UNIÓN EUROPEA // EL 18 DE JUNIO PASA ANTE EL PARLAMENTO EUROPEO
La ‘directiva de la vergüenza’, lista para ser aprobada

La polémica propuesta mantiene los 18 meses de encierro por orden administrativa
de los ‘sin papeles’ hasta su expulsión, el encierro de menores y los cinco años de
prohibición para los expulsados antes de poder volver a Europa.

12/06/08 · 0:00
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MELILLA. Puesto de vigilancia en la frontera militarizada de Melilla.
MELILLA. Puesto de
vigilancia en la frontera
militarizada de Melilla.

“El Gobierno sigue con la táctica de
utilizar un lenguaje humanitario y
respetuoso con los derechos de las
personas y realizar una práctica absolutamente
contraria”, afirma la
ONG Prodein. Esta organización
denuncia la forma en la que se han
resuelto las reclamaciones –respeto
y derecho a llegar a la península– de
los 50 sin papeles en huelga de hambre
desde el 12 de mayo, en Melilla
(ver DIAGONAL Nº 79). El 2 de junio
estos huelguistas, dada la indiferencia
ante su protesta y su delicado
estado de salud, decidieron suspender
la huelga, pero mantener la
concentración ante la Delegación
de Gobierno. El 4 de junio, un dispositivo
policial cercaba a parte de
los concentrados e iniciaba su expulsión.
Para numerosas asociaciones,
esto recuerda las prácticas de
Francia e Italia, y es un reflejo más
del consenso de los gobiernos europeos
sobre la gestión represiva de
los flujos migratorios.

Borrador de directiva

El 5 de junio, el Consejo de Ministros
de Justicia e Interior de la UE
daba el visto bueno a la propuesta
de directriz sobre la expulsión de
sin papeles, también conocida como
‘directiva de la vergüenza’. La
norma avanza a pesar de las denuncias,
como la del comisario europeo
de Derechos Humanos (DD HH), T.
Hamnarberg, quien considera que
la directiva de retorno “vulnera” los
DD HH, y “criminaliza” a los inmigrantes.
Por su parte, la secretaria
de Estado para la Inmigración y la
Emigración del Gobierno español,
Consuelo Rumí, considera la directiva
equilibrada y con garantías. Los
ministros aprobaron sin unanimidad
el borrador. Las discrepancias
giraban en torno a la obligación o
no de dar asistencia jurídica gratuita
a los sin papeles que presenten
recurso ante su expulsión. Algunos
países como Alemania se oponían
por el coste económico. El borrador
pactado por los 27 reconoce la obligación
de dar asistencia legal gratuita
de acuerdo con la legislación
de cada país en lo relativo a las disposiciones
del estatuto del refugiado.

Por su parte, la UE ofrecerá ayuda
financiera comunitaria. El resto
de las medidas se mantiene. El texto
aún debe ser ratificado por los
eurodiputados el 18 de junio.
Mientras, la campaña para evitar
su aprobación redobla su intensidad:
cartas a los eurodiputados,
denuncias por parte de
centenares de organizaciones
europeas (incluso el sindicato
CC OO se opone a ella) y un sinfín
de movilizaciones. Además,
se ha convocado una concentración
para el 10 de junio en Fuerteventura
y una jornada europea
de lucha para el 17 de junio.

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