BOLIVIA // EL GOBIERNO CONTIENE EL MOTÍN POLICIAL
La reforma policial, tarea pendiente para Evo Morales

La lucha contra la corrupción y por un mayor respeto de los derechos humanos, cambios en las fuerzas de seguridad no logrados por el Gobierno boliviano.

25/07/12 · 0:00

El motín policial y el supuesto golpe
de Estado contra Evo Morales visibilizó
las bajas condiciones salariales
de este cuerpo en Bolivia. Pero
también la corrupción que caracteriza
al cuerpo. Así, una de las primeras
acciones durante el motín fue la
quema de informes que investigan
esta corrupción. En 2010, el propio
presidente ya advertía de la necesidad
de aplicar cambios profundos.

“Yo ya tengo mi propio diagnóstico,
estoy esperando [que] como institución
pueda hacer profundos cambios,
tiene también otras tareas, y si
no hay cambio [estoy] obligado a
cambiar la institución, cambiar en
su forma de ser, eso será otra responsabilidad”,
enfatizó.

Es muy habitual escuchar a alguien
que habla sobre alguna gestión
que para poder aligerar su trámite
ha tenido que pagar una coima
(soborno). “Ganan poco, y necesitan
más ingresos. Los agentes
de tránsito siempre buscan un defecto
para poder poner una multa.
Sin embargo, es habitual que sea la
ciudadanía quien ofrece la coima”,
denuncia a DIAGONAL Mabel
Martínez Pabon, secretaria de la
Asamblea Permanente de los
Derechos Humanos de Bolivia.

“Hemos sido capaces de reconocer
que nuestra institución tiene varios
estigmas. El estigma de la corrupción,
que es preocupante, y el estigma
de que somos los primeros violadores
de los derechos humanos
y
que la población desconfía de su
institución”, asegura el excomandante
general de la policía, Óscar
Nina. En 2011, Nina fue destituido
al ser acusado por el propio Morales
de no realizar esfuerzos suficientes
contra la “corrupción”.
Después su sucesor también sería
acusado de varios casos de corrupción
y cesado.

“La policía sigue
siendo lo que era
antes, simplemente
sus altos cargos se han
cambiado de camiseta”

Entre las exigencias del último
motín policial estaba la eliminación
de la ley 101 de Régimen Disciplinario
de la Policía Boliviana, que
creó la figura del agente encubierto,
para investigar hechos de corrupción
y actividades delictivas. Pero
esta ley no ha sido derogada. La ley
101 fue aprobada en 2010, cuando
era ministro de Gobierno Sacha
Llorenti, histórico abogado defensor
de los derechos humanos, quien
dimitió tras la represión a la VIII
marcha en defensa del Tipnis. Eso
sí, sus resultados tampoco han sido
los deseados. “Se fueron de un extremo
a otro. El anterior reglamento
era muy permisivo y ponía en indefensión
al ciudadano que denunciaba.

Pero la 101 también es draconiana
y vulnera el derecho a la defensa
o a la presunción de
inocencia”, denuncia Martínez.

“La policía siempre ha sido un
brazo de represión de todos los gobiernos.
La policía sigue siendo lo
que era antes, simplemente sus altos
cargos se han cambiado de camiseta
con el nuevo Gobierno”, denuncia
a DIAGONAL Mónica
Apaza, activista de las Juntas Vecinales
de El Alto. La Policía Nacional
es catalogada habitualmente
por la Defensoría del Pueblo como
una de las instituciones que más
viola los derechos humanos. “La
intensidad en las actuaciones
contra las movilizaciones sí ha bajado
un poco”, reconoce Mabel
Martínez.

Donde no han cambiado mucho
las cosas es en las comisarías y en
las condiciones en que se encuentran
las personas detenidas.
“En las
comisarías no se cumplen las formalidades
de anotar a qué hora es alguien
detenido y cuándo es puesto
en libertad. Tampoco los ambientes
son apropiados”, denuncia Martínez,
que matiza que sólo se refiere a lo
que pasa en las grandes ciudades, ya
que es mucho más difícil saber lo que
ocurre en las comunidades rurales.

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