El 20 de julio tuvieron que ir a declarar
a la comisaría de Venecia
Max Gallob, Michele G., Luca Casarini
y Michele L., cuatro destacados
activistas de los centros sociales
Rivolta, Pedro y Chioggia
Lab del noreste italiano. Los interrogatorios
forman parte de una
investigación policial dirigida por
el juez instructor Luca Marini en
torno a los sabotajes, calificados
como “atentados”, producidos en
julio de 2004 contra las sedes de I
Lagunari (Los Lagunarios), una
asociación dedicada a la captación
de soldados para luchar en
Iraq y la Computer Science Corporation,
empresa implicada en
la logística de la guerra en Iraq.

Una semana antes de estas
comparecencias, la Digos (policía
política italiana) les había detenido
durante unas horas, había registrado
sus casas y confiscado
los discos duros de sus respectivos
ordenadores.

El artículo del código penal al
que hacen referencia las investigaciones
es el 280 bis, aprobado
en el año 2003 en plena campaña
de lucha global contra el terrorismo.
Se trata por tanto de una investigación
con una acusación
muy grave: atentado con finalidad
terrorista.

Uno de los acusados comentó
a la salida del interrogatorio:
“Hemos sido investigados por terrorismo
en base a indicios. La
acusación nace de nuestra actividad
de investigación, vía
Internet, sobre empresas, multinacionales,
etc., implicadas en la
guerra. (...) La conclusión de todo
esto es que hoy por hoy cualquier
actividad de investigación
o información es utilizada de
modo incriminatorio -sobre todo
la de los activistas contra la guerra-
y vinculada al terrorismo
por una lógica terrible: la justificación
de la guerra”.

En un comunicado conjunto de
diferentes movimientos sociales
del noreste de Italia se denuncia
que “asistimos a la reproducción
constante de las medidas represivas:
aproximadamente ocho mil
en toda Italia entre denuncias, registros,
procesos judiciales y condenas
por “crímenes” relacionados
con las movilizaciones contra la
guerra, contra el neolibelarismo y
los CPT [centros de internamiento
de inmigrantes]”.

Añaden que en el caso de los
cuatro activistas interrogados,
“las pruebas no existen y se construyen
valiéndose de mensajes,
flujos comunicativos o accesos a
la página web; se trata de un mecanismo
de acusación a lo
Minority Report”. Y denuncian
que el encargado de materializar
estos registros, el magistrado
Luca Marini, es “muy conocido
por su insistencia en reprimir a
los protagonistas de la lucha por
el derecho a la vivienda en
Venecia”. Añaden que “después
de los atentados de Londres, terroristas
son todas las medidas
que pretenden dar respuesta a la
esquizofrenia de las masacres y
de la guerra a través de la restricción
de las libertades personales
y del derecho al disenso y a la desobediencia.
(...) Si quienes orquestan
y gestionan todo esto
piensan que sera posible detener
los movimientos y el derecho al
disenso, estan equivocadísimos”.