ENTREVISTA // THEO VAN BOVEN, EX RELATOR ESPECIAL PARA LA TORTURA DE LA ONU
“La opinión oficial no es favorable a reforzar las garantías para evitar la tortura”

Theo van Boven, jurista holandés de 72 años, fue
Relator Especial para la Tortura de la ONU hasta
2004. Invitado por el Gobierno del PP, visitó el Estado
español en octubre de 2003. Su informe, presentado
cuatro meses después ante la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU, no fue bien recibido. Cuando
van Boven procedió a su lectura, el representante del
Estado español abandonó la sala. Previamente José
María Aznar había llamado personalmente al jefe de
Gobierno holandés para exigirle explicaciones. Ahora
ha vuelto a visitar el Estado invitado por la
Coordinadora para la Prevención de la Tortura.

, Redacción
15/04/06 · 0:15
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José Miguel Alfonso
INFORME. “El Gobierno del PP me invitó con la intención de que confirmara la inexistencia de la tortura”.

DIAGONAL: En el Informe 2004
sobre la tortura en el Estado español,
redactado por usted, había recomendaciones
concretas. ¿Se han
aplicado?

THEO VAN BOVEN: No. Sólo se ha
aplicado una de ellas, la que no era
muy controvertida, la firma y la ratificación
del Protocolo Facultativo
contra la Tortura de la ONU. Un llamamiento
a firmar un documento,
en sí mismo, no es polémico. Las autoridades
españolas han rechazado
o ignorado todo mi informe, incluidas,
claro, sus conclusiones y las
recomendaciones.

Respecto a este protocolo facultativo,
España ya lo ha firmado pero
falta el último paso: ratificarlo, y espero
que lo haga pronto. Sólo hay 16
países que lo han ratificado. En esta
visita, me han dicho que lo van a hacer
próximamente. No sé qué significa
esto. Me hablaron de semanas, para
marzo. Pero ya veremos.
En términos más amplios, la opinión
oficial no es favorable a reforzar
las garantías para evitar la tortura.
La versión oficial es que las leyes
y las medidas adoptadas son suficientes.
Hay también una opinión
generalizada en España de que no
hay problema, de que no existe por
lo que no es necesario tomar medidas.
La sociedad se niega a aceptar
que en un Estado democrático persistan
estas prácticas. En general me
he encontrado con un clima de silencio.

No es un problema que suscite
gran atención, salvo para algunas
ONG y algunos sectores de la
población en el País Vasco. Si al menos
se admitiera que hay ciertas
prácticas de tortura y malos tratos,
sería otra cosa.

D.: La reacción del Gobierno anterior
del PP contra su informe fue
muy virulenta, ¿tiene la sensación de
que el nuevo Gobierno ha reaccionado
de forma diferente?

T.v.B.: Creo que el actual Gobierno
tiene un acercamiento más moderado,
un poco más abierto. Se han
prestado a un cierto diálogo con los
representantes de la ONU y de otras
organizaciones, pero por el momento,
en sustancia, en el fondo, la opinión
de las actuales autoridades no
difiere mucho de las del anterior
Gobierno. Es sobre todo un cambio
de clima, de actitud general. Por el
momento se presta a dialogar pero
tampoco se aceptan las recomendaciones
de mi informe. También ha
tomado distancias.

D.: ¿Cuál ha sido su valoración del
papel de los medios de comunicación
y del tratamiento de sus visitas?

T.v.B.: Sobre su actitud antes de mi
visita no tengo muchos elementos de
juicio. Sólo leí un artículo que sostenía
que el objetivo de mi presencia
era confirmar que la tortura no existía,
que las denuncias y los informes
eran falsos. Ya me estaban anunciando
el resultado de mi investigación
antes de mi llegada. Era sin duda
también la opinión del Gobierno,
porque éste me invitó sobre la base
de esa misma idea. Vamos, que ése
fue el objetivo de su invitación: confirmar
la inexistencia de la tortura.
Llegué a otra conclusión en base a
numerosas entrevistas con testigos y
víctimas y a otros informes internacionales
muy rigurosos y fiables.
Sin embargo, la publicación de mi
informe, con conclusiones diferentes
a las esperadas, no sacudió a la
sociedad española. Si estoy bien informado,
sólo se publicó, se subrayó,
de forma muy selectiva, ciertas
partes relativas al terrorismo de
ETA. Porque en el informe fui tan
duro con ETA como con el Estado.

