde el pasado verano varios colectivos y espacios de Lavapiés han sido atacados en aras de ordenanzas municipales. Mientras el espacio Esto es una Plaza, en la calle Doctor Fourquet, recibió el pasado mes de marzo una multa de 12.000 euros por contaminación acústica en relación a una fiesta diurna realizada el pasado verano en la que se incluyó un concierto con percusión, la Asamblea de Lavapiés ve continuamente entorpecidas sus actividades.
“No quedamos ninguno sin identificar –señala una de las participantes de la Asamblea de Lavapiés–. Nos han identificado mientras celebramos asambleas, cuando paramos desahucios, cuando ponemos el puesto de InfoLavapiés”, afirma tras subrayar que desde el colectivo se promueven iniciativas como fiestas y poner huchas en locales del barrio para crear una caja de resistencia con la que hacer frente de manera colectiva a las multas, mientras en otras asambleas, como la del barrio de Los Austrias, han puesto en marcha campañas de crowdfunding y mercadillos con el mismo objetivo.
Según afirma Óscar Martín, este modo de represión se ha incrementado con la llegada del Partido Popular al Gobierno y, en particular, con Cristina Cifuentes como delegada de Gobierno. Su objetivo: “Individualizar la represión para romper las redes ciudadanas de apoyo”.
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