Si los “condenados de cuello blanco” tienen un alto porcentaje de indultos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no parecen irles a la zaga. Según el recuento realizado por la fundación Euskal Memoria, de 62 agentes condenados por torturar a ciudadanos vascos, 36 fueron luego indultados. De otros no se sabe si llegaron a cumplir la condena, puesto que en más de un caso se ha comprobado que funcionarios que debían estar inhabilitados seguían trabajando en otro puesto o incluso habían sido ascendidos.

“La mayoría de denuncias de malos tratos policiales se enfrentan a toda una carrera de obstáculos y a resistencias de todo tipo. Tan es así  que sólo un 1% de los casos llegan a juicio y, si llegan, suelen terminar en absolución por la imposible identificación de los responsables”, señala el abogado catalán Jaume Asens, quien recuerda, asimismo, que el Estado español es el cuarto del mundo con más condenas por violaciones del pacto de derechos civiles y políticos y uno de los pocos condenados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por falta de respuesta en un caso de torturas.

“Lo grave es que, en los pocos casos que hay condenas, es una práctica habitual que la impunidad se produzca por vía de un indulto”, señala. La denuncia de las torturas en España ha sido documentada abundantemente por Amnistía Internacional o en los informes anuales de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, contexto en el que resulta aún más preocupante que 200 jueces reconozcan, a propósito de su indulto, un “uso grosero y desviado de la institución”. Los cuatro mossos son sólo la punta del iceberg.