La huelga de hambre secundada por 15.000 presos hasta el pasado 5 de octubre saca a relucir las terribles condiciones carcelarias, los excesivos tiempos de detención preventiva y las torturas sufridas por los reclusos.
Texto de Carlos Rodríguez (Buenos Aires)
- DERECHOS DE LOS RECLUSOS. La superpoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires se agravó con la aprobación de
una ley que restringe las condiciones de excarcelación para delitos menores. // Olmo Calvo
La cruda realidad de las condiciones
de vida en las cárceles argentinas fue
puesta sobre el tapete por la huelga
de hambre que por quince días realizaron
unos 15.000 presos, tanto en
las 29 cárceles federales que dependen
del Gobierno central como en
los 18 penales que funcionan en la
provincia de Buenos Aires. Los problemas
más graves se viven en las
unidades bonaerenses, donde 25.000
presos están hacinados en establecimientos
que sólo tienen capacidad
para unos 15.000 internos. En las prisiones
federales, el número de detenidos
llega a los 9.000 y en ellas se
observa una notoria falta de equilibrio:
en algunas hay plazas de sobra
y en otras, como en la penitenciaría
de la norteña provincia de Salta, la
superpoblación llega al 217%.
En esa alcaidía salteña hay un retrete
cada 27 internos, una ducha cada
27 presos y un lavatorio cada 18,
según un informe elaborado este año
por el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), un organismo no
gubernamental que ha llevado a la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) la situación
por la que atraviesan los presos argentinos.
La huelga de hambre se hizo
para reclamar la aplicación de las
normas internacionales, a las que está
adherido el Gobierno argentino,
que determinan que ninguna persona
puede estar presa más de dos
años sin condena firme.
En Argentina, entre el 75% y el
80% de los presos está procesado,
con prisión preventiva, o con condenas
de primera instancia que no han
sido confirmadas por la Justicia. Se
estima que un alto porcentaje de los
procesados podría quedar en libertad
por falta de mérito o por haber
cumplido la condena cuando llegue
el momento de la sentencia definitiva.
“Hay detenidos que están desde
hace tres, cuatro y hasta seis años
con prisión preventiva, cuando podrían
ser declarados inocentes cuando
vayan a juicio oral o en todo caso
condenados por menos años de los
que ya llevan en prisión”, afirmó la
abogada Florencia Arieto, de la ONG
Arde la Ciudad, que asistió a los presos
en huelga de hambre.
La superpoblación carcelaria en la
provincia de Buenos Aires se agravó
tras la sanción de la ley 12.405, en
marzo de 2000, que restringió las
condiciones de excarcelación para
delitos menores. Esta norma fue impulsada
por el ex gobernador Carlos
Ruckauf, mentor de la llamada “mano
dura”. En 2000, los detenidos en
Buenos Aires eran 18.212, en 2001
se llegó a 22.075 y un año más tarde
a 24.249, de acuerdo con el informe
del CELS. En los años siguientes las
cifras continuaron subiendo, aunque
no de una manera tan rotunda.
Sólo en el período que fue de marzo
de 2000 a septiembre de 2002 “se
registraron 1.515 casos de tortura”,
según precisó el CELS citando como
fuente a la Defensoría de Casación
de la provincia de Buenos Aires.
“Entre la gran cantidad de modalidades
y tratos aberrantes contra la dignidad
humana desplegados contra
los internos pueden enumerarse
maltratos físicos y psicológicos que
incluyen golpes de puño, patadas,
bastonazos y culatazos, quemaduras
de cigarrillo, uso de gas paralizante
en el rostro, a lo que debe añadírsele
el uso de picana eléctrica y el llamado
‘submarino seco”.
Hay dos clases de ‘submarino’, el
‘mojado’, que consiste en introducir
la cabeza de la víctima en un cubo
con agua, y el ‘seco’, que es cuando
se cubre la cabeza del preso con
una bolsa de plástico para provocarle
asfixia. Esas dos prácticas fueron
utilizadas en centros clandestinos
de detención, durante la dictadura
militar argentina que ocupó el
poder entre 1976 y 1983.
