ENTREVISTA // AUGUST GIL MATAMALA, EX PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DEMÓCRATAS EUROPEOS
“La desaparición de la Audiencia Nacional es urgente y necesaria”

August Gil Matamala es penalista desde
1960 y fundador de la Comissió de Defensa
dels Drets de la Persona del Col·legi
d’Advocats de Barcelona. Ex presidente
de la Asociación de Abogados
Demócratas Europeos (AED), participó
en la Iniciativa de Observación Internacional
en el macrosumario 18/98+
contra diversas entidades de la izquierda
abertzale. Gil Matamala habló con DIAGONAL
en la jornada contra el 18/98+
celebrada en Madrid.

09/03/08 · 23:10
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DIAGONAL: La sentencia del
18/98+ condena a 46 personas a
más de 500 años de cárcel por terrorismo.
Según el informe de la Iniciativa
de Observación Internacional
sobre el proceso, éste es fruto de
una mala instrucción. ¿Por qué ha
prosperado?

AUGUST GIL: Baltasar Garzón, titular
del juzgado de instrucción 5
de la Audiencia Nacional, inventa la
teoría del desdoblamiento, ya convertida
en doctrina jurisprudencial,
por la que toda la izquierda abertzale
es ETA. Según esta iluminación,
la organización político-militar ETA
crea entidades bajo apariencia legal
para la acción civil, política, cultural
e informativa, y las manda, financia
y hasta nombra cargos, porque integran
la entidad global ETA-KAS
(Coordinadora Abertzale Socialista).
Valiéndose de sus relaciones
con las Unidades de Investigación e
Información de la Guardia Civil, en
1989 Garzón inicia unas diligencias
secretas con escuchas telefónicas e
información de detenciones de etarras.
En el ‘98 abre el macrosumario
y clausura e interviene judicialmente
el periódico Egin. Es un instructor
con facultades enormes, pero
sus decisiones se pueden revisar
y recurrir en un nivel jurisdiccional
superior, la sala 4ª de lo penal de la
Audiencia. Dos magistrados no se
dejan embaucar por esta visión desorbitada
del tejido asociativo vasco
y revocan el procesamiento de AEK
(organización para la promoción
del euskera); así como el del periodista
Pepe Rei y ponen trabas a la
intervención sobre Orain SA, editora
de Egin, afirmando que no tiene
fundamento racional deducir que
ser de su consejo mercantil es ser
de ETA. En cuanto a Xaki, la sala
establece que “prestar asistencia sanitaria
a personas vascas en el extranjero,
realizar actividades para
evitar la extradición, criticar el sistema
legal español y trabajar por el
reconocimiento internacional del
derecho a la autodeterminación, e
incluso difundir la Alternativa Democrática
para Euskalherria no tienen
calificación delictiva ni apariencia
de ilicitud”. La sala también rechaza
acusar de señalamiento a la
revista Ardi Beltza, porque no existe
ese concepto jurídico-penal. Los
magistrados de la sala sufren una
campaña mediática de desprestigio.
Al dejar en libertad a un narcotraficante
marroquí, ‘el Negro’, que se
da a la fuga, les expedientan, suspenden
e inhabilitan por seis meses.
En 2004 el Supremo considera
inmotivada la suspensión, pero el
daño ya estaba hecho: desde entonces
ninguna sala de la Audiencia se
atreve a cuestionar las decisiones
de Garzón.

D.: ¿Qué principios fundamentales
del derecho penal han vulnerado?

