En abril de 2004 tuvo lugar un motín en la cárcel de Quatre Camins (Barcelona). Transcurridos nueve años, comienza la vista oral del juicio en la Audiencia de Barcelona que finalizará el 5 de junio contra nueve de los funcionarios de la prisión acusados de tortura. José Solís, preso de Quatre Camins cuando sucedieron los hechos y ya en libertad, actuó esos días de abril como portavoz de los amotinados y explica ahora que “lo que pasaba y pasa en aquella cárcel era una acumulación sistemática de torturas, que estalló el 30 de abril cuando dos carceleros agredieron a un preso y se lo llevaron a aislamiento. Entonces la gente actuó en legítima defensa, y se formó un piquete, que se disolvió. Pero entre el tumulto apareció inconsciente el subdirector y otro carcelero quedó retenido, dejado atrás por sus propios compañeros”.

“Un juicio de estas características que se celebra a los nueve años de haberse producido los gravísimos hechos llega demasiado tarde"La situación se convirtió en motín y Solís usó la Cadena Ser para denunciar las torturas que sufrían los presos. “Tras promesas no cumplidas de que se investigaría la situación de los presos”, el motín se deshizo en la madrugada y “ya en la celda yo ya era muy consciente de que me iban a dar la de mi vida”. Solís narra cómo lo golpearon hasta dejarlo tirado en el suelo del departamento de ingresos sin apenas poder respirar. La paliza le acarreó hundimiento de costillas, perforación y rotura de tímpanos, etc. “Luego vi batas médicas y creí que iban a dejar de pegarme. Estaba el subdirector médico, Xavier Martínez, acusado por torturas. Me levantaron del suelo y me dijo unas palabras que me quedaron muy incrustadas: ‘Hombre, tú eres el listillo de la pandilla, ¿no? Ahora listillo, llama a la consellera, llámala’. Coge una porra y me aporrea”, relata Solís a DIAGONAL.

Lo primero que llama la atención son los nueve años que han pasado desde lo sucedido. Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, considera que “en los casos de tortura y malos tratos la lentitud judicial es mayor y habría que destacar dos causas: las trabas de la Administración penitenciaria o policial y la falta de interés de los tribunales a la hora de investigar estos casos”. Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, añade que “un juicio de estas características que se celebra a los nueve años de haberse producido los gravísimos hechos llega demasiado tarde y deja muchas personas y muchas cosas fuera del proceso. Hay presos que ya no están –por motivos diversos: muertes, libertades, imposibilidad de localización– y funcionarios bajo sospecha desde el principio que han ido quedando fuera también. Así y todo, la lucha contra la impunidad en este tipo de sucesos es importante y en este sentido es un logro haber llegado hasta aquí”. Carlos Hernández de Salakheta-Bizkaia coincide con Rivera y afirma que “la justicia siempre es más lenta cuando se denuncia al Estado. A pesar de esto, hay que valorar que el juicio sirve para denunciar las irregularidades y el caos que se produjeron tras el motín. Vinieron 200 funcionarios de prisiones esa noche, sin permiso, desobedeciendo órdenes superiores y sabemos por qué vinieron, se torturó como mínimo a 28 personas”.

Lavado de cara

Solís es libertario y al preguntarle acerca de la justicia, la del Estado, afirma “no creer en ella. Yo creo en las conquistas, no en el derecho. Este juicio puede dar pie a un populismo punitivo, puede ser como un caramelo para la jueza y al mismo tiempo servir para demostrar que el Estado funciona, cuando ahora mismo están torturando”, y lo recalca: “Ahora mismo. Aunque los acusados sean condenados, después pueden salir indultados. Me importa más que se haga visible el problema de las prisiones en la calle, que la gente y los colectivos antirrepresivos tomen consciencia”. Del Cura advierte de la posibilidad de que “cuando se asiste a un juicio por estos delitos se tiene la sensación de estar asistiendo a una mascarada o, lo que es peor, a una justificación de la actuación policial o carcelaria cuando la sentencia dictamina que la actuación fue correcta”. Y coincide con Solís en cuanto al factor clave para poner fin a las torturas: “Será la sociedad civil la que podrá dar pasos en esta dirección, pero para ello es necesario que se conozca la realidad. La prevención y erradicación de la tortura pasan, siempre, por su conocimiento, y el juicio oral es una, no la única, forma de visibilizar lo ocurrido”. “Por ahora –comenta Hernández–, el juicio está siendo bastante favorable a los intereses de los presos. La jueza no ha permitido la estrategia de la defensa de decir que todo era un montaje y se está viendo que fue un caos”.

Seis de los acusados son representados por UGT Presons. Solís apunta que “los funcionarios de las cárceles son tecnócratas que controlan muy bien el tema del dominio y del castigo. En la tele te venden que votas y que eliges, pero esta gente va de una Administración a la otra, independientemente de que haya un tripartito, CiU o el PSC. Los Valdivieso [por el funcionario de prisiones José Valdivieso] o los García Clavel [por el exdirector general de Serveis Peniten­ciaris de Catalunya] siempre han estado gobernando las prisiones, junto con CC OO, UGT y Catac. Estos tres sindicatos estaban en la acusación en el primer juicio de Quatre Camins que nos hicieron a los presos [la sección sindical de Catac en Quatre Camins abandonó el sindicato un año antes del motín. para integrarse en UGT, N. del E]. Rivera lamenta cómo “desde la web de UGT Presons nos dedican todo tipo de insultos, a los presos y a mí mismo, descalificando el trabajo de denuncias hecho por el Observatori, afirmando que lo hacemos para ‘lucrarnos’, una burda difamación que indica a las claras el talante de un sector del funcionariado de prisiones”.