A más de un mes de la muerte, en
pleno vuelo, de Osamuyia Aikpitanhi,
cuando era deportado bajo la custodia
de policías españoles, sigue sin
haber una explicación oficial. Pese a
que inmediatamente después del fallecimiento
del inmigrante nigeriano,
el 9 de junio, el ministro de
Interior prometió comparecer en el
Congreso, al cierre de esta edición
todavía no lo ha hecho. Sin embargo,
la exigencia de explicaciones ha
tomado dimensión internacional al
anunciar una comisión de parlamentarios
de Nigeria que iniciaba
su propia investigación.

Según la autopsia, el fallecimiento
fue “violento”, aunque de “etiología
incierta”, es decir, que no está
claro cómo se ejerció esta violencia;
si fue accidental o fue con intención
de provocar un daño. La muerte se
produjo por parada cardio-respiratoria
secundaria a una asfixia por
sofocación, lo que podría interpretarse
como consecuencia de una
fuerte situación de agobio. El examen
del cadáver ha determinado
también que tuvo la cabeza flexionada
sobre el pecho, lo que podría
haber influido o, incluso, sido determinante
en el desenlace.

Pese a que la jueza instructora ya
tiene los resultados de la autopsia, la
investigación judicial está paralizada
por las diferencias entre la magistrada
y la fiscal. El juzgado de instrucción
nº 1 de Elche, que lleva el
caso, ha rechazado por dos veces
que los policías declaren como imputados
por un posible homicidio
imprudente. La instructora considera
que el fallecimiento se produjo
accidentalmente o por una imprudencia.
La fiscal, que sostiene que
puede haberse producido un delito
de homicidio, recurrió la decisión
del juzgado de permitir que
los agentes declaren desde Madrid
como testigos y solicitó su comparecencia
como imputados. Al desestimarlo
la jueza, la fiscal recurrió
ante la Audiencia Provincial,
que todavía no se ha posicionado.

Por otro lado, la Comisión Española
de Ayuda al Refugiado (CEAR)
ha denunciado que los 23 inmigrantes
sin papeles que se negaron a ser
deportados a sus países de origen,
tras el rescate en alta mar, en febrero,
del buque Marine I, siguen encerrados
en el Centro de Internamiento
de Inmigrantes de Nuadibú
(Mauritania). Según Amaya Valcárcel,
secretaria general de CEAR,
“una reciente misión de ACNUR ha
determinado que, de las 23 personas
detenidas, una es considerada refugiada.
Nueve también serán trasladadas
a España, un poco por razones
de salud mental y para verificar
más su caso, es decir, que tienen algún
grado de protección. Y hay 13
personas que todavía no se sabe
muy bien qué va a pasar con ellas: si
las van a repatriar a su país o qué”.
Y resalta que “esto se podría haber
hecho antes: han pasado cinco meses
encerradas y con una situación
de salud mental muy límite”