POR LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES. Miles de personas se manifestaron en Madrid el 24 de abril de 2005. / Olmo Calvo

El caso de M., residente en el Estado
español desde 2004 y que pide el
anonimato, ilustra el doble rasero
gubernamental respeto de la población
inmigrante, en concreto en lo
relativo a la violencia de género. Según
Amnistía Internacional (AI), esta
desigualdad afecta especialmente
a las inmigrantes ‘sin papeles’ y a
las que obtuvieron el permiso de residencia
por reagrupación familiar
con un marido que resultó ser un
maltratador. El miedo a la expulsión
les impide denunciar y propicia
la impunidad del agresor. Según
el informe Más riesgos y menos protección,
que AI presentó en Madrid
el 23 de noviembre, las inmigrantes
tienen seis veces más riesgo que las
autóctonas de ser asesinadas por
sus parejas, especialmente si están
indocumentadas. Una realidad alarmante
si se tiene en cuenta que más
del 35% de los casos de maltrato en
el primer trimestre de 2007 han sido
contra extranjeras. Desde 2005
AI viene denunciando la existencia
de una instrucción del Ministerio de
Interior para que la policía curse
sanciones u órdenes de expulsión
contra las ‘sin papeles’ incluso
cuando van a denunciar maltrato.
También critica la falta de especialización
en los recursos de atención
en violencia y de acceso a la autonomía
económica para las inmigrantes,
esencial para romper con una
relación de violencia.
La noche del 2 de octubre, M. fue
a la comisaría de Villaverde a denunciar
a su marido, F.C., del que
se había separado porque la sometía
a violencia física, psicológica y
económica -se niega a pagar la manutención
de los hijos de ambos,
que viven en Bolivia-. M. presentó
un parte de lesiones del Servicio
de Urgencias Médicas de Madrid y
se le asignó un abogado de oficio,
C. Delgado. Al día siguiente, M. volvió
a comisaría para denunciar un
robo en su domicilio. La policía, al
comprobar que estaba en situación
irregular, la detuvo e inició un procedimiento
de expulsión, pese a conocer
la denuncia por malos tratos,
internándola en el Centro de Internamiento
de Extranjeros (CIE) de
Madrid. M. pasó 31 días encerrada
en el CIE. Finalmente, su decidida
oposición a subirse al avión y el apoyo
de diversas organizaciones consiguieron
frenar su expulsión el 12
de noviembre.

Al quedar libre, M. se encontró
de nuevo sin protección: por haber
estado detenida en el CIE, no pudo
asistir a las vistas orales en el juzgado
de Violencia de Género número
5 de Madrid en las que su abogado
había iniciado un procedimiento
abreviado por violencia de género y
solicitado una orden de protección -que incluye el alejamiento de la ex
pareja-. En la primera vista, el 3 de
octubre, tampoco pudo avisar a su
abogado, que se enteró de su situación
cuando la familia de M. contactó
con él. En la segunda, el 29 de octubre,
el abogado no solicitó la protección
ante la probabilidad de que
su defendida fuera expulsada. El 20
de noviembre, M. y representantes
de diversas organizaciones solidarias
se reunieron con Pilar
Alvarado, directora del Área de
Violencia de Género de la
Delegación de Gobierno en Madrid,
que le aseguró que su orden de expulsión
queda suspendida hasta que
se celebre el juicio por malos tratos.
Al cierre de esta edición, M. había
vuelto a solicitar una orden de protección
ante el mismo juzgado, ya
que su ex pareja sigue acosándola.

“No vayas a denunciar”

Según María Naredo, autora del informe
de AI, las inmigrantes se encuentran
con falta de especialización
e información en derechos en
los recursos de atención en violencia
de género. Tienen que presentar
denuncia para acreditar la condición
de víctima de violencia, lo que
supone una barrera para las ‘sin papeles’
y, en caso de que denuncien y
logren que se condene al agresor,
sólo reciben un permiso de residencia
que no las autoriza a trabajar, lo
que merma sus posibilidades de autonomía
económica y recuperación.

No obstante, el obstáculo más grave
sigue siendo la instrucción 14/2005
sobre actuación en dependencias
policiales con las extranjeras víctimas
de violencia doméstica o de género
en situación irregular, que Interior
aprobó en julio de 2005 en el
marco del desarrollo de la Ley de
Violencia de Género. Ésta instrucción
ordena a la policía que, tras
brindar la atención relativa a la
agresión, averigüen la situación administrativa
de la denunciante y, en
caso de que sea irregular, cursen la
sanción o el expediente de expulsión
según proceda. Eso sí, se las
debe informar -M. afirma que en su
caso no lo hicieron- de las vías para
frenar la expulsión y de que pueden
acogerse a una regularización por
motivos extraordinarios alegando
que han sufrido violencia. Según AI,
las regularizaciones por este motivo
son escasas, aunque sólo tienen información
de algunas comunidades
autónomas, ya que la Secretaría de
Estado de Seguridad no les ha facilitado
estos datos. En su informe
Inmigrantes indocumentadas: ¿hasta
cuándo sin protección frente a la
violencia de género? de 2005, AI ya
denunciaba que “el Estado incumple
sus obligaciones y contribuye a
discriminar a las [inmigrantes] que
están en situación irregular”.
Según María Naredo, AI no tiene
constancia de expulsiones derivadas
de denuncias por violencia de
género, por lo que “la norma no se
aplica o los expedientes se dejan caducar.
Pero está vigente y es un ataque
al deber del Estado de proteger
los derechos de todas las mujeres.

Les dice: no vayas a denunciar, te
arriesgas a ser expulsada”. Aunque
no siempre se aplique a rajatabla,
en casos como el de M. prima el
cumplimiento de la 14/2005. Diego
Lorente de SOS Racismo, explica
que “antes había un acuerdo tácito
para no detener a la mujer. Si se asesora
con organizaciones feministas
es difícil que la expulsen. Pero no
nos vale ese acuerdo, porque la ley
está ahí, lanza el mensaje a las inmigrantes
de que no denuncien. Es
una restricción del derecho a la tutela
judicial y una limitación al acceso
a recursos de ayuda contra la violencia
de género”.

“La Ley
fracasa”

Según Consuelo Abril, presidenta
de la Comisión de
Investigación sobre Malos
Tratos a Mujeres, las inmigrantes
en situación irregular
viven “una doble discriminación.
La violencia de género
es un delito perseguible de
oficio y el Estado debe dar la
máxima protección frente a
este tipo de delitos. Teniendo
en cuenta que un porcentaje
significativo de los casos de
maltrato afectan a extranjeras,
el Gobierno debería brindarles
protección, si no la Ley
está fracasando. Estamos
excluyéndolas de la Ley”.