EL PRINCIPIO DE ‘NO DISCRIMINACIÓN’, que rige la legislación internacional en
materia de derechos humanos, no se está cumpliendo.

El trabajo realizado en el último año
por Amnistía Internacional (AI) y la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR) para recoger experiencias
y analizar los casos detectados
refleja en sendos informes que el
cumplimiento efectivo del principio
de ‘no discriminación’, incorporado
en el artículo 17.1 de la Ley y que rige
toda la legislación internacional
en materia de derechos humanos, no
se está garantizando. Los testimonios
recogidos ponen de manifiesto
cómo, en la práctica, son múltiples
los obstáculos que las mujeres extranjeras
indocumentadas encuentran
a la hora de acceder a los procedimientos
de denuncia, protección
efectiva y obtención de justicia, al
igual que en el acceso a recursos
especializados, como centros de
acogida de larga estancia o ayudas
económicas específicas, fundamentales
para romper la relación de dependencia
con el agresor.

Para estas organizaciones, resulta
especialmente alarmante la aprobación
por el Ministerio del Interior de
la Instrucción 14/2005 sobre la actuación
de dependencias policiales en
relación con mujeres extranjeras
víctimas de violencia doméstica o de
género en situación administrativa
irregular. Después de informar y
atender a la víctima como exige el
protocolo, los agentes deben averiguar
su situación administrativa e
iniciar procedimientos que pueden
conllevar desde sanciones hasta expedientes
de expulsión. De esta forma,
según AI, el Estado español está
subordinando los derechos humanos
de estas mujeres a las políticas
de control migratorio, aumentando
así su desprotección.

Más invisibles y vulnerables

La gravedad de los hechos denunciados
está determinada por la situación
especialmente vulnerable
en la que se encuentran estas mujeres
ante la violencia: la ausencia de
redes de apoyo (familiar, social), la
percepción de las fuerzas de seguridad
como amenaza, la dependencia
económica por carecer de permiso
de trabajo... agudizan su situación
de aislamiento e indefensión.
Según los profesionales, resulta
habitual que los propios agresores
utilicen, para mantener la dependencia
de la víctima, la amenaza
del procedimiento de expulsión
que puede acarrear la denuncia.

Un 30% de las mujeres asesinadas
en 2005 eran extranjeras. Según AI
“sería importante conocer cuántas
de estas mujeres se encontraban en
una situación de ‘irregularidad administrativa’
y si esta circunstancia incrementó
su exposición a la violencia”.
Piden para ello información en
función de la situación administrativa
de las víctimas de este tipo de delitos
violentos y de las actuaciones policiales
y judiciales al respecto.

Visibilizar este colectivo y su problemática
específica es esencial para
promover medidas eficaces, y también
para impedir la manipulación
de los datos, cuando se insiste en relacionar
violencia de género con inmigración,
recurriendo a las estadísticas
pero sin atender ni profundizar
en estos factores de desprotección.