En el recién estrenado año 2011
tendría que haberse hecho efectiva
la ampliación del permiso de paternidad
de dos a cuatro semanas, pero
el Gobierno paralizó el pasado
otoño la entrada en vigor de esta
medida, aprobada por Ley, anunciando
que se posponía hasta 2012
a causa de la crisis económica. La
Plataforma por Permisos Iguales e
Intransferibles de Nacimiento y
Adopción (PPiiNA), compuesta por
más de 80 organizaciones sociales,
rechaza este argumento y defiende
que la igualdad de los permisos es,
por el contrario, una contribución
al fin recesión económica.

El permiso de paternidad es actualmente
de 13 días pagados por
la Seguridad Social, que se añaden
a los dos días a cargo de la empresa.
María Pazos, jefa de Investigación
del Instituto de Estudios
Fiscales en el Ministerio de Economía
y portavoz de la PPiiNA, explica
que su ampliación supondría
un coste “abordable” de 200 millones
de euros y, por tanto, el razonamiento
del Gobierno de que en
tiempos de crisis no es recomendable
por motivos presupuestarios no
responde a la realidad ya que sobrestima
el coste. “Estos argumentos
aparecen a la hora de aumentar
el permiso de paternidad, pero
no cuando se trata de aumentar el
de maternidad, de subvencionar
empleos a tiempo parcial o excedencias
para el cuidado” a las mujeres,
añade Pazos. Y critica al
Gobierno por decidir este retraso
“de espaldas a la ciudadanía, puesto
que según el Barómetro del CIS
de marzo de 2010, el 88,7% de las
mujeres y el 88,5% de los hombres
españoles se mostraba muy de
acuerdo o bastante de acuerdo con
esta ampliación”.

En este sentido, María Pazos recuerda
que mientras se cuestionaba
el coste de ampliar el permiso
de paternidad, se establecieron
medidas que suponen un “despilfarro”,
como el llamado cheque-bebé
que ha supuesto 1.200 millones
de euros anuales sin que haya
constancia de que signifique avance
hacia la igualdad.

Los representantes políticos del
PSOE, IU y del PP coinciden en
afirmar que es necesario aumentar
la duración de los permisos de paternidad
en el Estado español, aunque
dicha ampliación no se hará
efectiva en 2011. “Queremos las
mismas políticas pero el desacuerdo
está en si las consideramos prescindibles
en época de crisis o no”,
manifestó el diputado de IU,
Gaspar Llamazares.

Para la portavoz de la PPiiNA, la
crisis hace que sea más urgente
“esta reforma, como todas las medidas
efectivas para la igualdad total”
pues son imprescindibles para
que se produzca un cambio del actual
modelo productivo y se acabe
con el derroche “del capital humano
de las mujeres, del capital cuidador
de los hombres, y se termine
también con la segmentación del
mercado de trabajo por sexos”. Por
su parte, Soledad Murillo, miembro
del Comité de Antidiscriminación
de la Mujer de la ONU
(CEDAW) considera que alargar
los permisos a las madres mantiene
la situación de discriminación
de la mujer en el rol de cuidadora
y, de este modo, “a las mujeres se
les expropia el tiempo”. En su opinión,
los Estados gestionan los permisos
de maternidad tratándolos
“como políticas encaminadas a cubrir
necesidades, no como derechos,
y las tratan como asuntos de
mujeres” considerando a las mujeres
como colectivo. Así, “se habla
de conciliación entre vida personal
y profesional sólo para las mujeres”.
Por el contrario, sostiene
Murillo, las medidas que no tienen
que ver con los temas de cuidado,
es decir, aquellas que los roles sociales
no asocian a las mujeres, “se
gestionan como derechos para toda
la ciudadanía”. Además, rema-
cha Soledad Murillo, los Estados
contemplan las medidas de igualdad
dentro de las políticas de familia
institucionalizando así los roles
tradicionales.

La igualdad es rentable

La PPiiNA defiende los beneficios
sociales y económicos que tienen
los permisos iguales, intransferibles
y pagados al 100%. Su portavoz,
María Pazos, asegura que sólo
cuando los permisos sean iguales
para madres y padres, “el empresariado
no etiquetará a las mujeres
como menos disponibles, disminuirá
la brecha laboral, los padres
podrán asumir su 50% del cuidado
fomentándose la corresponsabilidad
y los niños y niñas verán que
son igualmente importantes para
sus dos progenitores”. En esta línea,
Inmaculada Gimeno, sindicalista
valenciana y también de la
PPiiNA, destaca que el año pasado,
el 65% de los trabajos desempeñados
por mujeres eran considerados
“vulnerables” porque “las
empresas siguen considerando la
maternidad como un problema” y,
si pueden elegir, la mayoría prefiere
contratar a hombres.

Por otro lado, el envejecimiento
de la población que vive la sociedad
provoca que “cada vez hay
más personas en edad de ser cuidadas
y cada vez menos personas
en edad de cuidar”, por eso, indica
Pazos, la sociedad “no puede permitirse”
que los hombres, es decir
la mitad de la población, no cuiden.
“Hay que pensar que la maternidad
es la tasa de reposición
que garantiza la jubilación y por
eso no se pude convertir la maternidad
en una penalización en el
trabajo”, añade Gimeno.

Soledad Murillo opina que “el
cuidado es un derecho” y propone
exigir a los Estados información sobre
las partidas presupuestarias
que destinan a la financiación de
los cuidados. Eliminar estas discriminaciones
aumentaría “enormemente”
la productividad y la competitividad
del país, incide Rosa
María Fernández Sansa, de la Coordinadora
Española del Lobby Europeo
de Mujeres, e insiste en la necesidad
de mantener la totalidad del
salario mientras dura la baja para
que “las familias se sientan seguras”
en el momento de decidir tener
descendencia.

Para recuperar las tasas de fecundidad
“hasta niveles aceptables” la
PPiiNA propone ayudar a las familias
para que puedan tener los hijos
que desean, que según las encuestas
son una media de 2,1 hijos por
mujer, y pide respaldar a estas para
que no se vean obligadas a elegir entre
empleo de calidad y maternidad.
Y ello porque recuerda esta Plataforma,
el hecho de tener un hijo o
hija es un hándicap en el desarrollo
profesional de las mujeres y la precariedad
laboral femenina provoca
que cada día más las mujeres retrasen
el momento de ser madres.

Carmen Castro, economista y coportavoz
de la PPiiNA insiste en
que “la equiparación de los permisos
no debe entenderse como un
coste sino como una inversión de
futuro extremadamente rentable” y
sostiene que “si los permisos de paternidad
intransferibles estuvieran
incorporados en el mercado laboral
español, el PIB del país aumentaría
un 38%”.