En general, la prensa, en lo referente
a la tortura, fue muy modesta. Había
cierto temor a que la publicación
de los detalles del informe y sus recomendaciones
no fuera bien recibida.
Eso y que incluso algunos periódicos
en el País Vasco hayan sido
clausurados es malo. En principio,
cerrar un periódico es negativo
para la libertad de expresión.
Y, en mi opinión, el papel de la
prensa es muy importante para poder
identificar las violaciones de los
derechos humanos y la tortura. Estoy
muy decepcionado por esta actitud.

D.: ¿Cómo calificaría y describiría
la práctica de la tortura en el Estado
español?

T.v.B.: En las conclusiones de mi informe
recogía que su práctica no era
sistemática pero que no se trataba
sólo de unos casos aislados o de
comportamientos individuales. Puede
que haya en todos sitios casos aislados,
pero aquí hay un cierto procedimiento,
un mecanismo que aunque
no es sistemático tampoco es
excepcional. Definí su práctica como
“más que esporádica”. Y mantengo
esta opinión.
Respecto a las personas que la
sufren, depende mucho. Las víctimas
son sobre todo personas sospechosas
de crímenes de terrorismo,
pero hay también, por supuesto,
malos tratos a los inmigrantes
o denuncias contra la policía por
abusos contra gitanos...
Son situaciones diferentes, pero
en lo que concierne a las personas
detenidas en el marco de la lucha
contra el terrorismo, no sólo el de
ETA sino también el de al-Qaeda,
(mi investigación la hice antes de
marzo de 2004, antes de los atentados
de Madrid, así que nos concentramos
en el terrorismo vasco) hay
un cierto procedimiento. Empieza
tras el arresto, con la conducción
inmediata a Madrid. Los primeros
días son siempre el período más difícil
y crucial para el detenido, particularmente
en el período de aislamiento,
de detención incomunicada.
En cuanto se ha conseguido lo
que se buscaba con estos interrogatorios
y el sospecho ha firmado
una confesión empieza otra fase,
que es menos brutal.

El sistema de incomunicación casi
total -porque no llega a ser total- y la
prolongación de ésta conllevan un
alto peligro de tortura para los detenidos
y, si no hay garantías de asistencia
legal, garantías de que los interrogatorios
sean grabados en vídeo,
los riesgos son mayores. Hay
que acabar con la práctica del aislamiento.
Pero mientras se mantenga,
hay que introducir e insistir en unas
mínimas garantías. La grabación en
vídeo efectiva del interrogatorio, un
contacto directo con abogados de
confianza, con miembros de la familia
y un examen médico muy profundo
son necesarios. Y por el momento
no se ha avanzado mucho.

En el País Vasco, se ha definido un
cierto protocolo policial pero que todavía
no está bien aplicado. Se han
tomado ciertas medidas para reforzar
las garantías, pero por el momento
siguen sin ser nada satisfactorias.

«El gran problema es la impunidad»
D.: ¿Cuál es el fallo de la
estructura del Estado que
permite que las fuerzas de
seguridad torturen?
T.v.B.: El gran problema es
la impunidad, cuando se
puede recurrir a estas prácticas
sin riesgo y sin temor
de una investigación seria.
Pero no es sólo un problema
en España, es también
un fenómeno en el resto del
mundo: las denuncias de
torturas no son investigadas
de forma eficaz. En España,
incluso el señor Gil Robles,
comisario de Derechos
Humanos de la Unión Europea,
admite eso en su último
informe. También afirma
que existen los medios
para una investigación por
parte del sistema judicial,
pero que no se ponen en
marcha. Si la realiza la
misma agencia, el mismo
organismo que ha violentado
los derechos humanos,
no basta. Es necesaria
siempre una instancia independiente
para hacer la
investigación. No se insiste
en ese mecanismo de
investigación eficaz y ese
es el gran problema. Entonces
se puede torturar sin
ser castigado y hay impunidad.
Y la Convención
Internacional contra la
Tortura exige que las
denuncias sean inmediatamente
investigadas, que
se establezca la culpabilidad
de sus autores, que
sean perseguidos en un
procedimiento criminal.

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José Miguel Alfonso
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