A LA PLAZA DE MAYO, NO. El Gobierno de Kirchner ha impedido a tres manifestaciones
alcanzar la histórica plaza. / Nicolás Pousthomis (argentinaphoto.com.ar)

El presidente Néstor Kirchner
intenta establecer un
improbable equilibrio. Por
un lado, trata de promocionarse
como defensor de los derechos
humanos y confronta discursivamente
con el FMI. Pero, por otro, toma
medidas represivas y acata el pago
de la deuda externa sin aumentar
el gasto social y en noviembre recibirá
a George Bush en la Cumbre de
las Américas. En Argentina, casi el
70% de los menores de edad viven
bajo la línea de la pobreza y más de
4.000 personas están procesadas por
protestar en la calles: todavía se mantienen
presos políticos, como el piquetero
Gabriel Roser. Si bien el
kirchnerismo se jacta de no reprimir
la protesta social -como piden los
sectores de derecha-, ignora las demandas
de las organizaciones.

En los últimos tiempos, el Gobierno
montó operativos de saturación
policial que consisten en desplegar
un policía cada 10 manifestantes,
más carros hidrantes y helicópteros.
Así, Kirchner impidió en tres ocasiones
que manifestaciones se acercaran
a la Plaza de Mayo, medida inédita
para un Gobierno constitucional.
También impidió el tradicional
corte del Puente Pueyrredón, que se
realiza todos los meses para conmemorar
a los caídos en la Masacre de
Avellaneda, con un impresionante
despliegue de gendarmes.

Esta postura está alentada por la
inminencia de los comicios legislativos
del 23 de octubre, por la fuerte
presión mediática, que estigmatiza a
los desocupados cada vez que se manifiestan,
y por sectores de las capas
medias, distanciados de las luchas
una vez que sus problemas más acuciantes
fueron estabilizándose.

Mientras tanto, las mismas cifras
oficiales del Instituto Nacional de
Estadística y Censos indican que hay
cuatro millones de personas con problemas
de empleo. Y sólo un millón
y medio de desempleados cobra el
magro beneficio del llamado Plan
Jefes y Jefas de Hogar, un subsidio
de 150 pesos (50 dólares). El monto
de los planes no alcanza a cubrir ni
el 10% de lo que una familia necesita
para vivir. Por eso, los movimientos
de desocupados reclaman que, hasta
que no se generen puestos de trabajo
para todos, se universalicen los planes
a todos los desocupados y se aumenten
a 350 pesos. Esta lucha confluye
con la de los trabajadores ocupados,
que piden un salario mínimo
de 1.800 dólares, y con el reclamo de
más presupuesto para la salud y la
educación pública.

Los planteamientos piqueteros
que se hacen ahora son los mismos
que se reivindicaban cuando sucedió
la Masacre de Avellaneda (ver DIAGONAL
nº 9), ante la pauperización
de los sectores populares, situación
que no ha variado en lo sustancial.