FRONTERA SUR // TODO VALE PARA EL CONTROL DE FLUJOS MIGRATORIOS
La Guardia Civil goza de impunidad en la frontera

Los informes de la Defensoría del Pueblo, junto a los de diversas organizaciones sociales, comienzan a dar luz sobre los abusos de la Guardia
Civil en la frontera sur.

06/05/06 · 19:10

Los intentos de entrada a través de
Ceuta y Melilla no son un fenómeno
nuevo, las estadísticas oficiales registran
casos desde 1998. A partir
del 2003 comenzaron las denuncias
sobre la Guardia Civil, a consecuencia
de expulsiones irregulares de
subsaharianos a territorio marroquí.
Más de 500 casos han sido documentados,
entre los que destacan
mujeres embarazadas, menores y
demandantes de asilo que nunca
fueron asistidos por la Policía
Nacional, violándose así el artículo
157 del Reglamento de Extranjería.
Ya en un informe de Médicos sin
Fronteras publicado en el 2003, se
señala que el 25% de las consultas
médicas que realizaron en la zona
están ligadas a acciones de violencia
aplicadas por las autoridades marroquíes
y españolas en su tarea de control
de fronteras.

A la luz de los convenios firmados
entre el reino de España y el de Marruecos
durante el siglo XIX que fijan
los límites jurisdiccionales de las
ciudades autónomas de Melilla y
Ceuta, puede afirmarse: que las vallas
están construidas en territorio
español; su titularidad plena pertenece
al Estado español y que por eso
su custodia se realiza sólo por las
fuerzas españolas. Esto significa que
la mayoría del límite fronterizo se encuentra
antes de llegar a la primera
valla. Las fuerzas de seguridad españolas
no efectuan labores de contención
en la zona neutral entre
fronteras, y tampoco desarrollan
estas actividades en el territorio español
situado delante de la valla exterior
del perímetro fronterizo.

El informe elaborado por una delegación
de la Defensoría del Pueblo
reconoce que: “Los ciudadanos extranjeros
que pretenden acceder irregularmente
(a través de las vallas)
están en territorio español y en esas
circunstancias resulta claro que la figura
jurídica aplicable es la devolución,
que se deberá cumplimentar
con los trámites de la Ley de Extranjería,
eso incluye que sea acordada
por la autoridad competente, de manera
individualizada y con la debida
asistencia jurídica”. Esto viene a significar
que las deportaciones expeditivas
de inmigrantes detenidos
tanto en la primera valla, en el entrevallado,
así como en el paso de
la segunda valla, son ilegales. Y
que, por tanto, estas actuaciones
contradicen las instrucciones que los
responsables públicos manifiestan
haber impartido, constituyendo un
incumplimiento grave de la Ley de
Extranjería y también la vulneración
de las obligaciones internacionales
asumidas por el Estado español, al
imposibilitar el derecho de asilo y la
protección humanitaria.

Según la Defensoría del Pueblo,
“las autoridades del Ministerio del
Interior no han emprendido ninguna
acción tendente a investigar las
acusaciones de violencia desproporcionada”
que se han dado en el
perímetro fronterizo. Y prosigue en
este sentido, “no se ha incoado ninguna
diligencia judicial” a raíz de
las imágenes de Tele5 que demuestran
como un miembro de la
Guardia Civil propina con suma
violencia reiteradas patadas a un
inmigrante inmovilizado.

Tampoco se ha identificado a los
guardias civiles autores de las agresiones
con culatas de fusiles y porras
eléctricas a ocho personas, denunciadas
por diversos inmigrantes el
pasado 29 de agosto y que consta en
un informe conjunto realizado por
las organizaciones SOS Racismo,
Elin y Women’s Link Worldwide, y
que significó la muerte de un menor
camerunés conocido por Ypo Joe.
Esta misma situación se relaciona
con el fallecimiento el 15 de septiembre
en el hospital de Melilla de un inmigrante
nigeriano, posiblemente a
consecuencia de un disparo de pelota
de goma (arma utilizada sólo por
la benemérita) en el cuello.

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