Juan Carlos Rojas

Hace unos días, un diario mexicano
analizaba las concesiones mineras
en muchas zonas de Chiapas, y se
preguntaba: “El despliegue de la policía
preventiva del Estado es muy
grande. ¿Vigilan el descontento social,
frecuente por acá, o el oro que
nadie ha visto?”.

En todo México está desplegado
el Ejército y la excusa del combate al
narcotráfico le da impunidad. Un caso
paradigmático es el intento de invasión
del Caracol zapatista de La
Garrucha. En junio, el Ejército intentó
entrar con 200 soldados y tanquetas,
pero fue repelido por los indígenas
de la zona, con palos, machetes
y piedras. La excusa era que buscaban
drogas. Amenazaron con que
volverían y entrarían “por huevos”.
En otras comunidades los militares
destruyen sembrados y casas.
A la estrategia del Gobierno federal
de utilizar al Ejército como ariete,
ahora se suma la estrategia del Gobierno
del Estado de Chiapas, que
mediante mecanismos legislativos
busca enfrentar a las distintas comunidades,
con el objeto de desplazar y
despojar de sus tierras a miles de
campesinos indígenas para facilitar
la explotación de los recursos naturales
(petróleo, maderas, minerales,
cultivos para etanol, etc.) o un ecoturismo
muy sui generis.

Justo en el municipio de Venustiano
Carranza se encuentra la comunidad
de Cruztón, cercana a codiciados
yacimientos de oro, donde la
policía estatal y civiles armados presionan
e invaden terrenos. Por ahora
son las mujeres las que salen a resistir,
ya que muchos de los hombres
tienen orden de detención tras su lucha
por los campos que trabajan. En
Cruztón la defensa de la tierra es urgente
y está a flor de piel, según una
delegación de La Otra Campaña que
visitó la comunidad para mostrar
que los pobladores “no están solos”.
Ante los visitantes nacionales y extranjeros,
una mujer de la comunidad
declaró: “Vamos a seguir luchando,
pase lo que pase”.

El Gobierno de Chiapas expide
documentos de propiedad sobre tierras
que ya están siendo trabajadas,
expulsa a comunidades con decretos
de dudosa inconstitucionalidad y
propicia la división de tierras comunales,
todo ello para facilitar la entrada
de empresas trasnacionales y
destruir los territorios autónomos.
Se apoya en la policía y el Ejército
para criminalizar y reprimir la protesta
social mediante fabricación de
delitos. Así, se combinan los dos
niveles de gobierno, más algunos
municipales, en crear un clima de
guerra. Eso está ocurriendo, por
ejemplo, en Huitepec, reserva ecológica
de San Cristóbal de Las Casas.

El Partido de la Revolución Democrática
de López Obrador, que se autodefine
de izquierdas, es el que gobierna
en Chiapas y el que está participando
en la represión. Además de
utilizar la policía estatal y mostrar
una gran permisividad hacia los grupos
paramilitares, el Gobierno local
recurre a las actuaciones judiciales
contra activistas sociales, según denuncian
organizaciones de defensa
de los derechos humanos como el
Centro de Derechos Fray Bartolomé
de Las Casas o el CAPISE.

El gobernador chiapaneco Juan
Sabines incluyó hace menos de un
año en su gabinete a Constantino
Kanter, un hacendado conservador
que se autodenominó como antizapatista
y que pronunció la frase
racista “vale más un pollo que un indio”
en los años ‘90. Ahora este hacendado
tiene respaldo político y
amplio presupuesto para su trabajo.