Aires securitarios recorren Europa.
Riesgo, miedo, terror, inseguridad,
amenaza o desorden son
algunas de las palabras que se
intercambian y combinan en los
discursos políticos de nuestros
días. Un substrato simbólico-cultural
que abre la puerta a prácticas
políticas que sobrepasan los
límites del Estado de derecho.

Nos situamos, así, frente a una
progresiva introducción de políticas
represivas y de neutralización
para hacer frente a los llamados
“problemas sociales” y conflictos
políticos; un contexto de transición
del Estado social, -en aquellos
territorios donde este se
había llegado a desarrollar- al
Estado (social) securitario. En
este contexto, la prisión se presenta
como uno de los espacios
paradigmáticos del proceso. La
invisibilidad de la institución y su
problemática no se debe a una
mejora de esta realidad, sino
más bien a una voluntad de ocultación
por parte del poder y a
una actitud de olvido por parte
de la sociedad. Las tasas de
encarcelamiento no paran de crecer
en el continente europeo. No
se trata de una dinámica natural,
inevitable, estamos frente a los
resultados del desarrollo de unas
decisiones políticas concretas.

Cabe recordar que durante la
década de los años sesenta y
setenta se observó un fuerte descenso
de la población carcelaria
tanto en los EE UU como en
Europa, hasta el punto que algunos
auguraron el ocaso de la institución
carcelaria. Eran los tiempos
de la ‘descarcelación’ y de
las penas sustitutivas. Desgraciadamente,
en los conservadores
años ochenta esta tendencia se
invirtió bruscamente, y se dispararon
los índices de encarcelamiento.
En el continente europeo
el aumento de los últimos años
ha sido importante gracias, en
algunos países, a procesos de
reformas y contrarreformas en el
ámbito penal y penitenciario que
han hecho aumentar el nivel
represivo. Muchas de las reformas
se justifican por una supuesta
“lucha” contra la inmigración,
el “terrorismo”, el pobre (que no
la pobreza), el opositor político...

En definitiva, a las non-persone.
La tendencia actual al crecimiento
continuado de la población
encarcelada lleva como consecuencia
la masificación de las
cárceles. Frente a esta problemática
que afecta a la vida cotidiana
de las personas privadas de
libertad, limitando sus derechos
fundamentales y los servicios
sociales que a toda persona le
deben ser garantizados, no existe
una única solución. Pero en la
mayoría de estados europeos el
poder sólo habla de construcción
de nuevas cárceles. ¿Es la única
opción? En el caso de que esto
no sea así, ¿es la mejor? Colectivos
muy diversos luchan con el
objetivo de evitar esta dinámica
inflacionista. Como ejemplo
véanse los movimientos de oposición
que se han generado a lo
largo del territorio catalán en contra
de la construcción de nuevas
cárceles. Una movilización ciudadana
que va mucho más allá de
negar la construcción de la cárcel
en su pueblo. Su discurso cuestiona
la existencia de la misma
institución. Afirman: “Prisión, ni
aquí ni en ningún lugar”.