La comisaria europea de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, ha criticado el proceso de copago judicial que puso en marcha Alberto Ruiz-Gallardón el pasado mes de noviembre. El más que significativo incremento de tasas en procedimientos civiles, y la aparición de algunas nuevas en procesos que eran gratuitos provocó una cadena de manifestaciones y peticiones cuyo objetivo era detener esta ley. Reding se unió a las críticas hacia el ministro y explicó que un “recargo excesivo” de las tasas judiciales podría provocar una “restricción” del derecho a la Justicia.

A pesar de que el Tribunal de Estrasburgo no considera la exigencia de honorarios una violación en sí del derecho fundamental de acceso a la Justicia, sí cree oportuno remarcar que, en el caso de ser desproporcionada esta exigencia, vulneraría el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva. Por ello, Viviane Reding ha mostrado su preocupación y ha declarado su intención de vigilar de cerca el caso español, para evitar que se restrinja este derecho fundamental de los ciudadanos.

Discriminación

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que a petición de los colectivos de magistrados exigió la paralización de la ley, ha conseguido que Gallardón recule en algunas tasas, pero a pesar de ello el proyecto de incremento de las tarifas en procedimientos civiles seguirá en marcha. La oficina del Defensor del Pueblo tiene hasta el 21 de febrero para recurrir las tasas ante el Tribunal Constitucional. La Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (Medel) se suma también a las protestas contra la Ley de Tasas, argumentando que podría provocar situaciones de discriminación ante el derecho de acceso a la Justicia por motivos económicos.

En Europa, 46 países aplican diferentes tipos de tasas judiciales, pero las tarifas son muy diferentes. En Reino Unido, donde el salario mínimo es de 1.238 libras (1.436 euros), las tasas judiciales en procedimientos civiles oscilan entre 25 y 325 libras (entre 30 y 380 euros); en Dinamarca, cuyo sueldo mínimo, calculado estadísticamente, ronda los 2.000 euros, las tasas judiciales son de cerca de 70 euros, y muchos procedimientos civiles, como los relacionados con el derecho de familia entre otros, están exentos de tasas. Sin embargo, en España, con un salario mínimo de 748 euros, las tasas judiciales impuestas por el Ministerio oscilan entre los 100 y los 1.200 euros.