A.G.: El primero, la igualdad de armas
entre defensa y acusación.
Hasta diez días antes del juicio la
defensa no pudo acceder a más de
200.000 folios sin indexar donde estaban
las pruebas de la acusación.
En la 15ª sesión aparecieron las diligencias
previas 75/89, y el tribunal
decidió incluirlas en la causa. Sólo
eso es causa de nulidad. Las defensas
pidieron ayuda a los consejos
vasco y español de la abogacía y lograron
suspender el juicio dos meses.
Segundo, el fiscal coló como peritos
a expertos en terrorismo de la
Guardia Civil y los servicios de información
que habían hecho seguimientos,
registros, interrogado directamente
a acusados y redactado
los atestados policiales, cuando el
rasgo fundamental de un perito es
la imparcialidad. Otro principio es
que los atestados policiales son sólo
una denuncia y el juicio sirve para
probar, pero los convirtieron en
pruebas periciales. Nulas, ilícitas y
contradictorias, porque llegaron a
reconocer todo lo contrario de lo
que afirmaban. Además, los peritos
interpretaron documentos, lo que
nunca hacen, y muchos estaban en
euskera, con sus consecuentes problemas
de traducción. En un documento
incautado a un miembro de
ETA se confundió el Estatuto Nacional
de Autonomía (ENA) con el
Euskal Herriko Nazio Agiria (EHNA-
DNI vasco): por este error se
acusó a la Fundación Joxemi Zumalabe
de ejecutar su estrategia. Y por
último, algunas personas imputadas
no contestaron a las preguntas
de la acusación y el tribunal les prohibió
que explicaran por qué. Una
defensa citó la sentencia 2/5/2000
del tribunal de Derechos humanos
de la UE en un caso contra el Reino
Unido que declaró nulo un juicio
porque no se hacían constar los motivos
por los que el procesado no declaraba.
La presidenta, Ángela
Murillo, contestó: “No me interesa
lo que diga Estrasburgo”. Hubo una
hostilidad, beligerancia, mala educación...
con los acusados y las defensas
que dista mucho de la imparcialidad
de los tribunales.

D.: ¿Sentencias antijurídicas como
ésta se deben a la naturaleza de la
Audiencia Nacional?

A.G.: Hay un sector de la magistratura
disconforme con la ley que aplica
criterios personales. La Audiencia
Nacional es un episodio clarísimo
de aplicación de criterios políticos
por encima de los jurídicos y hace
de agente político directo. La
judicialización de la vida social y la
concentración de las causas lo favorece.
Pocos jueces y tribunales dirimen
las de más trascendencia penal
y motivación jurídica, lo que les permite
usar elementos excepcionales
(prisión, medidas cautelares). Es
una concentración perniciosa y se
ajusta a la legislación antiterrorista,
excepcional, discriminatoria y que
niega la igualdad, lo que requiere un
tribunal de excepción. La desaparición
de la Audiencia Nacional es urgente
y necesaria para una democratización
real de la vida judicial.

¿Cómo erradicar la tortura?
_ D.: ¿Qué opina de la instalación de cámaras
en las comisarías
para evitar torturas?
_ A.G.: No hay cámara
que lo grabe todo ni
espacios que no sean
opacos. Si las
implantan no habrá
ninguna posibilidad
de que prosperen las
denuncias por tortura,
y eso que ahora son
mínimas.
_ D: ¿Se puede erradicar
la tortura?
_ A.G: Las actuaciones
desviadas son inevitables;
lo inaceptable
es la generalización y
la impunidad de esta
práctica. Para acabar
con la tortura hay que
acabar con el interrogatorio
policial desde
el momento en que
no declarar es constitucional.
En otros países
la policía hace
escuchas y cuando
tiene indicios motivados
pide la detención,
se pasa a disposición
judicial en pocas
horas. En Gran Bretaña
y EE UU, no hay
instrucción, interroga
el fiscal, y en Francia
lo hace el juez.
_ D.: Además de la
legislación antiterrorista,
¿la de extranjería
favorece este tipo de
abusos?
_ A.G: El internamiento
no se ampara en un
concepto penal, no se
les imputa ningún
delito y es una situación
administrativa. Si
pueden expulsarles
ipso facto, ¿qué sentido
tiene tenerles 40
días en un Centro de
Internamiento de
Inmigrantes para soltarles
ilegales?

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