FRONTERAS: ACUSADO EL DELEGADO DEL GOBIERNO DE CEUTA EN LA ÉPOCA AZNAR
Juicio a las expulsiones ilegales de menores

Diez años después de que tres policías locales de Ceuta denunciaran las repatriaciones sumarias de menores inmigrantes, el ex delegado del Gobierno y el ex consejero de Presidencia en Ceuta han sido juzgados por prevaricación y detención ilegal.

21/02/08 · 0:00
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El pasado 5, 6 y 11 de febrero fueron
juzgados dos de las máximas autoridades
en Ceuta durante años: el ex
delegado de Gobierno, Luis Vicente
Moro, designado a dedo para el cargo
por Aznar, y el ex consejero de
presidencia, Antonio Francia. La Sección
VI de la Audiencia Provincial
de Cádiz, con sede en Ceuta, vio, diez
años después de la primera denuncia,
las acusaciones de prevaricación
y detención ilegal de menores contra
ambos miembros del PP. La acusación
popular, que ejercen la Asociación
Pro Derechos Humanos de
Andalucía (APDHA) y otras entidades,
pide penas de seis años de cárcel
y 22 de inhabilitación para ambos.
En noviembre de 1998, tres policías
locales denunciaron públicamente
la expulsión ilegal y el maltrato
de menores marroquíes. Saltó
entonces a la opinión pública la existencia
de un fenómeno hasta ahora
oculto: “los niños de la calle” en
Ceuta y la violación de los derechos
humanos por parte de las autoridades
tanto de la administración central
como autonómica. Juan Luis
Ramos, Manuel Navia y Antonio
Espinosa denunciaron que los dos
ahora acusados autorizaban expulsiones
ilegales de menores inmigrantes
no acompañados a Marruecos
sin ningún tipo de garantía jurídica.

Aportaron fotos y documentos
que demostraban los abusos de la
policía local y de un grupo parapolicial
llamado agentes de atención directa.
Este grupo, conocido entre las
ONG como ‘la triple A’, estaba formado
por empleados de una empresa
municipal (Procesa) que no eran
policías, pero que “se uniformaban
de forma idéntica”. Tras presentar la
denuncia, los agentes fueron suspendidos
de empleo y sueldo durante
cinco meses.

Repatriaciones a la fuerza

Según el diario El Sur, en la vista oral
Navia y Ramos aseguraron que trasladaban
a los menores directamente
a territorio marroquí sin pasar por la
comisaría de la Policía Nacional, de
noche y en una furgoneta que de día
servía para el transporte de verduras
y pescados decomisados. El agente
Antonio Sedik, antiguo responsable
de ese furgón del 092, y otros policías
afirmaron que expulsaban en menos
de 20 minutos a los menores.
Sedik aseguró que en el traslado se
mezclaban a mayores y menores de
edad. Por su parte, Navia afirmó haber
visto cómo en una comisaría marroquí
echaban cubos de agua y golpeaban
a los niños tras apearlos del
furgón. Según Ramos, jamás entregaron
a los inmigrantes en la frontera
y explicó que se limitaban a rellenar
los datos de filiación, sin formalizar
un expediente administrativo en
cada uno de los 2.000 casos que el informe
fiscal registró en 1998.

Los denunciantes afirmaron que
cumplían instrucciones de sus mandos,
la Comunidad y la Delegación
de Gobierno. Según ha declarado a
DIAGONAL Juan Domingo Valderrama,
letrado de la APDHA, el superintendente
de la policía local Ángel
Gómez dijo no recordar los detalles
de los traslados, pero creía que
“se les detenía en la calle y llevaba
con sus familias, aunque nunca tuvo
constancia de ello personalmente”. Y
aseguró que estas órdenes “provenían
de la Delegación de Gobierno”.

Por su parte, Vicente Moro acusó a
la policía local de “hacer lo que le daba
la gana”. Según el abogado de la
APDHA, en el juicio ambos acusados
“se echaban la culpa mutuamente”.
La Fiscalía ha pedido la absolución
para Moro y Francia por considerar
que éstos interpretaron “erróneamente”
el protocolo de actuación,
petición a la que se sumaron las defensas.

Está previsto que la
Audiencia dicte sentencia en 15 días.
Valderrama considera “un éxito el
mero hecho de sentar a Moro en el
banquillo” y critica la actitud de la
fiscalía “que desde el principio miraba
hacia otro lado cuando se denunciaban
expulsiones ilegales”. La fiscalía
además “obstaculizó la presentación
de la querella” de la APDHA y
otras organizaciones en enero del ‘99
y les impuso una multa de 24.000 euros,
una de las fianzas más altas impuesta
a una acusación popular.

Un hecho ilustra el interés que
Moro tenía en que el asunto no llegara
a los tribunales. Cuando el Juzgado
de Ceuta sobreseyó el caso, la
APDHA recurrió ante la Audiencia
de Cádiz, presidida por Fernando
Tesón, que estimó el recurso. El Delegado
intentó vincular a Tesón con
el narcotráfico. El pasado septiembre
la Audiencia Provincial de Cádiz
condenó a Moro a dos años de cárcel
y 12 de inhabilitación por prevaricación,
calumnias, revelación de secretos
oficiales y atentado contra la independencia
del poder judicial.

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