La carga de profundidad que ha significado
el macroproceso 18/98 sigue
generando críticas y denuncias.
Desde luego en esta ocasión el calificativo
de ‘macro’ está totalmente
justificado, una causa de 207.000 folios,
más de medio centenar de acusados,
16 meses de vista oral (uno
de los juicios más largos de la historia
judicial española) que han desembocado
en condenas que en total
suman 525 años de prisión, en la
clausura de varias sociedades mercantiles,
el cierre de cuatro medios
de comunicación, la suspensión de
varias asociaciones y de organizaciones
políticas…

Durante todo el juicio cerca de
300 juristas y abogados de diferentes
ámbitos geográficos –más de
diez países– y profesionales estuvieron
presentes como observadores.
El pasado 6 de febrero, después de
un mes de contrastar y recopilar opiniones,
sus valoraciones fueron hechas
públicas en Barcelona. Según
el demoledor informe de la Iniciativa
d’Observació Internacional sobre
el proceso 18/98, si “la instrucción se
ha realizado con vulneración de derechos
fundamentales”, el juicio no
fue mejor ya que “el derecho a la defensa
ha quedado gravemente en
entredicho” debido a la actitud del
tribunal. Para estos juristas, la sentencia
“establece que la intencionalidad
política, la motivación ideológica,
es suficiente para considerar
un delito de terrorismo”. Y añaden:
“se abre camino al delito de ‘terrorismo
desarmado’ o ‘terrorismo pacífico”.
El informe concluye que “la
sentencia aparece como una decisión
de confrontación, regida por
criterios excepcionales. Es el síntoma
de la existencia de un Estado de
excepción encubierto”.

Durante la rueda de prensa de
presentación, el portavoz de la Asociación
Catalana para la Defensa
de los Derechos Humanos, Rafael
Calderón, uno de sus autores, resumió
las críticas citando una frase
del informe: “hemos conocido juicios
sin pruebas pero en este ni siquiera
hay crímenes”.

“Contra la criminalización”

Por otro lado, en Madrid, y a iniciativa
de activistas ligadas a diferentes
movimientos sociales, está circulando
el manifiesto Contra la criminalización
de las ideas y el desmantelamiento
de los derechos, texto que
respaldan tanto personas como organizaciones.

El texto sostiene que
“sentencias como ésta [la del juicio
18/98] amenazan y agreden al conjunto
de la ciudadanía y abren la
puerta a la instalación de nuevos
guantánamos jurídicos en nombre
de la lucha contra el terrorismo”. Por
ello las personas y entidades firmantes
reclaman “la anulación de este
juicio ilegal y el restablecimiento de
puentes para el diálogo a fin de solucionar
un conflicto que demasiadas
vidas y sufrimientos ha costado ya”.
Para el 23 de febrero, en el centro
social madrileño Patio Maravillas
hay organizada una jornada de información
y debate sobre la sentencia
18/98 y sus consecuencias en la
que el manifiesto y sus firmantes serán
presentados públicamente. Para
contactar con estas iniciativas:
apoyo1898@gmail.com