ABORTO : LA GUARDIA CIVIL ORQUESTÓ EL PROCESO CONTRA ISADORA
La campaña contra el aborto se desmonta en los juzgados

La Asociación de Planificación Familiar de Catalunya y Baleares (APFCIB) se declara
indignada por la vulneración de derechos de mujeres y profesionales que practican
abortos y alerta de nuevos ataques ultraconservadores contra personal de las clínicas.

17/04/08 · 0:00
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POR EL DERECHO A DECIDIR. En los últimos meses miles de mujeres se han manifestado exigiendo el derecho a decidir sobre sus cuerpos / David Fernández

La Asociación de Planificación
Familiar de Catalunya i Balears
(APFCIB) manifiesta que la persecución
de Isadora y la citación a
participantes en la campaña de
autoinculpaciones del aborto, coloca
a mujeres y profesionales “en
una situación de inseguridad jurídica
que vulnera sus derechos
fundamentales”.

En Tarragona, el juzgado 6 de
instrucción ha citado a declarar como
testigos a más de 20 personas
de las 170 autoinculpadas en febrero
para apoyar la campaña feminista
estatal por el aborto libre y
gratuito. Entretanto, continúa el
proceso de acoso contra la clínica
Isadora, cuyo último capítulo se
produjo el viernes 4 de abril, cuando
dos ginecólogos y la psiquiatra
del centro fueron citados a declarar
como imputados por abortos
ilegales ante el titular del Juzgado
número 47 de Madrid, José Sierra.
Los tres le pidieron que precisara
las acusaciones y saber “de cuáles,
cuántos, de qué abortos concretos
se les acusan”, explicó la portavoz
de Isadora, Empar Pineda, pues “el
juez tiene las historias clínicas, que
nos las pidió, y si no te dicen de qué
aborto se trata, no puedes defenderte”.

Pineda insiste en que se trata de
“un montaje” y explica el relato de
los hechos que contienen tres tomos
del sumario. En junio de 2006
La Plataforma La Vida Importa denunció
a Isadora por mala gestión
de residuos ante la Guardia Civil,
que acudió a la clínica y precintó
cinco contenedores. Nadie de la
inspección de Sanidad ni de la
Consejería de Medio Ambiente dio
crédito a sus sospechas, salvo el
inspector Juan Raúl Sanz, de Salud
Pública, que “se ha tomado el
asunto como una cruzada personal
en defensa de los restos abortivos,
a los que llama restos humanos
permanentemente. A partir de
este momento, una funeraria tiene
que recoger los restos abortivos
que tengan ‘entidad suficiente’,
que es como no decir nada”, relata
Empar Pineda. Después llevaron
los contenedores a un tanatorio,
abrieron las bolsas con los restos
abortivos y les hicieron fotografías
que enviaron al grupo Intereconomía
y a la Gaceta de los Negocios
que, según Pineda, “al día siguiente
publicó en portada que
Isadora tira fetos a la basura con
fotos del tanatorio”. Los agentes
fueron a denunciarlo al juzgado 6
de instrucción, que se encontraba
de guardia, porque calculaban “a
ojo” que había fetos de 22 semanas
y querían que los trasladasen
al Instituto Anatómico Forense para
analizarlos. El juez no les autorizó,
argumentando que no podían
sostener que los fetos tenían
más de tres meses de gestación sin
haber hecho ecografías y otras
pruebas.

La Guardia Civil insistió y probó
suerte en otro juzgado, presentando
la misma acusación a pesar de
que la ley no lo permite, lo que Empar
Pineda califica de “fraude de
ley”. Esta vez cayó en manos del
juez Sierra, quien admitió “las
pruebas” e instruye el sumario desde
febrero del año pasado (ver
DIAGONAL 68). Así consiguieron
llevar los restos abortivos al Instituto
Anatómico Forense, que certifica
que no hay ningún feto de más
de 22 semanas.

En enero el juez llamó a declarar
a mujeres que abortaron en
Isadora el año pasado y la semana
pasada citó a tres profesionales
del centro. Según Pineda, “si
Sierra hubiera actuado en derecho,
habría sobreseído el asunto,
pero ha seguido buscando nuevos
delitos. Esto no es una instrucción
normal ni legal porque
está haciendo lo que hacía el tribunal
de la Inquisición: lo que se
llama una causa principal, ir investigando,
y si me falla este delito,
busco otro”, lamenta.

Según APFCIB las comparecencias
de profesionales de Isadora
ante el juez, muestran “fundadas
sospechas de que ha sido un montaje
organizado por la Guardia
Civil, sin la autorización del primer
juez que lo valoró”.

Los ultras apuntan de nuevo
_ Tras el cierre de las clínicas
del grupo CB
Medical motivado por
una denuncia, el presidente
de la entidad
ultracatólica E-Cristians,
Josep Miró i
Ardèvol, apunta a los
centros catalanes de
la Asociación de Clínicas
Acreditadas para
la Interrupción del
Embarazo (ACAI). En
marzo, Miró i Ardèvol
envió un requerimiento
notarial a Santiago
Barambio, director de
la clínica Tutor Médical
y portavoz de ACAI en
Catalunya, exigiéndole
aclarar los supuestos
bajo los que los centros
de ACAI hacen
abortos o le denunciaría
por practicar abortos
ilegales (ver DIAGONAL
74). El ex
conseller de Agricultura
de la Generalitat y
miembro selecto del
entorno pujolista ha
cumplido su amenaza.
María Olivella, de la
Associació de Planificació
Familiar de Catalunya
i Balears, asegura
que Miró se toma
«la justicia por su
mano» y hace acusaciones
sin pruebas,
basándose en declaraciones
de Santiago
Barambio en un seminario
en Roma. Olivella
lamenta que tenga
«poder y medios» para
incriminar injustamente
al profesional.

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