EL 20 DE NOVIEMBRE EL CONGRESO DIO LUZ VERDE AL PROYECTO DE TASAS JUDICIALES
Justicia acelera los trámites para introducir el copago judicial

El Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón apuesta por el copago judicial con el aumento de pago de tasas judiciales para la ciudadanía.

07/12/12 · 12:35
Edición impresa

inforelacionada

“¿Sabía que... para reclamar el pago de una deuda de mil euros deberá abonar una tasa de cien euros? ¿Y que para recurrir ante los tribunales cualquier actuación de la Admi­nistración deberá abonar una tasa mínima de entre 200 y 350, según el tipo de proceso?”. Estas y otras preguntas aparecen en el tríptico difundido por la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ), dentro de la campaña que han puesto en marcha bajo el nombre “No a las tasas. Justicia para tod@s”. Esta campaña tiene por objetivo denunciar el Proyecto de ley presentado el 22 de octubre por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

El Gobierno del PP argumenta que el aumento de tasas judiciales es una medida que persigue dos objetivos. En primer lugar, beneficiar a las personas con menos recursos, ofreciéndoles la gratuidad del servicio. En segundo lugar, el ministro ha señalado la necesidad de reducir el número de litigios, apuntando el exceso de recursos a la justicia que se presentan. La medida contempla el pago de tasas judiciales para todos los recursos que se interpongan, excluyendo la jurisdicción penal. A las tasas que ya existían cuando se recurría por las vías civil y de lo contencioso-administrativo, se les aumenta la cuantía, y se añaden en este grupo los recursos interpuestos en la jurisdicción social.

El hecho es que pocas son las voces que han defendido y apoyado la iniciativa de proyecto de ley. Dentro del Congreso, todos los grupos políticos se opusieron al proyecto de ley que presentó el ministro de Justicia. Sin embargo, la mayoría absoluta del PP ha permitido que el proyecto siga adelante con el procedimiento de un trámite de urgencia, con la aprobación el 20 de noviembre por parte del Congreso de los Diputados de esta medida, de forma que el 1 de enero de 2013 pueda entrar en vigor.

Fuera del Congreso, son numerosas las asociaciones de juristas que han mostrado su rechazo a esta ley de tasas, además del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde CEAJ se ha difundido una carta al ministro de Justicia en la que se plantean las principales razones que sustentan la oposición a esta ley. Entre estas razones, se menciona también el problema de carácter autonómico que va a plantearse a partir de la puesta en marcha de la norma. En concreto, se mencionan Catalunya, y Valencia, “que aplican ya una serie de tasas al justiciable, con lo cual, de entrar en vigor su norma recaudatoria, se aplicaría doblemente una tasa al ciudadano que accede a la justicia, lo que ya resulta injustificable por mucho que se pretenda por el legislador motivar la fijación de las mismas”. Desde CEAJ también se han realizado concentraciones, en las que ha participado el Consejo General de la Abogacía Española, que también se ha mostrado en contra de esta imposición del copago judicial.

María Moretó Matosas, presidenta de la Unión Progresista de Fis­cales (UPF), se pronuncia asimismo en contra de la medida y contra los principales argumentos del ministro de Justicia. Moretó expone que UPF valora negativamente esta ley de tasas “porque va a suponer que sólo va a acceder a la justicia o los muy pobres, porque van a tener el derecho a la justicia gratuita, o los ricos. Por tanto, las clases medias no van a poder tener acceso, porque no sólo es una tasa por poner la demanda, sino además un tanto por ciento por la cuantía del pleito. O sea, que en ocasiones, va a ser anti-económico el reclamar”.

Moretó cree que la medida sólo tiene un afán recaudatorio por parte del Gobierno. Objetivo que se ha visto avalado por ese trámite de urgencia con el que se ha seguido dando curso al proyecto de ley: “Todos los grupos parlamentarios han presentado enmiendas a la totalidad y no han aceptado ni una. Al contrario, lo que han hecho es acelerar la tramitación”. Como expresa Morató, “ahora ya hay justicia gratuita y se ha estado financiando. El hecho de que se financie la justicia gratuita no puede vulnerar un derecho de las personas, al impedirles el acceso a la misma”, lo que de facto se establece con esta imposición de tasas.

Por su parte, Luis de los Santos, abogado del Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas, manifiesta que “la justificación de que se hace para financiar la justicia gratuita es mentira, porque la justicia gratuita se paga a través de los impuestos, desde el IVA cuando consumes, hasta el IRPF”. Para De los Santos, esta medida del Gobierno va en consonancia con toda una línea de actuación que el Partido Popular ha puesto en marcha desde su llegada al poder: “Ahora los ciudadanos van a tener que pagar doblemente lo que son los servicios de justicia, en consonancia con lo que está pasando en sanidad, educación, etc. Aparte de por los tributos generales, que es como se financia la Administración de justicia, va a haber una serie de tasas, de precios destinados a financiar doblemente esto”. Una posible situación que puede generar esta medida, según De los Santos, es que “por ejemplo, un trabajador que tenga que recurrir un despido, o a quien no le haya pagado la empresa durante un año, con una situación económica precaria, va a tener que poner un depósito de hasta 500 euros para tener que recurrir a los juzgados de lo Social”.

¿Exceso de litigiosidad?

El Ministerio de Justicia argumenta que la ley de tasas se ha diseñado con un segundo objetivo: reducir el número de recursos interpuestos, que se percibe como excesivo por parte del Gobierno. Desde el Consejo General de la Abogacía se señala que se busca disuadir a la ciudadanía a la hora de poder recurrir a la Administración de justicia para resolver situaciones de carácter legal, frente a empresas, o frente a la propia Administración del Estado. De los Santos explica que “es cierto que hay un exceso de litigios, pero es que también hay un exceso de conflictos”. De los Santos continúa afirmando que “en los juzgados de lo Social se han disparado, por ejemplo, los temas de despido y de reclamaciones de cantidad, como consecuencia de la crisis. Ahora que si lo que quieren es cortar que los ciudadanos puedan acceder a este tipo de litigios, pues lo primero que tendrán que hacer es una reforma laboral en condiciones, que evidentemente reduciría la conflictividad social que hay ahora mismo en Andalucía y en el Estado”.

REFORMA Y CONSTITUCIÓN


 

ARTÍCULO 24 DE LA CARTA MAGNA

Tanto por parte de partidos políticos, como de asociaciones de juristas, se habla de la inconstitucionalidad de la medida. Esta idea toma como base el artículo 24 de la Constitución española, en el que se establece que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”.

DIFERENCIA ENTRE EMPRESAS Y PERSONAS

Desde la Unión Progresista de Fiscales recuerdan que una sentencia del Tribunal Constitucional obligó al pago a las empresas que facturaban más de ocho millones de euros. Esta misma sentencia, sin embargo, expresaba, explica María Morató de UPF, que sí habría inconstitucionalidad “cuando la tasa hiciera imposible para determinadas personas acceder a la justicia”.

GARANTIZAR LA TUTELA JUDICIAL

Respecto a posibles actuaciones que puedan ponerse en marcha para reclamar lo inconstitucional de la ley de tasas, Luis De los Santos, del Grupo 17 de Marzo, afirma que “lo que cabría es que distintos diputados interpusieran un recurso de inconstitucionalidad contra dicha tasa al Tribunal Constitucional”, y añade que “esa tasa no te puede impedir el derecho fundamental a poder acudir a los tribunales y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”.

+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

separador

Tienda El Salto