LGTB // OBSTÁCULOS A LAS BODAS HOMOSEXUALES
La banda de los jueces prejuiciosos

Actúan por separado, pero se sospecha que pertenecen a la misma red: son
los jueces que obstaculizan las bodas homosexuales con las más peregrinas
excusas legales. Es verosímil pensar que la derecha haya preparado una
estrategia de actuación organizada.

12/06/06 · 20:31
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CONTRA LAS BODAS HOMOSEXUALES. Uno de los elementos centrales de la manifestación del pasado 18 de junio “en defensa
de la familia” fue la oposición a los matrimonios entre personas del mismo sexo. // Miguel Ángel Martín

Los hechos comenzaron el
29 de julio, cuando la
jueza Laura Alabau, responsable
del Registro Civil
de Denia, presentó una cuestión
de inconstitucionalidad a la
nueva Ley de matrimonio cuando
dos mujeres le solicitaron iniciar
los trámites para casarse. La Dirección
General de los Registros y
del Notariado informó en menos
de 24 horas a la jueza de que su
actuación no se ajustaba a derecho,
y señaló la “falta de legitimación
de los encargados de los
Registros Civiles para promover
cuestiones de inconstitucionalidad”.
Dicho de otra forma: los jueces
y juezas responsables de
registro no tienen potestad para
dirimir si una ley es constitucional
o no, ni siquiera para elevar esa
duda a los tribunales, por lo que
Alabau, de la que se conoce su
pertenencia a la conservadora
Asociación Profesional de la Magistratura,
se excedió de sus funciones.
El Foro de la Familia y el
Consejo General del Poder Judicial
la apoyaron, mientras que la
fiscalía de Alicante envió un informe
contrario a la decisión de la
jueza, y Jueces para la Democracia
y diversos colectivos de lesbianas
y gays criticaron el “prejuicio
ideológico” de su actuación.

En las fechas siguientes, dos
jueces más imitaron la estratagema
de Alabau: el juez Francisco
Javier García, de Telde (Gran
Canaria), dio con la puerta en las
narices a tres parejas para elevar
una nueva cuestión de inconstitucionalidad
el 12 de agosto, con
reacciones similares: un nuevo
informe por parte de la fiscalía
local negando la potestad del juez,
y protestas de organizaciones de
gays y lesbianas y otros grupos
progresistas. Cristo Elvira y Damián
Pérez, una de las parejas
perjudicadas, se niegan a buscar
otro lugar para la boda: prefieren
mantener su solicitud en el Registro
Civil de Telde porque consideran
su derecho a casarse justamente
allí. Por último, el 18 de
agosto, la jueza María Luisa Miranda,
de Burgos, negó a dos mujeres
su derecho a casarse e inició
los trámites de recurso por inconstitucionalidad,
comportamiento
que Natividad Cabello,
presidenta de La Rueda, asociación
de mujeres burgalesa que
apoya a la pareja, definió como
“utilización del Derecho con fines
ideológicos”.

Más allá de las consideraciones
jurídicas, hay 10 personas cuyos
derechos están siendo “paralizados”,
y para las que el coste emocional
de todo este proceso está
siendo muy grande: “como un
jarro de agua fría”, declaró una de
las parejas de Telde ante la prensa.
El esquema es tan parecido en
los tres casos que es obvio que sigue
un mismo guión, y parece que
todo forma parte de la estrategia
global del ‘otoño caliente’ de la
Conferencia Episcopal y el Partido
Popular. Mientras tanto, falta
por saber el desenlace: el Tribunal
Constitucional será el nos cuente
el final de la película cuando den
una respuesta a los recursos conservadores.
Pero que se den prisa:
hay 10 personas esperando.

Una sentencia firme
contra la derecha judicial

Un cuarto juez, que actúa en Canet
de Mar (Barcelona), intentó
el 4 de Julio un inaudito sistema
de boicoteo a las bodas gays,
cuando rechazó tramitar una
solicitud de matrimonio entre
Enric Baucells y su compañero
Vipul Dutt, originario de India.
Adujo que en el país de origen de
uno de los contrayentes no se
reconoce el matrimonio entre
personas del mismo sexo y que
debía pedir una autorización al
consulado de su país (en India, la
homosexualidad es ilegal). Quizá
olvidó los artículos 9.2 y 50 del
Código Civil, que otorgan a los
extranjeros el derecho a casarse
en el Estado español aplicándoseles
la legislación española,
como también lo hicieron los
miembros del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, que enviaron
un comunicado urgente
de apoyo al juez. La prensa desveló
por esas fechas que en
dichos juzgados se había escrito
a máquina una hoja de instrucciones
en la que se ordenaba exigir
una autorización consular a
todos los contrayentes gays o
lesbianas que fueran extranjeros.
La abogada catalana Isabel Castro
i Guàrdia denunciaba estas
medidas excepcionales, señalando
que “está claro que quienes se
han inventado el requisito de un
certificado del país extranjero lo
hacen para eludir el cumplimiento
de la nueva ley”.

El empeño del juez de Canet
fue finalmente en vano: la Dirección
General de Registros publicó
una resolución-circular en el BOE
el pasado 8 de agosto, según la
cual dos personas del mismo sexo
pueden celebrar matrimonio incluso
si una de ellas es extranjera,
o siendo ambas extranjeras residentes
en el Estado español, aunque
la legislación de sus países de
origen no reconozca este derecho.
¿No es sobrecogedor pensar
que dichos jueces, tan pendientes
de la legislación de terceros países,
puedan seguir esa misma
lógica en otros casos y condenar a
cualquier ciudadano estadounidense
a la silla eléctrica aunque
las leyes españolas hayan derogado
la pena de muerte? ¿Permitirían
la venta de marihuana a los
holandeses durantes sus vacaciones
en Cataluña dado que en los
Países Bajos es legal?

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