LIBERTADES: CONTINÚA EL JUICIO CONTRA GESTORAS PRO AMNISTÍA
Un informe señala los riesgos de denunciar malos tratos

Cerca de medio centenar
de organizaciones de defensa
de los derechos
humanos han hecho públicos
numerosos casos
de obstrucción, descalificación
y criminalización
de las actividades de
denuncia de las torturas.

, Redacción
15/05/08 · 0:00
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Hay una “realidad poco conocida
en el Estado español: las dificultades
y riesgos de la labor de defensor
de derechos humanos, sobre todo
en aquellos ámbitos que tienen
que ver con la denuncia de maltratos
y torturas. A día de hoy, se registran
un número más que considerable
de casos de descalificación,
obstrucción y criminalización”. Así
de contundente empieza el informe
que acaba de hacer público la
Coordinadora para la Prevención
de la Tortura.

Formada por 44 organizaciones
sociales, profesionales y universitarias
del Estado español, de procedencia
muy diversa pero con una
acreditada trayectoria, la Coordinadora
ha querido hacer sonar la voz
de alarma recopilando casos que se
han producido durante los últimos
diez años. “Hemos considerado que
por su volumen y gravedad era necesario
hacer pública esta realidad”.
Y eso que en el propio informe
reconoce que no ofrece más que
“una reducida realidad, la conocida
solamente a través de los casos de
los que hemos tenido información”.

Los más de 20 casos recogidos
van desde los insultos y descalificaciones,
hasta la interposición de acciones
judiciales, pasando siempre
por la obstaculización y a veces prohibición
para desarrollar las tareas
de los organismos señalados.
Así, uno de los casos reseñados
son las amenazas recibidas en 2000
por miembros de la Asociación
Contra la Tortura (ACT), que aparecieron
en un grupo de noticias público
de internet ligado a policías
nacionales y en las que se incluían
datos concretos y personales de los
miembros de la ACT. Las amenazas
se prolongaron posteriormente
con llamadas telefónicas. Otro de
los casos es la condena en 2006 por
el Supremo a la Coordinadora de
Barrios de Madrid y a los padres de
un menor al pago de más de 10.000
euros, en concepto de costas. El alto
tribunal había desestimado los
recursos que éstos había presentado
contra la absolución de cinco
empleados del Centro de Menores
Renasco y de la Comunidad de Madrid,
acusados de haber lesionado a
un menor. Y eso a pesar de que una
sentencia judicial reconocía que
uno de los acusados golpeó en el
ojo al joven, si bien el agresor no
pudo ser identificado.

Pero los episodios que más preocupan
a la Coordinadora son aquellos
en los que el denunciante pasa
a ser denunciado. Y más concretamente
“cuando la acusación penal
que pesa sobre los defensores de
derechos humanos es la de terrorismo.
Esta última categoría se presenta
como relativa novedad en expansión
en el caso del Estado español.
Se trata de un hecho de extrema
gravedad ya que se produce
un salto substancial en la criminalización”.

Aquí la Coordinadora cita
como caso más grave el juicio
que está teniendo lugar en la
Audiencia Nacional contra 27 personas
acusadas de terrorismo por
formar parte de Gestoras Pro
Amnistía y Askatasuna, dos organizaciones
vascas de apoyo a las y
los presos de la izquierda abertzale
y de denuncia de la represión (ver
DIAGONAL nº 77).

Y es que si hay algo que está quedando
claro en la vista oral por el
sumario 33/01 es que en el centro
están las denuncias de torturas.
Tras haber renunciado los acusados
en la primera sesión a la defensa
judicial, la vista quedó durante
unos días en manos de las acusaciones.

Éstas presentaron como
elementos incriminatorios los testimonios
obtenidos en dependencias
policiales de varias personas
acusadas de relación con la lucha
armada. En la sala los testigos volvieron
a afirmar que sus declaraciones
incriminatorias fueron dictadas
por la policía a lo largo de sesiones
de torturas. Días después,
cuando llegó el turno de los pocos
testigos presentados por las defensas,
los testimonios volvieron a girar
en torno a las torturas. Los relatos
de las violencias fueron estremecedores.
Quizás por eso la presidenta
del tribunal, hasta entonces
permisiva, empezó a limitar las declaraciones
de los testigos.

Cada vez
más casos


Según el Informe de la Coordinadora
para la Prevención de
la tortura, “son cada vez más
numerosos los casos en los
que, desde diversos estratos
de los poderes públicos y en
ocasiones sindicales, se
desarrollan estrategias de obstrucción,
descalificación y criminalización
de aquellos organismos,
ya sean sociales, ya
profesionales, de derechos humanos
dedicados a la tarea de
denunciar y hacer visible la lacra
de la tortura y otras formas
de violencia institucional”. Las
causas: “la nula voluntad de
reconocer la existencia de malos
tratos”. Los efectos: “en primer
lugar, la impunidad en la
que se asienta la tortura”.

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