MONCLOA. El 22 de junio 40 organizaciones de DD HH exigieron al Gobierno que
diera pasos concretos para la erradicación de la tortura./José Pujol

La nueva visita oficial del Comité Europeo
para la Prevención de la Tortura
(CPT), desarrollada entre el 21
de septiembre y el 1 de octubre, ha
vuelto a verse acompañada de una
campaña institucional mediática de
ocultación y distracción. Campaña
oficial que se ha concretado, al albur
de la visita, en la presentación de la
Instrucción de la Secretaría de
Estado para la Seguridad sobre los
comportamientos exigidos a los
miembros de las FCSE del Ministerio
del Interior. Jorge del Cura, del
Centro de Documentación contra la
Tortura (CDCT), se muestra taxativo:
“La ‘nueva instrucción’ sólo pretende
lavar la cara ante esta visita y
presentarse ante el CPT diciendo que
han hecho los deberes”. Y apuntala,
“deberes que no se han hecho” .

Sin ninguna novedad

El documento no aporta elementos
novedosos más allá de recordar a los
agentes el deber de informar de los
derechos a los detenidos, entre ellos
el recurso al habeas corpus. Del Cura
señala que la nueva directriz no significa
“absolutamente nada”. En los
mismos términos se expresa la Coordinadora
para la Prevención de la
Tortura, que aúna los esfuerzos de
40 organismos, que ha señalado que
la instrucción “desoye todas las recomendaciones
internacionales” y que
se limita a palabras huecas.

Como prueba de la inexistente voluntad
estatal, destacan la no implementación
todavía del Protocolo Facultativo
de la ONU contra la tortura.
Ratificado en junio de 2006, sigue sin
aplicarse ni generarse los mecanismos
de prevención previstos. En este
ámbito cabe destacar que el Congreso
Nacional de Abogados, reunido
en septiembre en Zaragoza, también
elevó al Gobierno la petición de
aplicación inmediata de dicho protocolo,
petición que sigue desoída.

Durante los últimos días de septiembre
el organismo del Consejo de
Europa visitó, de forma confidencial
de acuerdo con su metodología, hasta
diez centros penitenciarios y 27
comisarías de la Policía Nacional, la
Guardia Civil, la Ertzaintza, los Mossos
d’Esquadra y policías locales.
Entre ellos, la prisión de Can Brians,
Intxaurrondo, la polémica comisaría
de Les Corts y un centro de menores
inmigrantes en las Canarias. Asimismo
se han reunido con responsables
públicos, diferentes ombudsman autonómicos
y con organismos sociales
y civiles de defensa de los DD HH.
Las recomendaciones y conclusiones
a las que llegue el CPT tras su
nueva visita no se harán públicas
hasta que el Gobierno español las
apruebe. Cabe recordar que la publicación
de los anteriores informes del
CPT -muy críticos- fueron bloqueados
y su publicación dilatada por los
dos últimos gobiernos españoles.

Mientras, la tenacidad de los organismos
sociales de defensa de los DD
HH han permitido reabrir en Cataluña
una causa especialmente simbólica:
el proceso por los abusos en
la represión del motín de abril de
2004 en la cárcel de Quatre Camins.
El Departamento de Justicia de la
Generalitat ya reconoció oficialmente
malos tratos inflingidos hasta a 26
presos, pero no tomó ningún tipo de
medida. La iniciativa social ha conseguido
sentar ahora en el banquillo a
13 funcionarios de prisiones.