DOS MESES DE HUELGA. Algunos huelguistas fueron abandonados en plena calle tras ser sacados de las urgencias de los hospitales
por la policía. Posteriormente incluso fueron desalojados de sus acampadas en los alrededores de las urgencias y deportados./christophe. CSP59

El 30 de agosto, 54 inmigrantes sin
papeles decidían abandonar la huelga
de hambre que habían protagonizado
durante 75 días para exigir al
Gobierno el cumplimiento de sus
compromisos sobre regularizaciones.
Aceptaban una propuesta del
Prefecto (el equivalente al Delegado
de Gobierno), D. Canepa, de Lille
(norte de Francia), con la que no perdían
del todo y el Gobierno no lo conseguía
todo. Días antes varias organizaciones
que les apoyaban habían
hecho público un documento del
Gobierno francés en el que éste asumía
la posibilidad de que se produjeran
fallecimientos de huelguistas.

La protesta y la durísima represión
gubernamental despertaron un movimiento
de solidaridad que abarcó
desde partidos políticos y sindicatos
hasta ayuntamientos, que donaron
tiendas para cobijar a algunos huelguistas
abandonados en plena calle
tras ser sacados de las urgencias de
los hospitales por la policía. Aunque
los apoyos vinieron sobre todo del
amplio tejido asociativo francés, que
organizó manifestaciones y concentraciones
solidarias por todo el país.

Otros frentes

Pero ésta no ha sido la única movilización
masiva en torno a la exigencia
de regularización y del cese del
acoso policial. Desde el 21 de abril,
506 ‘sin papeles’ ocupan -con manifestación
diaria incluida- la iglesia
de Saint Paul en Massy, en los alrededores
de París. En Orleans también
hay otra ocupación de ‘sin papeles’.
Asimismo, a finales de julio,
20 trabajadores indocumentados
conseguían su regularización y el reconocimiento
de sus derechos laborales
tras mantener un encierro en el
parking de un establecimiento de la
cadena de restaurantes Bufalo Grill,
su empleadora. Por su parte, la Red
Educación Sin Fronteras (REDS)
mantiene su incansable labor de apadrinar-
y organizar apadrinamientos
por parte de entidades y ayuntamientos-
a familias de indocumentados
cuyos hijos están escolarizados para
evitar la deportación de sus progenitores.
Por ejemplo, en París y sólo en
agosto, esta red ha denunciado diez
casos de un padre o madre que van a
ser deportados mientras el otro cónyuge
e hijos se quedan en Francia.

Y es que tras la arrolladora victoria
de Sarkozy en las recientes elecciones
presidenciales, la izquierda
política ha quedado desarbolada, como
reconocen en privado destacados
militantes de Lucha Obrera, una
de las dos candidaturas trotskistas
que se presentaron a las presidenciales.
Los sindicatos tampoco han logrado
mostrar capacidad de respuesta
ante el anuncio gubernamental
de preparar recortes al derecho
de huelga: las manifestaciones convocadas,
bien es cierto, en pleno verano,
fueron muy pobres. Así las cosas,
y según militantes consultados
por DIAGONAL, han sido los movimientos
sociales, y a su cabeza los
‘sin papeles’, los que han iniciado las
protestas para hacer frente a los ataques
de todo tipo contra los derechos
civiles lanzados ya en 2002 por
Sarkozy cuando era ministro de
Interior y retomados con fuerza por
el nuevo Gobierno. El ejecutivo ha fijado
cuotas de 25.000 expulsiones y
125.000 identificaciones a realizar
en 2007, objetivos que, divididos en
partes alícuotas, debe cumplir cada
prefecto. Para los policías, la promoción
en el cuerpo pasa por un sistema
de primas y puntos por realizar
identificaciones y participar en “cazas
al ‘sin papeles’” -como lo definen
las asociaciones de inmigrantes.

Así, en las ciudades, los ‘sin papeles’
son detenidos en la calle, durante
identificaciones masivas o razzias
policiales. En París éstas han pasado,
desde el principio del verano, de
tres a la semana a ser diarias. Y en
un clima de impunidad policial: las
muertes de personas bajo custodia y
las denuncias por malos tratos han
aumentado espectacularmente sin
que se haya, por ahora, producido
ninguna condena o castigo. En las
zonas de menos densidad de población,
la policía busca a los ‘sin papeles’
cerca de los lugares donde se reparte
comida gratuita o de las sedes
de las asociaciones, e incluso en el
interior de los hospitales, según
constantes denuncias de los grupos
de apoyo. Incluso la policía organiza
comparecencias trampa en las prefecturas:
se llama al solicitante de un
permiso de residencia para que
aporte más documentación y se le
deporta. O acude a los domicilios de
los solicitantes a detenerlos. Y estas
medidas están tendiendo consecuencias
dramáticas.

El pulso en Lille

Por todo esto la determinación de los
huelguistas de hambre de Lille era
tan fuerte. Sus reivindicaciones concretas
estaban relacionadas con la
exigencia de que la Administración
cumpliera sus propias normas respecto
a la entrega de permisos de residencia-
por ejemplo, 35 inmigrantes
ya regularizados llevaban meses
esperando la entrega de sus permisos.
Pero en el fondo, lo que se jugaba
es la voluntad del Gobierno de no
aceptar nada que pueda verse como
regularización masiva y sobre todo,
de romper los acuerdos firmados por
la Administración con el Colectivo
de Sin Papeles 59 (CSP59) de Lille,
en 2004. Los llamados Acuerdos Delarue,
arrancados tras una anterior
huelga de hambre masiva, permitían
a colectivos solidarios y de inmigrantes,
mediante su participación en la
comisión gubernamental que estudia
los expedientes, intervenir sobre
las concesiones de permisos. Por eso,
Canepa, según denuncian asociaciones
de Lille ha intentado de todo
para doblegarlos: detenciones, deportaciones
o impedirles el acceso a
los hospitales.

El abandono de la huelga de hambre
no es, sin embargo, una victoria
del Gobierno: se ha tenido que tragar
su pregonada política “la única
respuesta a las huelgas de hambre
de los ‘sin papeles’ es la expulsión”.