TORTURAS: LAS DENUNCIAS AFECTAN A PRÁCTICAMENTE TODOS LOS CUERPOS POLICIALES
Un informe constata la persistencia de la tortura en el Estado español

610 personas denunciaron,
según organizaciones
de DD HH, haber
sufrido torturas o malos
tratos en 2006.

24/05/07 · 0:05
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El 12 de mayo, la Coordinadora
para la Prevención de la Tortura
(CPT), integrada por 44 organizaciones
del conjunto del Estado, presentó
en Santiago de Compostela
su informe sobre la tortura en el
Estado español durante 2006. Según
la CPT, las 4.196 denuncias recogidas
entre 2001 y 2006 en las que
están implicados todos los cuerpos
de policía son la constatación de la
persistencia de la práctica de tortura.
“Estaríamos hablando de casi
700 personas por año -casi dos al
día- lo que nos permite hablar de la
existencia de situaciones de tortura
y malos tratos de forma diaria, por
no decir cotidiana”.

El informe, la tercera investigación
anual de este tipo realizada por
estas organizaciones, recoge una
breve descripción de cada uno de
los 266 casos de torturas que han sido
denunciados a lo largo del año
pasado por 610 personas. Sin embargo
la propia CPT afirma que los
casos reales deben ser muchos más
puesto que, ante la opacidad que envuelve
estas prácticas, ignora el porcentaje
que representan las denuncias
conocidas respecto a los casos
realmente producidos. La CPT aclara
que las cifras de malos tratos con
las que trabaja han estado siempre
por debajo de las difundidas por
fuentes oficiales.
Los casos de torturas han sido recopilados
en base a los datos que
aportan los denunciantes, sus abogados
y las resoluciones judiciales,
y se completan además con los datos
que recogen directamente las 44
organizaciones que forman la CPT.

Las informaciones se complementan
también con los informes de
otras organizaciones de derechos
humanos y con los casos hechos públicos
por los medios de comunicación.
En todos los supuestos, los episodios
sólo se recogen en el informe
si han podido ser suficientemente
contrastados. También quedan excluidas
las denuncias cuando los
afectados así lo han solicitado.
En 2006, la mayoría de las denuncias
han provenido de Cataluña y
Galicia, con un incremento del 85%
y el 133% respectivamente de casos
en relación al año pasado. En opinión
de la CPT, esto no se debe tanto
a un aumento real de los casos
como a su mayor visibilidad y denuncia
en aquellos territorios en los
que se ha reforzado el tejido asociativo.

Así hay amplias partes del conjunto
del Estado -Ávila, Burgos,
Castellón, Ciudad Real, Guadalajara,
Huesca, Jaén, Logroño, Ourense,
Salamanca, Segovia, Soria, Teruel,
Toledo y Zamora- en las que
la CPT no tiene constancia de que
se hayan producido denuncias. Por
el contrario, dos tercios de los casos
recopilados se concentran en cuatro
zonas: Cataluña (23,4%),
Andalucía (22,6%), Madrid (11,7%)
y Euskal Herria (11,7%, aunque
aquí es de destacar el descenso del
número de denuncias). La invisibilidad
de la tortura no es sólo geográfica
sino que también es debida a
las características del colectivo humano
que las sufre. El caso extremo
de desconocimiento es el de colectivos
con escasa capacidad de denuncia,
como son los migrantes (y eso
que generaron un 18% de las denuncias)
y las personas presas, cuya
situación es además de especial
desprotección. Aunque la CPT concluye
que las torturas y malos tratos
afectan a todos los grupos sociales,
los colectivos que generaron más
denuncias han sido los sindicalistas
(13,4%) y las personas vinculadas a
movimientos sociales (30,5%).

Respecto al origen de las torturas,
como en años anteriores, la investigación
concluye que las denuncias
afectan a miembros de todas
las fuerzas públicas de seguridad.
La CPT llama la atención sobre el
aumento de más de un 25% de los
casos en los que están implicados
agentes de policías locales.
En su informe, la CPT también
hace un seguimiento de las denuncias
correspondientes a años anteriores,
recogiendo las novedades
sustanciales en los procesos judiciales.

Y concluye, un año más, que los
afectados tienen muchas dificultades
para obtener una tutela judicial
adecuada debido a la dilación de los
procesos y la investigación judicial
insuficiente. La CPT describe un camino
de obstáculos en los tribunales
que desemboca, cuando estos
llegan a iniciarse, en el archivo de la
mayoría de los procesos. El informe
recoge el bajo número de condenas
(sólo en un 7% de los procesos
estudiados), su frecuente levedad
y en cualquiera de los casos, la
amplia casuística de concesión de
indultos a los condenados.
La CPT también ha recopilado 63
muertes ocurridas en 2006 bajo custodia
(en dependencias policiales,
cárceles...). La mayor parte de los
fallecimientos se han producido en
centros penitenciarios (un 60% de
las muertes), en cuartelillos de la
Guardia Civil (17%) o en comisarías
de policías locales (13%).

Tirón de orejas internacional

Respecto a las reacciones al respecto
de organismos internacionales, la
CPT recuerda que el mes pasado se
hacía público el informe del actual
relator especial de la ONU, Manfred
Novak, en el que lamentaba la inaplicación
por parte del gobierno de
las recomendaciones que su antecesor
en el cargo, Theo van Boven, hiciera
tras su visita en 2003. De estas
recomendaciones -fin del régimen
de aislamiento penitenciario, del régimen
de detención incomunicada,
de la política de dispersión de presos
y el cambio hacia la correcta investigación
judicial de las denuncias-
el Estado español sólo ha
atendido su recomendación de firmar
y ratificar el Protocolo
Facultativo de la ONU contra la
Tortura. Pero recuerda la CPT que
la aplicación práctica de este
Protocolo por el Gobierno español
ya le enfrenta a las organizaciones
de DD HH.


¿Quién vigilará los centros de detención?

El Protocolo de la ONU contra
la Tortura ratificado en
abril de 2006 por el Gobierno
español obliga a sus firmantes
a crear un mecanismo
nacional de prevención
con capacidad para inspeccionar
los distintos centros
de detención. El plazo para
la creación de este mecanismo
termina el 12 de junio.
Numerosas organizaciones
de DD HH entienden que en
este organismo de vigilancia
es imprescindible la participación
directa de la sociedad
civil. Algunas entidades
han presentado a las administraciones
competentes
propuestas, entre ellas la
presentada por la CPT, o la
aprobada recientemente
como propuesta no de ley
en el Parlamento de Galicia.

Sin embargo, el Gobierno
español parece decantarse
por un mecanismo de prevención
bajo la órbita de la
Oficina del Defensor del
Pueblo. En opinión de
numerosas organizaciones
de DD HH, tal mecanismo
no tendría el carácter independiente
ni crítico y resultaría
ineficaz. Expresión de
esta discrepancia, el Síndic
de Greuges catalán (análogo
al Defensor del Pueblo) presentó
recientemente una
propuesta en la que reservaba
para su propio organismo
todas las competencias.

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