MANDO ÚNICO. Joan Mesquida pasa a
ser el jefe de la Policía y la Guardia Civil.

La reestructuración supone que por
primera vez la Guardia Civil y la Policía
tengan un mando único que asume
Joan Mesquida, hasta ahora responsable
del Instituto Armado. Ahora,
del ministro de Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, dependerán seis
subsecretarías del Interior -Tráfico,
Protección Civil, etc.-, dos centros de
coordinación de los mandos y la flamante
Secretaría de Estado de Seguridad,
dirigida por Mesquida. Dentro
de esta última, y como parte de la reorganización,
el Gobierno refunde
todos los organismos que había en
Interior relacionados con la inmigración
en una sola Dirección General
de Relaciones Internacionales y Extranjería,
bajo las órdenes de Arturo
Avello, funcionario de dilatada carrera
en la diplomacia española. Rubalcaba
destacó que el objetivo de esta
nueva Dirección General es “dar al
área de Extranjería más nivel político
y lograr que España esté más
presente en todos los foros internacionales
en los que se habla de inmigración
ilegal”. El comisario general
de Extranjería, José Ignacio
Araujo, también ha sido sustituido
(y ascendido). En su lugar fue nombrado
Felipe Hernández.

Esto supone recuperar peso específico
y más poder por parte de
Interior en materia de inmigración,
retomando muchas de las competencias
cedidas al Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales tras la victoria
electoral de hace dos años. Según
fuentes policiales, Trabajo, prácticamente,
se queda con la gestión del
papeleo de los inmigrantes legalizados.
La creación de esta nueva dirección
general en Interior supone volver
a lo que era el anterior modelo
del PP, la Delegación de Extranjería.
Para Empar, de la oficina de atención
a extranjeros de Valencia, “la
información ha sido escasísima. Es
una vuelta atrás, hacia lo que ha sido
hasta ahora el enfoque principal en
la política de inmigración: control de
las fronteras y penalización de quien
no tiene papeles. Es muy negativo
desde esa perspectiva. Aunque en la
práctica, aún no he visto ningún
cambio. De hecho, el anterior cambio,
con el último proceso de regularización,
traspasando parte de
las responsabilidades de Interior a
Trabajo, tampoco supuso mucha
variación. La represión policial depende
de la voluntad política, no
de que las competencias estén en
un ministerio u otro”.

En similares términos se expresa
una abogada, que prefiere el anonimato,
especializada en trámites para
la regularización. “En lo cotidiano,
no hay mucha diferencia, siempre ha
sido Interior quien lleva los trámites
para la residencia. Choca muchísimo
el cambio del PSOE, que en las elecciones
afirmaba que había que humanizar
el abordaje de la inmigración
y traspasar las competencias al
Ministerio de Trabajo. Por otro lado,
de la reforma tampoco sabemos apenas
nada. Da la impresión de que está
por desarrollar qué funciones tendrá
cada ministerio en el tema.”
Para José Luis Carretero, coordinador
del área de Inmigración del
sindicato CGT, “este cambio evidencia
la consideración y el abordaje policial,
y además con un marcado tinte
electoralista. La inmigración se está
convirtiendo en tema de disputa política
entre unos y otros, como un problema
acuciante de la opinión pública.

Y la única respuesta que se les
ocurre son medidas claramente represivas,
convirtiéndola en un problema
de orden público, de seguridad,
en vez de buscar una respuesta
política de verdadera integración de
los derechos de las personas”.