Los 55 encausados se habían despedido a finales de julio con un plante y un ayuno para respaldar una serie de peticiones a las que, ahora, nuevamente, el tribunal ha contestado negativamente. En noviembre próximo se cumple un año desde que se iniciara este macrojuicio y, entre otras solicitudes, las personas procesadas demandaban en ese escrito que se les dispensara de acudir a la vista oral en las sesiones en las que no se tratara directamente sobre su pieza (ante su amplitud, el sumario ha sido dividido en diferentes piezas), que se permitiera asimismo la no asistencia de las madres y padres con hijas e hijos
pequeños a su cargo y de los procesados que tienen algún tipo de enfermedad.

No es extraño que frecuentemente
se vea a los procesados con una
pancarta en la entrada de la
Audiencia Nacional (AN) solicitando
la paralización de este juicio y de
los otros programados para los siguientes
meses (Gestoras-Askatasuna,
Herrikos HB, Udabiltza y
Euskaldunon Egunkaria). Ya en junio,
el tribunal amonestó y apercibió
a los encausados con aplicarles
castigo de cárcel si repetían en un
futuro el plante realizado para conseguir
las mencionadas exigencias.
Semana tras semana las procesadas
y procesados recorren 450 kilómetros
para arriba y otros 450 para
abajo, desde sus casas a Madrid;
cuentan con tres días menos de trabajo
remunerado (algunos han perdido
su trabajo o han tenido que solicitar
excedencia); permanecen ese
tiempo fuera de su ámbito familiar y
social (también apartados de la labor
política, al parecer uno de los principales
objetivos que se persigue); encarados
con un tenso y autoritario
tribunal y una fiscalía que distorsiona
las ideas y la militancia libre, convertidos
en verdaderos “rehenes”...

Todo ello supone un desgaste en la
salud de los encausados, un desgaste
que ya ha causado la muerte de uno
de ellos, Jokin Gorostidi (procesado
también en el histórico juicio de
Burgos de 1970).
Esto es ignorado en los grandes
medios de comunicación estatales y
el seguimiento del juicio ha desaparecido
de sus páginas, casualmente
desde el día mismo en que empezaron
a declarar los miembros de la
Fundación Joxemi Zumalabe que están
acusados en la pieza de desobediencia
civil. A El País no le interesaba
empezar a matizar acusaciones
de escándalo, más evidentes aún en
este caso, y que pudieran cuestionar
el macrojuicio.

Como testigos de la defensa han
pasado en los últimos meses alrededor
de 150 personas de perfiles bien
diferentes, agentes sociales de los
distintos movimientos, políticos y militantes
de sindicatos y fuerzas de izquierda
de distintos puntos de Europa,
catedráticos...

Los peritos son policías

El juicio ha entrado, en septiembre,
en otra perspectiva. Ahora les toca a
los peritos de uno y otro lado cotejar
los informes presentados. Pero no
son peritos cualquiera los de la acusación:
son policías y guardias civiles
de los servicios de Inteligencia. Es
decir, son arte y parte. Han intervenido
en las detenciones, seguimientos
y diligencias de las personas que están
siendo juzgadas. No son neutrales,
por tanto. Es por ello que los abogados
de la defensa trataron de recusar
a los agentes policiales en su calidad
de peritos, ya que existen sentencias
que cuestionan que pueda
calificarse de peritajes sus diligencias
e informes. Pero el tribunal no
admitió la protesta de los abogados a
pesar de que éstos mostraron recientes
sentencias del Tribunal Supremo
y de la propia AN (una de ellas firmada
incluso por la propia presidenta
del tribunal, Ángela Murillo). En
una sentencio del pasado mayo, el
Supremo rechazó que los agentes
policiales que tengan que declarar
en un juicio como autores de informes
de Inteligencia lo puedan hacer
a la vez como peritos, y que tampoco
esos informes policiales puedan ser
calificados como periciales.

Pero una vez más, el tribunal hizo
suyas las argumentaciones de la fiscalía
y, contradiciendo sus anteriores
sentencias, ha permitido que en el
juicio los expertos policiales en materia
de terrorismo participen como
peritos del fiscal. Así, una docena de
guardias civiles, entre ellos cuatro
comandantes, han intervenido respaldando
los informes del fiscal a lo
largo del mes de septiembre. Sentados
en círculo delante de los procesados,
todos juntos, se turnan en el
uso de la palabra, complementándose
unos a otros en la interpretación
de los informes policiales. Unos informes
que parten de materiales y
documentos recogidos algunos de
ellos hace una treintena de años.

Esta presencia colectiva también
fue cuestionada por la defensa, pero
las nuevas objeciones de fondo y forma
planteadas también fueron rechazadas
tras un receso del Tribunal.
Igualmente fue rechazada la impugnación
de la defensa que sostenía que
“no existe cauce procesal para que
comparezca en este trámite” ante la
incorporación de un nuevo “perito”
de la Guardia Civil, que no había asistido
a las sesiones anteriores. La defensa
denunció “la vulneración del
derecho a la defensa y del derecho a
un juicio con todas las garantías”.

Respecto a los informes, en gran
parte son esperpénticos. Toda la disidencia
que se ha movido en los últimos
25-30 años en Euskal Herria está
directa o indirectamente a las órdenes
de ETA. Mezclan intencionadamente
textos de boletines internos
de ETA con semanarios y publicaciones
de curso legal; se utilizan artículos,
informes, propuestas y documentos
firmados por una persona
para adjudicárselos a ETA. Para estos
“peritos”, intervenir en los movimientos
sociales no sumisos, hacer
militancia política y social para cambiar
la sociedad, mantener posiciones
alternativas al sistema o escribir
lo que se piensa en los medios no oficiales
responde, todo ello, a la iniciativa
de ETA.

Tras los guardias civiles les tocará
el turno en octubre a los miembros
del servicio de Inteligencia de la
Policía Nacional.