“Las cárceles de la Nación serán
sanas y limpias para seguridad y no
para castigo de los reos detenidos en
ellas, y toda medida que a pretexto
de precaución conduzca a mortificarlos
(...) hará responsable al juez
que lo autorice”. El artículo 18 de la
Constitución argentina mantiene su
texto sin variantes desde 1853. También
sin variantes, el artículo es violado
en todas las cárceles del país.
LA JUSTICIA NO PERDONA A LOS POBRES
Entre los miles de presos
en huelga de hambre destacó
uno que llevó la voz
cantante, en nombre de
todos. Daniel Agustín
Cabrera, de 42 años y
conocido como 'Tractorcito',
es un ladrón de bancos
que dice «tener códigos»
que lo llevan a asegurar
que nunca robaría a una
anciana. Es el ladrón más
famoso de Argentina, porque
sólo roba bancos «que
luego cobran el seguro», sin
hacer un disparo.
También alcanzó popularidad
por sus fugas. Una
vez huyó, haciéndose pasar
por abogado, de una de las
cárceles más grandes del
país, y después se escapó
del Departamento Central
de la Policía Federal. Está
preso por robo a mano
armada reiterado. El delito
tiene un máximo de 15
años y hay quienes creen
que, por ser reincidente,
podría ser condenado a 25
años, que es el máximo por
homicidio simple, un delito
que Cabrera nunca cometió.
Le dieron 33 años, una
condena excesiva para los
cargos que se le imputan.
Cabrera explicó las razones
por las que se adhirió a
la huelga de hambre: «Si
me daban 25 años era un
exceso. ¿Qué puedo decir
de los 33 años que me
aplicaron? Estoy seguro de
que la condena va a ser
reducida por el Tribunal de
Casación. Si ese recurso es
favorable, ya tengo computados
13 años y nueve
meses de cárcel. Si me dan
25 años, podría tener salidas
transitorias para trabajar
y estudiar derecho».
Tractorcito cayó preso por
primera vez a los 13 años,
en una localidad de la provincia
de Buenos Aires en
la que era amo y señor el
hoy comisario retirado Luis
Abelardo Patti, denunciado
varias veces como torturador.
«A mí me hizo de goma
[me torturó] y después me
dijo que le contara a la
jueza del caso que me
había 'atendido' el comisario
Patti». El comisario fue
intendente de Escobar, en
el norte del Gran Buenos
Aires, y ahora es diputado
nacional, pero sus pares
quieren expulsarlo por sus
antecedentes.
«Acá [en prisión] hay chicos
que están desde hace
más de dos años y hasta
cuatro o cinco, sin condena,
sólo con prisión preventiva.
Hay muchos que van a
ser declarados inocentes.
¿Quién les paga lo que
están pasando? En Argentina,
la Justicia es como una
víbora: sólo muerde a los
que están descalzos. Hay
una Justicia para pobres y
otra para ricos». Cabrera
hizo alusión a un caso de
excarcelación reciente de
un juez acusado de haber
matado a su hija.
«Al juez, que cometió un
crimen muy grave, lo dejaron
en libertad porque es o
era juez. Los presos comunes,
como nosotros, no
tenemos posibilidad de
nada. Yo cumplí con mi
condena, pero a mí no me
van a perdonar porque soy
un ladrón de bancos. No
importa que jure y rejure
que quiero otra vida para
mí, para mi mujer y para mi
hijo. A nadie le importa que
haya estudiado en la cárcel
con gran esfuerzo y que
ahora quiera seguir la carrera
de abogacía. La reinserción
social de los internos
debería ser una obligación
ineludible del Estado, pero
las cárceles se han convertido
en un ámbito propicio
para la violación de los derechos
más elementales de
los presos y sus familias».
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