ANÁLISIS // MÉXICO, LA GRAN POLICÍA DE EE UU
La militarización de la frontera sur

El autor, del Seminario permanente de estudios chicanos y fronteras de la ENAH, aborda la política migratoria.

Texto de Gabriel H. Pérez Duperou, Seminario permanente de estudios chicanos y fronteras de la ENAH

24/07/08 · 1:10
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FELIPE CALDERÓN. México recibe cientos de millones de dólares de EE UU para controlar los flijos migratorios de América Latina hacia EE UU.

En los dos años del mandato
de Calderón se ha aumentado
la lucha contra el narcotráfico
con mayores presupuestos
a cuerpos policíacos,
ampliación jurisdiccional a las fuerzas
armadas en temas de seguridad
pública, incremento de estrategias
de seguridad en la frontera con Guatemala
y categorización de instituciones
gubernamentales migratorias
como instancias ejecutoras de la política
de seguridad nacional.

En la lucha contra la delincuencia
organizada se pone énfasis en aumentar
la seguridad en las fronteras,
desmantelar bandas de traficantes
de migrantes y controlar la migración
indocumentada. Sin embargo,
en la frontera sur no impera el respeto
de los derechos humanos (DD
HH) de los migrantes; más bien se
agrava la represión de autoridades
migratorias y policíacas y domina un
ambiente de impunidad y violación
de los DD HH. En nombre de la seguridad
nacional se ejecutan operativos
militares para detener a migrantes
(en marzo de 2008, en Arriaga,
Chiapas, militares invadieron
campamentos de migrantes y agredieron
a mujeres y hombres); las estaciones
migratorias en donde detienen
a los migrantes aumentan su
carácter de reclusorios de máxima
seguridad; y con el objetivo de identificar
a presuntos narcotraficantes,
‘polleros’, tratantes de personas y
miembros de pandillas delictivas, se
han creado cuerpos especiales de seguridad
como la Policía Estatal Fronteriza.

El fenómeno migratorio entre
México y Guatemala no se está abordando
desde una agenda de desarrollo,
sino de la misma manera en que
es controlado en EE UU: desde el
prisma de la seguridad nacional.
Cabe preguntarse si la política migratoria
del Gobierno mexicano se
inscribe en una estrategia ‘propia’ de
seguridad nacional o es una extensión
de la política de seguridad fronteriza
elaborada e instrumentada
por EE UU. La Iniciativa Mérida responde
esta pregunta. Si bien es un
plan del Gobierno estadounidense
que destina recursos en apoyo a
Calderón contra al narcotráfico, su
esencia es perpetuar la participación
de México en la lucha antiterrorista
de Washington e impedir el ingreso
de terroristas, narcotraficantes e inmigrantes
indocumentados. Los más
de 500 millones de dólares no son
para garantizar la seguridad de México,
sino para proteger los intereses
de la seguridad nacional estadounidense.
Son para que México se convierta
en la gran policía fronteriza.
Los resultados serán la mayor militarización
del país, extensión de la
violencia, la participación de agencias
como la DEA y la CIA en actividades
propias de autoridades mexicanas,
la criminalización de la
migración irregular justificada por la
lucha contra la delincuencia transnacional,
aumento de la violación de
los DD HH, y en particular la definición
de las amenazas para la seguridad
nacional mexicana en términos
de las amenazas para EE UU.

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