DESOBEDIENCIA CIVIL // PRESENTADA EN BARCELONA LA INICIATIVA DE APOYO A LOS INCULPADOS DE LA FUNDACIÓN JOXEMI
La fiscalía pide absolver a 5 condenados del 18/98

En un acto de apoyo a los condenados por
“desobediencia civil” se informó de que la fiscalía del
Tribunal Supremo reconoce que “se llevaron al límite”
las condenas, pero no pide cambios sustanciales.

11/12/08 · 0:00
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BARCELONA. En el acto público se escucharon duras palabras contra el macroproceso.

Ni la petición expresa de prohibición
del acto por parte del grupo municipal
del PP, ni la pregunta en el último
plenario municipal de su portavoz,
ni la campaña en medios de comunicación
de derechas tildando el
acto de “proetarra”, pudieron evitar
que el pasado 28 de noviembre, más
de 150 personas tomaran parte en la
presentación pública en Barcelona
de la iniciativa en defensa de la desobediencia
civil.

Esta iniciativa, lanzada en octubre,
se concreta en un manifiesto de solidaridad
con los nueve ciudadanos
vascos, vinculados a la Fundación
Joxemi Zumalabe, condenados por
“colaboración con banda armada”,
en diciembre de 2007, dentro del macrosumario
18/98, a penas de nueve
y diez años de cárcel por promover
“la desobediencia civil”. Bajo el impulso
del movimiento pacifista y de
50 personas condenadas por insumisión
en la década de los ‘90 (ver DIAGONAL
nº 87), más de 200 personas
y entidades sociales, ecologistas y
antimilitaristas subscriben ya el manifiesto,
que denuncia que la Audiencia
Nacional criminaliza la desobediencia
civil, al equipararla, en su
sentencia, con terrorismo; y demanda
la libre absolución de todos los
procesados en la pieza Zumalabe.

Los cantautores Lluis Llach y Feliu
Ventura o el teniente de alcalde de
Barcelona, Ricard Gomà (ICV), se
cuentan entre los últimos apoyos.

El salón de plenos de Gràcia, en
Barcelona, acogió las intervenciones
de Pepe Beunza –el primer objetor
no violento a la ‘mili’ en pleno Franquismo–
y del periodista y activista
Sabino Ormazabal, miembro del
Patronato de la Zumalabe, condenado
a nueve años de cárcel. Les acompañaban
Ricard Martínez, presidente
del distrito por ERC, el jurista August
Gil Matamala y la investigadora
Gemma Ubasart. Todos tuvieron duras
palabras contra un proceso que
ha consagrado “el derecho penal del
enemigo, los juicios sin pruebas y los
juicios sin delito” y reivindicaron una
salida no violenta al conflicto vasco
como la fórmula más humana y eficaz
de superarlo.

En el transcurso del acto, también
se informó de las últimas novedades
judiciales. Por ahora, ante el recurso
de casación presentado por las defensas
ante el Tribunal Supremo, el
ministerio fiscal ha respondido con
un único escrito de más de 500 páginas.

En ellas la fiscalía solicita la libre
absolución, por falta de pruebas,
de cinco de los nueve condenados
por su vinculación con la Fundación
Joxemi Zumalabe: Sabino Ormazabal,
Olatz Altuna, Alberto Frías, Mario
Zubiaga y Mikel Aznar, que
abandonó la prisión de A Coruña la
madrugada del pasado viernes, donde
permanecía encarcelado desde
diciembre de 2007. Para los cuatro
restantes (Fernando Olalde –en libertad–,
Mikel Zuloaga –en paradero
desconocido– e Iñaki O’Shea y
Carlos Trenor actualmente en prisión),
solicita una mínima rebaja y
mantiene peticiones de condena
nunca inferiores a los siete años de
prisión. El grupo de trabajo que dinamiza
la iniciativa de apoyo ha tomado
con cautela estas modificaciones
y sigue con su trabajo. Por
lo pronto tiene previsto entregar al
Supremo, a finales de enero, todas
las adhesiones recabadas (desobediencia1898.
wordpress.com).

En su escrito ante el Supremo, la
fiscalía rebaja sustancialmente el tono
de una sentencia de la Audiencia
Nacional que consideraba al más de
medio centenar de procesados en el
macrosumario 18/98, “el corazón y
las entrañas de ETA” y condenaba a
la mayoría de ellos a penas de entre
dos y 22 años de prisión. El fiscal, a
parte de la absolución para cinco de
los ‘Zumalabes’, sólo pide una rebaja
del 25% de las penas para 33 de los
47 condenados. Sostiene el ministerio
fiscal que las penas “se llevaron al
límite” sin que hubiera una gravedad
manifiesta de sus conductas. Así, por
ejemplo, para la periodista Teresa
Toda pide rebajar la pena de diez a
siete años de prisión.

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